Donald Margarito Alvarenga Mendoza, el primer opositor condenado bajo la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua, no le tocará pasar siete años y medio en prisión sino que ahora serán 12 años, como consecuencia de una “rectificación” que realizó la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, titular del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega.
Alvarenga fue declarado culpable por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en perjuicio de la seguridad del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, el pasado 13 de enero, seis días después la jueza ordenó condenarlo a siete años y medio de cárcel.
Lea además: Donald Alvarenga, primer opositor condenado bajo la Ley de Ciberdelitos
No obstante, 24 horas después, el 19 de enero, según aparece en la cédula judicial de notificación a la que tuvo acceso LA PRENSA, la misma autoridad judicial decidió “rectificar” su fallo, argumentando que por un “Lapsus Calami”, al emitir la pena se aplicó la teoría del delito continuado, cuando lo procedente es, según explica, determinar el castigo según el concurso real entre ambos delitos.
“Es lo procedente y siendo una necesidad procesal enmendar el yerro, por tal razón y atendiendo a los Principios de Celeridad y Economía Procesal, Oralidad, Remedio y Subsanación (…) la suscrita jueza procede a rectificar la pena impuesta y por lo que se impone al ciudadano Acusado Donald Margarito Alvarenga Mendoza la pena principal de ocho años de prisión por el delito de Menoscabo a la integridad nacional (Conspiración) y por el delito de Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se le impone la pena principal de cuatro años de prisión y seiscientos cincuenta días multa, para un total de doce años de prisión“, se lee en la cédula de notificación judicial enviada al abogado defensor Norvin Cruz.
Alvarenga fue declarado culpable en un maratónico juicio que se extendió por más de 12 horas, en el que sirvieron como pruebas presentadas por la Fiscalía la participación de siete oficiales de la Policía en calidad de “testigos”, entre ellos el comisionado Ramón César Quintana, jefe de la Policía de Chichigalpa.
LA PRENSA trató de contactar al abogado Cruz, pero no fue posible localizarlo.
Ley ha sido descalificada
La Ley Especial de Ciberdelitos aplicada contra Alvarenga fue aprobada en el año 2020, en un combo de leyes que han sido calificadas a nivel nacional e internacional, como leyes represivas.
Actualmente el régimen tiene encarcelados a opositores que están siendo acusados con base en esta Ley.
El 27 de octubre de 2020, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron con 70 votos la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley 1042, que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan desde uno hasta 10 años de cárcel.
La “Ley Mordaza” establece de uno hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen los Ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.
En el Código Penal de Nicaragua, en el capítulo I “actos de traición” del título XVII “delitos contra la seguridad del Estado”, se encuentran los artículos 410 y 412. En el primero, titulado “menoscabo a la integridad nacional“, señala que es cuando “se realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo, en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano independiente”.
El acusado, según el Código, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período por el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua.
¿Es válido rectificar la condena?
Abogados de Acción Penal consultados por LA PRENSA coincidieron en destacar que en el caso de que existe un error material la Ley del Código Procesal Penal permite enmendarlo.
“Él inicialmente estaba acusado por dos delitos y en la sentencia que dictaron algunos días solo le pusieron la pena del delito relacionado a la Ley de Ciberdelitos, ahí fue un error material, la sentencia debió aplicar la pena de los dos delitos, fue un error del judicial y del secretario”, indicó uno de los juristas.
Otro abogado añadió que “los errores materiales pueden ocurrir, la ley establece que se puede subsanar hasta los defectos formales son sanables, si él fue acusado por los dos delitos y condenado, y fue que tuvieron un lapsus de imponer la pena de los delitos eso se puede rectificar, la Ley no lo prohíbe”.
Multa asciende a los 42 mil córdobas
En concepto de la pena de 650 días multa, el opositor según explica la cédula de notificación judicial deberá pagar C$42,867.50. El total, se sacó con base en lo establecido en el Artículo 64 de la Ley N° 641.
“En este acto la suscrita jueza debe fijar la pena de los días multa sobre la base del salario mínimo del Sector Industrial, conforme al Acta N° 1 de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, el cual señala es de C$5,936.34, por día, equivalente a C$197.8 por lo que sacándole la tercera parte, da un resultado de C$65.95 lo que debe multiplicarse por los días multa para el ciudadano acusado Alvarenga Mendoza; siendo que por la presente Resolución Jurisdiccional se le ha impuesto la pena de seiscientos cincuenta días multa y al realizar la operación correspondiente, da un resultado de C$42,867.50”, reza el documento judicial.
Los más de 42 mil córdobas deberán cancelarse dentro de los 30 días después de haber quedado firme la presente sentencia, y según se lee “será a beneficio del Establecimiento Penitenciario de Chinandega”.
Alvarenga, según denunciaron familiares, fue detenido desde el pasado 6 de noviembre de 2021. Finalmente la jueza Baca Cardoza aceptó la propuesta de la fiscal María Francis Pérez Mojica, quien por los dos delitos solicitó 12 años de prisión y seiscientos cincuenta días multa.