El opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, se convirtió en el primer opositor nicaragüense en ser condenado bajo la cuestionada Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz en Nicaragua. La jueza del Distrito Penal de Juicio de Chinandega, Rosa Velia Baca Cardoza, a las 10:27 de la noche del 13 de enero lo declaró culpable por supuestamente incurrir en una conducta de “subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional”. Este martes 18 de enero, la misma jueza dio lectura a la sentencia en Chinandega.
“El juicio se desarrolló en un solo día, yo no nunca me imaginé un juicio maratónico que inició a las 9:00 a.m. y terminó a las 12:00 de la noche, en el que la judicial dio el fallo de culpabilidad. Hoy (martes) fue la lectura de sentencia a don Margarito le dieron 7 años y medio de cárcel, por los dos delitos. Él no debería estar un solo día preso, porque el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser objeto de delito”, indicó Norvin Cruz Ponce, abogado defensor de Alvarenga Mendoza.
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Alvarenga Mendoza, según denunciaron familiares, fue detenido desde el pasado 6 de noviembre de 2021, no obstante en la acusación que formuló el Ministerio Público por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, que tuvo como desenlace el fallo de culpabilidad, aparece que su detención se “formalizó” el 15 de noviembre pasado.
Sobre esto, el abogado defensor precisa que “a mí me ofrecieron un Habeas Corpus presentado el pasado 13 de noviembre, con lo que la familia demostraba que don Margarito no fue detenido el día 15 de noviembre, sino que la familia dice que fue detenido el 6 de noviembre, un día antes de las elecciones, fue detenido arbitrariamente”.
No obstante, la jueza deliberó y lo declaró culpable en el juicio que se realizó en un solo día: “… al ciudadano acusado Alvarenga Mendoza, cuyas publicaciones, expresiones, posteos y demás, incitan al odio, la violencia; de quien se probó se tenía conocimiento que fomentaba las reuniones con los propósitos de crear zozobra, inestabilidad, angustia y desesperación en la población, particularmente de los habitantes del municipio de Chichigalpa (…) por lo que a la suscrita autoridad no le queda otro camino que darle valor legal a dichas pruebas, con el razonamiento jurídico y declarar en este fallo de derecho, el cual corresponde al N° 01-22 la culpabilidad del ciudadano acusado Donald Margarito Alvarenga Mendoza“, se lee en el acta de juicio a la que tuvo acceso LA PRENSA.
Pruebas: un celular y el testimonio de siete oficiales de la Policía
La sesión de juicio, celebrada el 13 de enero de 2021, se extendió desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, y en la misma fueron determinantes los testimonios de siete oficiales de Policía que participaron como testigos por parte de la Fiscalía.
Según el acta judicial, los oficiales de Policía que declararon en contra del opositor fueron: el comisionado Ramón César Quintana; el suboficial mayor Havessin Raúl Blanco Olivares; el subinspector Wilson Martín Díaz Ríos, Brígido Antonio Bustamante Bolaños, el inspector Luis Manuel Caballero Castro y el subcomisionado Roberto Ángel Andino Blanco. Los agentes de la Policía brindaron sus declaraciones a propuesta de la fiscal María Francis Pérez Mojica, quien por los dos delitos solicitó 12 años de prisión y seiscientos cincuenta días multa.
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Además, según se lee en el acta, al opositor se le ocupó el 6 de noviembre un teléfono pantalla táctil marca “LG” K62, de color celeste, con la capacidad de una sola tarjeta de memoria SIM, el que fue sometido a prueba pericial, donde encontraron las pruebas sobre los delitos que se le acusa. Por ejemplo, la creación de un grupo de WhatsApp llamado “los pingüinos” y la cuenta de Facebook del opositor.
“Luego, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, a las nueve y cincuenta minutos de la mañana, realizó nuevamente una publicación en este grupo denominado ‘Los Pingüinos’, en donde se apreciaba la imagen de un mortero, conocido como ‘trabuco’, que es lo mismo y se leía lo siguiente: ‘Si el pueblo no tiene paz, el gobierno
hijueputa tampoco'”, se lee en el acta. La prueba fue realizada por el perito inspector Díaz Ríos.
Objeto de espionaje
El expediente judicial reveló que el opositor Alvarenga Mendoza era objeto de espionaje y vigilancia desde julio del año 2019 por medio de la unidad de inteligencia policial.
El oficial Blanco Olivares en su declaración, según el expediente judicial, dijo que conocía al ciudadano acusado
Donald, desde el año 2019 a partir del mes de julio, porque “en esa fecha su jefe inmediato, el comisionado Julio Romero, le encomendó hacerse cargo de ese municipio y en específico, investigar a personas o a grupos que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y la población, que el declarante al llegar al municipio se dispuso a trabajar con los colaboradores y les preguntó que quiénes eran las personas que se dedicaban a desestabilizar con noticias y comentarios hacia la población y le mencionaron en primer lugar a Donald Margarito Alvarenga, el cual habitaba de la Alcaldía de Chichigalpa, setenta y cinco varas al sur, por lo que le orientó que le averiguara el tipo de comentarios y acciones que este realizaba”.
Las leyes
El 27 de octubre de 2020, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron con 70 votos la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley 1042, que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel.
La “Ley Mordaza” establece de uno hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.
Mientras la Ley de Soberanía o Ley 1055 fue aprobada por la mayoría de diputados oficialistas en la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2020.