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Para que Lázaro Romero León pudiera regresar a Estados Unidos, desde donde fue deportado a México a pesar de la orden de un juez federal que lo prohibía, tuvieron que pasar casi tres meses y varios intentos fallidos.
Cubano de 59 años, había sido detenido en Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU., donde se instaló tras salir de su isla natal en los 90 y pasar por Miami, Tennessee y Los Ángeles.
Sobre él pendía desde 2002 una orden de expulsión no ejecutada. Por no haber un acuerdo de deportación entre EE.UU. y Cuba, a Romero León, como a decenas de miles de otros inmigrantes cubanos, se le permitió seguir con su vida en el país.
Y así lo hizo, bajo una orden de supervisión que lo obligaba a presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
«Llevaba 28 años firmando, sin fallar ni una cita», le cuenta a BBC Mundo. «Hasta que el 20 de mayo de 2025 me agarraron entre seis agentes afuera de mi casa en Aguadilla (Puerto Rico) y, sin más explicaciones, me llevaron», señala, algo que también confirma ICE.
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Así acabó primero en el centro de detención del ICE en Adelanto (California) y en el de Florence (Arizona) después.
Según ICE, en junio de 2025 la agencia solicitó a las autoridades cubanas documentos para que Romero León pudiera viajar al país, algo que sigue pendiente. Y en septiembre del mismo año les notificó que sería expulsado a un tercer país, un aviso que también le fue entregado a Romero León. De acuerdo a ICE, este se negó a firmar la notificación.
De nada sirvió entonces que en diciembre el hombre solicitara ante un tribunal federal el hábeas corpus y que se revisara la legalidad de su detención, señalando que era poco probable que Cuba lo aceptara de vuelta. Tampoco que el juez federal Hernán Diego Vera para el Distrito Central de California le ordenara al gobierno de EE.UU. que no lo deportara mientras se resolvía la acción legal.
«Para ser extremadamente claro, esta orden significa que se prohíbe (…) trasladar al peticionario fuera de Estados Unidos a México (…) hasta que este tribunal haya resuelto la solicitud por completo», se lee en la orden del juez a la que tuvo acceso BBC Mundo.
Sin embargo y tras un «aparente error de comunicación», según admitió el gobierno más adelante, tal como se recoge en la orden del juez, el 16 de febrero de este año, Romero León fue llevado a la frontera, desde donde fue trasladado al sur de México.
Después de eso, casi tres meses «de agonía pura», dice.
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Fue un tiempo en el que, dice, perdió la cuenta de los días, mientras su abogada peleaba por su regreso a EE.UU. en los tribunales, y ICE intentaba sin éxito cumplir la orden del juez y hacer que Romero León regresara a EE.UU.
En esas semanas, indocumentado en el sur de México, lo interceptaron agentes migratorios mexicanos, ingresó en otro centro de detención y fue dejado en la frontera con Guatemala. Afirma que terminó viviendo en la calle en la ciudad de Tapachula, con la misma ropa que cuando lo deportaron y a base de comida donada.
«Vi a muchos otros como yo. Aquello está lleno de cubanos mayores, hasta abuelos, algunos enfermos, sin dinero ni papeles, condenados a la indigencia», cuenta ahora.
«Parece que quisieran mandarnos a morir allá», subraya ya de regreso en EE.UU., desde la ciudad californiana de Palmdale.
De cómo logró finalmente regresar hablaremos más adelante.
Consultado ahora sobre el caso por BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) subraya que se trata de un «inmigrante ilegal criminal con un historial delictivo extenso» y una orden de expulsión desde 2002.
Romero León cumplió hace años condena por varios delitos: en 1997 por agresión física a la cónyuge, en 2000 por intentar transportar marihuana para su venta y en 2001 por falsificación de la licencia de conducir y por presentar información falsa.
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«Lázaro Romero León recibió un debido proceso completo, incluida una orden de deportación final de un juez. Este gobierno no va a ignorar el Estado de derecho. ICE cumple con las órdenes judiciales», expresó un vocero del DHS.
«Los inmigrantes ilegales criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un inmigrante ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a deportarlo».
Un tercer país para los cubanos
Durante años, los cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de EE.UU., en parte por falta de acuerdos y porque Cuba se negaba a aceptar a determinadas personas de vuelta, como aquellas que habían cumplido condenas.
Por ello, muchos inmigrantes recibieron órdenes de expulsión que no se llegaron a efectuar y, como Romero León, permanecieron hasta por décadas en EE.UU., donde trabajaron y formaron familias, a menudo con parejas naturalizadas e hijos con la ciudadanía por nacimiento.
Pero eso cambió drásticamente bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde que asumió el cargo en enero de 2025, su gobierno, como prometió antes de ser presidente, ha ordenado operaciones antiinmigración masivas para deportar indocumentados y tomado medidas para ampliar tanto las vías de expulsión como los convenios con países dispuestos a recibir a deportados de otras nacionalidades.
Los cubanos, cuyo país natal enfrenta una de sus mayores crisis en décadas y una campaña de máxima presión desde Washington, también se han visto afectados.
Según un reporte de abril del Instituto Cato, un centro de estudios no partidista y de corte conservador con sede en Washington, los arrestos por parte del ICE de los nacidos en la isla saltaron de menos de 200 al mes a finales de 2024 a más de 1.000 mensuales un año después.
Y mientras las deportaciones enfrentan litigios en tribunales federales, la lista de las naciones dispuestas a convertirse en «terceros países» receptores ha ido ampliándose.
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Costa Rica ha sido el último en sumarse al grupo que ya engrosaban Camerún, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Honduras y Panamá.
Con México no existe un contrato público de ese tipo —y la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que fuera a suscribirlo—, pero el país también ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados de EE.UU., principalmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
Pero México lleva años haciéndolo en virtud de un compromiso adquirido con el gobierno anterior, el del demócrata Joe Biden.
Aunque entonces se trataba de migrantes que acababan de cruzar la frontera de forma irregular y eran devueltos de inmediato, algo muy diferente al tipo de deportaciones que se están viendo ahora.
Las autoridades de ambos países no han dado cifras oficiales respecto a las nuevas expulsiones. Pero poco a poco han ido saliendo pistas a la luz.
En diciembre la presidenta Sheinbaum aseguró que su país había recibido a 11.886 extranjeros hasta ese momento.
Y en marzo, el juez federal William G. Young señaló en una resolución que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le había indicado que, con base en un «acuerdo no escrito», en el último año EE.UU. habría deportado a 6.000 cubanos a México.
Un informe de Human Rights Watch recién publicado en mayo señala que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026 el gobierno de Trump envió al país vecino a casi 13.000 extranjeros; de ellos, el grupo más numeroso lo constituyen cubanos: 4.353 deportados en total.
Sin papeles ni dinero
Para el reporte, HRW entrevistó a más de 50 personas en Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), ciudades del sur de México a las que se destina a estos deportados.
Con excepción de uno, todos los cubanos interrogados afirmaron haber tenido previamente residencia permanente en EE.UU. y la mayoría reconocieron haberla perdido tras una condena.
En gran parte de los casos fue por delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos vinculados a drogas, señala HRW tras su investigación de los datos disponibles. Algunos fueron sentenciados por faltas más graves, como agresión o delitos relacionados con armas.
«Ya pagué», le dice Romero León a BBC Mundo sobre las condenas que cumplió por sus delitos 25 años atrás.
Como él muchos cubanos terminaron en un país extraño sin documentación, dinero ni pertenencia alguna.
El gobierno mexicano no garantiza servicios a los deportados originarios de otros países, según HRW, y los obliga a navegar por un complicado sistema para pedir asilo.
De acuerdo con la organización, todos los entrevistados dijeron que, antes de ser liberados, las autoridades migratorias mexicanas les notificaron que tenían un permiso limitado para permanecer en el país —en la mayoría de los casos, por un período de 10 días— y les instaron a iniciar un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Así se lo recomendaron también a Romero León, le confirma a BBC Mundo su abogada, la defensora pública Margaret Farrand.
Bajo la legislación mexicana, quienes lo hacen deben permanecer en el estado donde presentaron la solicitud mientras esta se tramita.
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BBC Mundo trató de comunicarse con la Comar sin éxito y consultó al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántos extranjeros deportados desde EE.UU. solicitaron refugio en México desde la llegada de Trump al poder y a cuántos se les otorgó.
A ello, el INM contestó que toda información relacionada con cifras la maneja la Unidad de Política Migratoria y que, al tratarse en muchos casos de «procesos administrativos migratorios personales que están en cauce», no puede proporcionarse.
Y ante la pregunta de si existe un acuerdo o algún tipo de coordinación entre las autoridades migratorias estadounidenses y las mexicanas para las deportaciones de otras nacionalidades, respondió: «Sobre eso no tenemos información».
«Si vienes a nuestro país ilegalmente, podrías terminar en el CECOT [el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la infame prisión de máxima seguridad de El Salvador] o en cualquier otro tercer país», contestó a esa misma pregunta de BBC Mundo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
«Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo vamos a deportar. Punto», subrayó en un correo electrónico.
«Estos acuerdos con terceros países, que aseguran el debido proceso bajo la Constitución de EE.UU., son esenciales para la seguridad de nuestro país y del pueblo estadounidense».
A la cuarta, la vencida
Cuando BBC Mundo habló por primera vez con Romero León, llevaba dos meses en Tapachula, una ciudad del estado más pobre de México situada a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala y acostumbrada a las caravanas de migrantes.
«Aquí estoy, pasando unos trabajos tremendos. Un muchacho me vio en la calle y me acogió, me dio de su comida… Pero sigo con esta ropa, desde el año pasado ando con la misma», contó durante aquella conversación telefónica el 5 de mayo.
Para entonces se había puesto en contacto con Arody Tomé, un paisano al que conoció mientras estaba detenido antes de ser deportado y al que cuidó cuando se enfermó de neumonía. Liberado pero con una tobillera con GPS para monitorearlo, Tomé prometió ayudarle e hizo de puente con la abogada Margaret Farrand.
Así, con los recursos que la letrada presentó y la presión del juez en California, ICE intentó primero que Romero León tomara un avión con destino a Tijuana.
Algo inviable con la copia de su carnet de Puerto Rico, la única identificación con la que fue deportado, y la copia de certificado de nacimiento cubano que la abogada había conseguido.
Después trataron de que viajara a la frontera con EE.UU. en autobús. La propia abogada pagó por un boleto para el 11 de abril.
«Pero al poco de salir, antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez (la capital de Chiapas) había un retén, y me bajaron y me llevaron a la estación migratoria» de Tapachula, cuenta.
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«Después de tenerme preso unos días, me dejaron en la frontera con Guatemala».
BBC Mundo consultó al INM sobre esto, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no recibió respuesta.
A pesar de su reticencia a reintentarlo sin el acompañamiento de un funcionario estadounidense que les asegurara a los agentes mexicanos que iba a EE.UU. requerido por su gobierno, la historia se repitió una vez más.
Se volvió a subir a un bus. Y lo volvieron a bajar en el retén, dice. Acabó de nuevo en detención y luego en la calle.
«¿Cómo es posible que exista un mecanismo para deportar a alguien a un país que no es el suyo pero no haya ninguno para traerlo de vuelta?», se cuestionó la defensora en ese punto cuando BBC Mundo la llamó para contrastar con ella el relato de su cliente.
La pesadilla empezó a llegar a su fin este 8 de mayo, cuando con un salvoconducto en mano y gracias a la coordinación entre autoridades de ambos países pudo subirse a un avión con destino a Tijuana.
Desde esa ciudad fronteriza cruzó por el paso de San Ysidro a EE.UU., donde tras pasar de nuevo por un centro de detención, quedó libre bajo supervisión.
Ahora acude a firmar a una oficina de ICE en el centro de Los Ángeles. Lo hace como un deportado al que tuvieron que traer de regreso.
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