La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt, afirmó que se mantienen abiertos al diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siempre y cuando los convoquen para tratar temas meramente económicos y no políticos.
“Si a nosotros nos llaman para ver temas tributarios, creo que es una responsabilidad hacerlo, pero nosotros no vamos a un diálogo, porque no vamos a ir a dialogar temas meramente políticos. Nosotros vamos a dar nuestro punto de vista sobre temas económicos”, declaró a LA PRENSA Hilleprandt.
En enero de 2021, Ortega anunció que se llevaría a cabo un “gran diálogo”, pero este sería hasta después de las malogradas elecciones generales del 7 de noviembre de ese mismo año, en las que él y Murillo se reeligieron después de echar presos a todos sus potenciales oponentes y anular a tres partidos políticos, así como perseguir a todos los líderes de la oposición.
Para ese entonces, la CCSN ya había enviado una comunicación al régimen sobre dialogar con respecto a las afectaciones a la economía de Nicaragua, provocadas por la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, aprobada en marzo de 2019, pero esa solicitud no fue respondida por Ortega.
Hasta ahora, propiamente Ortega no se ha vuelto a pronunciar sobre ese diálogo, al que se oponen rotundamente grupos opositores desde el exilio y familiares de las víctimas de la represión de abril de 2018. El dictador hizo alusión el pasado 10 de enero a volver al crecimiento económico que experimentó el país antes de que estallara la crisis, pero a cambio propuso un “borrón y cuenta nueva” de los crímenes de aquel año.
Sin embargo, todo parece indicar que a Ortega ya no le interesa un diálogo con sus antiguos aliados.
Recientemente el Ministerio del Trabajo (Mitrab) instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo, con la participación de los sindicatos, en representación de los trabajadores, pero ante la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que representaban al sector privado años atrás, apareció la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), afín al régimen.
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Por otro lado, recientemente el diputado orteguista Wilfredo Navarro afirmó que lo que Ortega busca no es un diálogo. “El presidente lo que dijo es que después de las elecciones iba a tratar de reunir a las personas que quieren trabajar con el país para que apoyen el esfuerzo y darle continuidad al desarrollo”, manifestó Navarro.
La necesidad de un diálogo
Hilleprandt señaló la necesidad de un diálogo con la dictadura para plantear sus puntos de vista y sus propuestas, y argumentó que los empresarios cumplen con sus responsabilidades.
“La posición de la Cámara de Comercio es de participar en temas que son económicos, como temas tributarios, porque la razón de ser de una gremial es velar por los socios, porque tenemos socios que necesitan que seamos sus interlocutores, y si no lo hacemos nosotros entonces lo harán otros actores y habrá un vacío si nosotros no participamos”, planteó.
La líder empresarial mencionó que ha habido problemas en temas aduaneros, tributarios, con la Alcaldía (de Managua), de tramitología, y necesitan mandar comunicaciones, porque, insistió, ellos cumplen con el pago de sus tributos.
“Si nosotros hemos decidido estar pagando impuestos y cumplir con las obligaciones tributarias, pues también, si hay algo donde vos podés velar para poder seguir operando la empresa de una manera sostenible, creo que la responsabilidad es hacerlo (dialogar); porque, si no cerramos la empresa y nos vamos a la casa y esperamos a ver qué pasa y que alguien haga algo. Tenemos que ser congruentes con nuestros socios y lo que hacemos”, agregó.
Hilleprandt concluyó que al final la decisión de quiénes serían los actores que participarían en un diálogo la tomará el mismo Ortega, aunque consideró que cada una de las cámaras empresariales puede ser de gran aporte para el tema.
La Cámara de Comercio forma parte del Cosep, organización a la que pertenecen tres de los presos políticos de la dictadura orteguista: Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri.