Diferentes organizaciones opositoras llamaron a los países del mundo a desconocer el nuevo período gobierno de Daniel Ortega, que se instala oficialmente este lunes 10 de enero con la cuarta toma de posesión presidencial consecutiva. A la vez, celebraron las sanciones aplicadas este mismo día por la Unión Europea, aunque reconocieron que son limitadas, porque no han hecho retroceder al régimen en su deriva autoritaria.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que es una organización que tiene a al menos seis de sus dirigentes presos desde el año pasado, emitió un comunicado rechazando y declarando ilegal la toma de posesión presidencial de hoy.
«Hoy se inicia un período total y claramente ilegítimo e ilegal, por venir de un proceso electoral que no cumplió ninguno de los requisitos indispensables de legitimidad y que, por el contrario, fue rechazado por el 80 por ciento de la población que no participó, así como la comunidad internacional – en total 57 países- que han subrayado la naturaleza antidemocrática e ilegítima de este proceso y sus resultados», expresa el pronunciamiento de la UNAB, leído por María Laura Alvarado en una conferencia de prensa virtual.
La UNAB llamó «a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a los gobiernos del mundo a desconocer al régimen y gobierno de facto que el día de hoy tomará posesión en Managua, marcado por su ilegitimidad de origen».
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La conferencia de prensa fue aprovechada para pronunciarse por las sanciones del Consejo de la Unión Europea (UE) a siete personas más y tres instituciones públicas del régimen orteguista en Nicaragua «en vista del empeoramiento de la situación en Nicaragua».
Reconocen efecto limitado de las sanciones
La politóloga Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la UNAB, manifestó que es significativo que una organización como la UE esté pendiente de la situación de Nicaragua, pero reconoció que hasta ahora las sanciones no tienen efecto en el régimen.
«Sabemos que el efecto que tienen las sanciones son limitadas. Las sanciones son una herramienta de presión (…) pero no son suficientes para sacar dictaduras, más bien son mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional, para ejercer presión sobre los estados que se han distanciado del cumplimiento de sus compromisos en materia de democracia y derechos humanos», manifestó Zamora.
Héctor Mairena, miembro de la comisión de relaciones internacionales de la UNAB, destacó que la UE representa a 27 Estados miembros, que son los que sancionaron al régimen de Ortega.
Agregó que es la primera vez que la UE sanciona a instituciones, la Policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y Telcor, porque hasta ahora solo habían sancionado a personas naturales.
«Esto es una muestra de como se está expandiendo el ámbito de las sanciones que provienen de la comunidad internacional, que es una muestra concreta de condena al régimen de Ortega y sobre todo el día de hoy en el que el régimen inicia un quinto período marcado por la ilegitimidad». valoró Mairena.
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El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), al que el régimen le canceló su personalidad jurídica en pleno proceso electora, también emitió un pronunciamiento para rechazar el acto oficial de este lunes.
«Hoy se oficializa en Nicaragua la permanencia en el poder de un gobierno carente de los elementos constitutivos de un gobierno democrático, que proclama su continuidad después de unas votaciones sin oposición, con más de 160 presos políticos encarcelados en condiciones violatorias de sus derechos humanos y más de 100,000 exiliados», manifiesta el mensaje de CxL, que tiene a dos dirigentes presos por su oposición al régimen de Ortega.
«Uno de los días más nefastos…»
La también organización opositora Alianza Cívica –que al igual que la UNAB tiene a seis miembros presos por oponerse a Ortega–, declaró en un comunicado que «el 10 de enero de 2022 pasará a la posteridad como uno de los días más nefastos de la historia de Nicaragua».
«Con el rechazo del pueblo nicaragüense, la comunidad internacional y, violando el ordenamiento jurídico nacional e internacional, la dictadura Ortega-Murillo reafirma un período más para su proyecto de destrucción nacional. Sin embargo, hoy los nicaragüenses reafirmamos nuestra convicción por construir un país más democrático y justo, pues no nos acostumbraremos al yugo de la opresión», expresa la Alianza Cívica.
La Alianza Cívica reiteró que no cree en la confrontación ni en la violencia, y sigue apostando al diálogo y la negociación sincera como «único camino para una solución pacífica a la grave crisis que vive el país». Sin embargo, reconocen que «el régimen ha preferido el camino de la confrontación y la violencia, no mostrando ningún interés por solucionar la crisis nacional. Al contrario, ha agravado la situación radicalizando sus posturas y acciones autoritarias».
La Articulación de Movimiento Sociales de igual manera divulgó hoy un comunicado de rechazo al nuevo gobierno ilegítimo de Ortega.
«El 10 de enero 2022 se establece en Nicaragua un gobierno de facto, ilegítimo e ilegal, igual que todos aquellos “electos” el 7 de noviembre 2021, incluyendo las diputaciones zancudas y regaladas. La farsa electoral culmina con una ridícula “toma de posesión” marcada por las reiteradas violaciones a los derechos humanos y el secuestro de 170 prisioneras y prisioneros políticos», manifiesta la Articulación.
Las organizaciones opositores también desconocieron y rechazaron la instalación de la Asamblea Nacional conformada por 95 diputados, 75 del régimen y el resto considerados colaboradores del orteguismo.
Quinta toma presidencial de Ortega
Ortega, de 76 años, confirmará este lunes 10 de enero un nuevo período de gobierno 2022-2026, que sería el cuarto de manera consecutiva desde que regresó al poder en 2007 y el quinto porque ya había estado en el poder por primera vez oficialmente en el período 1985-1990.
Esta nueva toma de posesión presidencial se da en un contexto de rechazo internacional, porque Ortega no ha permitido elecciones libres, justas y transparentes desde que retornó al poder en 2007. Lleva 15 años gobernando y completará 20 años si termina este nuevo período hasta 2026.
El mandatario nicaragüense ha retenido el poder los últimos quince años de la mano de su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, a través de fraudes electorales, concentración de poder, manipulación de las leyes y violencia armada contra todo tipo de protesta y oposición.
En el proceso electoral del año pasado, Ortega encarceló a líderes opositores, entre estos siete aspirantes presidenciales. Desde el estallido social de 2018, Ortega desató una represión armada que dejó más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
