Nicaragua cerrará otro año con cientos de hechos represivos y violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega. Aunque esta situación sociopolítica se ha venido agudizando desde el 2018, fecha en que se incrementaron las protestas antigubernamentales, el 2021 ha quedado marcado —principalmente— por la persecución a la prensa independiente y a la oposición.
LA PRENSA realizó una recopilación de las arbitrariedades más relevantes que cometió la dictadura a lo largo de este año, como la toma de las instalaciones de este diario LA PRENSA o la detención de todos los precandidatos presidenciales. Esta es la lista.
1-Segundo allanamiento a Confidencial
Por segunda ocasión la Policía orteguista —principal brazo represor del régimen— asaltó y confiscó las oficinas del medio de comunicación Confidencial, el 20 de mayo. En diciembre de 2018 ya había ocurrido lo mismo con el propósito de callar las voces independientes.
Sin embargo, el director de ese medio de comunicación, Carlos Fernando Chamorro, expresó el 24 de mayo de este año que aunque hayan cerrado sus oficinas por segunda vez, no los callarán. «Se robaron todo, pero seguimos demostrando que nunca van a poder confiscar el periodismo», dijo Chamorro en ese momento.
2-Fiscalía cita a periodistas independientes
Luego que el Ministerio de Gobernación señalara a la Fundación Violeta B. de Chamorro de lavado de dinero, el 20 de mayo, el régimen Ortega-Murillo inició el 25 de mayo las citatorias, que terminaron siendo interrogatorios, con periodistas independientes por las investigaciones de ese supuesto delito, que continuaron por los siguientes tres meses.
De acuerdo a los informes de violaciones a la libertad de prensa, que publica mensualmente este Diario, en mayo 15 periodistas fueron citados por el Ministerio Público; en junio 18; en julio 11 y en agosto 10, para un total de 54 comunicadores.
«Al salir de las entrevistas o interrogatorios, los comunicadores coincidieron en que las preguntas realizadas por los fiscales en muchos casos eran recriminatorios y basados en señalamientos infundados de incumplimientos de las recién aprobadas leyes violatorias a los derechos de Libertad de Expresión y de Prensa, como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos», expone uno de los informes.
Como una manera de resguardar sus vidas de la represión orteguista, muchos periodistas se vieron obligados a salir clandestinamente del país y exiliarse en otros países, pero siguen ejerciendo su profesión.
3-Detención de precandidatos presidenciales
El ambiente tenso que ya reinaba en Nicaragua por el asedio, persecución y encarcelamiento que receta la dictadura de Ortega fue intensificado con las detenciones arbitrarias de siete precandidatos a la presidencia.
El 2 de junio el régimen desató la cacería contra los precandidatos presidenciales y en menos de 20 días apresó a cinco de ellos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora. El 5 de julio al líder campesino Medardo Mairena, y el 24 de ese mismo mes a Noel Vidaurre.
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Chamorro fue acusada por la Fiscalía «por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que ella dirigía; mientras que al resto de opositores por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
Los supuestos delitos del que se les acusa a los líderes políticos fue una manera del régimen para inhibirlos de participar en las elecciones generales, llevadas a cabo el 7 de noviembre.
Además de estas personalidades de la política nicaragüense, el régimen también continuó apresando a la oposición, entre ellos periodistas, como Miguel Mendoza, y analistas políticas, como José Pallais, Mauricio Díaz o Edgard Parrales, este último se encuentra en estado delicado de salud. Actualmente la dictadura mantiene a más de 160 opositores en prisión y lejos de sus familias en estas festividades de Navidad y fin de año.
4-Restricciones migratorias
Otra de las acciones opresoras que ha implementado el régimen Ortega-Murillo ha sido la restricción migratoria y la confiscación de pasaportes. El régimen por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), impidió y decomisó el pasaporte al periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10; al periodista Julio López, del medio digital Onda Local; al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona; de CPDH.
Asimismo, impidió la salida de otros actores sociales como monseñor Silvio Fonseca, que el 7 de noviembre intentó salir de Nicaragua rumbo a Estados Unidos, pero los agentes de migración le informaron que su documentación presentaba problemas y no podía ser leído por el sistema; y también María Josefina Gurdián, una anciana de 77 años, madre de la opositora Ana Margarita Vigil, quien se encuentra detenida en una celda de máxima seguridad en Managua.
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A mediados de noviembre este Diario informó que Ortega habría ordenado ampliar el listado de personas a quienes los agentes de migración están obligados a impedir la salida de Nicaragua, donde incluyó a ciudadanos incluso que están dentro de su círculo político y a empresarios.
Cabe destacar que el régimen tampoco permite la entrada al país de la prensa internacional o misiones de organismos rectores de derechos humanos, como la Organización de Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para la cobertura de las elecciones presidenciales de noviembre, los periodistas extranjeros no pudieron ingresar y Ortega solo permitió la entrada de los «acompañantes electorales» aliados de su régimen.
5-Allanamiento a LA PRENSA
El 13 de agosto, la Policía se tomó las instalaciones del diario LA PRENSA y desde entonces permanece día y noche una patrulla policial en el parqueo. Nicaragua se quedó sin un medio de comunicación impreso.
Desde tempranas horas de ese 13 de agosto los agentes mantuvieron secuestrados a los trabajadores y obligaron al personal administrativo entregar documentación de la empresa. La confiscación del edificio terminó con la detención del secretario de la Junta Directiva de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien hasta hoy se encuentra en las celdas del Chipote por el supuesto delito de «lavado de dinero, bienes y activos» de conformidad con el artículo 282 del Código Penal.
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Debido a este escenario, la directiva se vio obligada a reducir drásticamente el número de trabajadores pero se mantiene informando desde su sitio web.
6-Calla sobre la circulación de variantes de preocupación en el país
El hermetismo que mantiene la dictadura sobre el manejo de la pandemia hizo que el Ministerio de Salud (Minsa) callara sobre la circulación de las cuatro variantes de preocupación del SARS-CoV-2 —que causa el Covid-19— alfa, gamma, delta y beta en el país.
El estudio “An immune correlate of SARS-COV-2 infections and severity of reinfections” (Un correlato inmunológico de las infecciones por SARS-COV-2 y la gravedad de las reinfecciones), realizado por el Departamento de Epidemiología, Facultad de Salud Pública, Universidad de Michigan en Ann Arbour, Michigan, EE. UU., en colaboración con el Instituto de Ciencias Sostenibles, el Centro Nacional de Diagnóstico y el Centro de Salud Sócrates Flores Vivas, en Managua, detalla que las autoridades sanitarias manejaban con anticipación —antes que se diera la segunda ola de contagio en septiembre de este año— el dato que la delta era la variante predominante en el país.
Sin embargo fue hasta mediados de noviembre que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó esta información, es decir, seis meses después desde que el Minsa recibió del organismo materiales para detectar estas cepas.
La confirmación de la circulación de variantes en Nicaragua se dio precisamente luego de que el país sufrió en septiembre una nueva ola de contagio y muertes por covid-19 que superó las cifras de víctimas registradas en mayo de 2020, cuando la población vivió el primer pico de la pandemia.
7-Cierre de oenegés
La dictadura a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación —ambos controlados por Ortega— no cesa la persecución contra las asociaciones civiles y organismos nacionales e internacionales no gubernamentales, y después de tres años sigue cancelando arbitrariamente la personería jurídica a estos actores.
Este año, 57 entidades, de las cuales 51 son nacionales y seis internacionales, fueron canceladas supuestamente por incumplir la ley al no presentar sus informes financieros y de esta forma obstaculizar la fiscalización de su trabajo.
De esta manera, el régimen cortó la participación de asociaciones médicas, de gestión y apoyo al sector social, de gestión a la lucha contra la pobreza, de federaciones de estudios superiores, entre otros.
