El pasado jueves 16 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó otra Resolución sobre Nicaragua, la sexta desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Pero cabe destacar que la resolución aprobada la semana pasada, es enfática en pedir a la autoridad ejecutiva de la Unión Europea (UE), que sancione al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacando a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con Centroamérica (ADA). Lo cual, de ocurrir sería tan grave o casi tanto como excluir al país del DR-Cafta.
La mencionada resolución de los parlamentarios de Europa señala que, “de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.” Pero no lo hace, y por eso piden a los gobiernos de la UE que “a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.” Esto significaría quitarle a Nicaragua los beneficios que se derivan de su intercambio comercial con Europa.
Es obvio que si los gobiernos de los países que integran la Unión Europea atienden esta petición de su Parlamento, los productores, exportadores y trabajadores nicaragüenses relacionados con el comercio con Europa, y sus familias, serían gravemente perjudicados. Y además se dañaría a toda la economía nacional.
Sin embargo, la resolución del Parlamento Europeo no es de obligatorio cumplimiento para los gobiernos de la Unión. Además, al comenzar la discusión sobre el proyecto de resolución, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Asuntos de Seguridad, Josep Borrel, advirtió a los parlamentarios la inconveniencia de tomar una medida como esa, que perjudicaría más al pueblo nicaragüense que al régimen orteguista.
Borrel explicó que Nicaragua exporta a la Unión Europea principalmente productos como café y plátanos, con un valor monetario de 300 millones de euros, lo que representa el 9 por ciento de las exportaciones nicaragüenses. “No creo –señaló el encargado de los asuntos exteriores de la Unión Europea– que el régimen (de Ortega y Murillo) se inmutará por 300 millones (de euros) de exportación, pero muchos nicaragüenses que trabajan en esos sectores sí se verían afectados”,
Además, la exclusión de Nicaragua del ADA tendría un efecto en cascada, o sea que afectaría a muchas más personas y sus familias que las que están directamente involucradas en la producción y comercio de los productos nicaragüenses.
Inclusive, las sanciones tienen en general un efecto sicológico negativo en la gente, que las vincula con problemas como el encarecimiento de los combustibles y del costo de vida en general, el incremento del desempleo, etc. Sobre todo, porque los gobernantes descargan en la población indefensa los efectos de las sanciones, aunque sean personalizadas.