El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó el 8 de diciembre una nueva Resolución sobre Nicaragua, insistiendo en que la crisis política que sufre el país desde abril de 2018 debe resolverse mediante el diálogo entre el gobierno y la oposición.
La Resolución pide al gobierno de Nicaragua que acepte la llegada de una misión de la OEA de alto nivel, que promovería el diálogo “con todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.
Pero, ¿por qué insiste la OEA en esa propuesta si ya hubo dos diálogos nacionales, en 2018 y 2019, y no sirvieron para resolver la crisis? ¿Y por qué insiste también en enviar una misión mediadora de alto nivel, si ya en 2019 eso fue rotundamente rechazado por el gobierno de Ortega y Murillo?
En principio la propuesta de diálogo es válida, porque es la forma civilizada en que los Estados y las fuerzas políticas antagónicas resuelven sus conflictos.
Como dice el filósofo político chileno Fernando Mires, el diálogo es la condición de la política. “Sin diálogo no hay política”, asegura, y explica que: “El diálogo es uno de los dos pilares sobre los cuales reposa la política. El otro pilar es el antagonismo. El antagonismo es a su vez la condición del diálogo. Sin antagonismo el diálogo es una simple con-versación (hacer versos juntos). Sin diálogo el antagonismo es simple violencia física.”
Sin embargo, en la práctica para que se produzca el diálogo las partes en conflicto deben tener la voluntad de dialogar. Si solo una de ellas lo quiere, no hay manera de que haya diálogo. Además, deben tener la disposición de ceder en sus posiciones para poder llegar a un punto intermedio de interés y beneficio recíproco.
En Nicaragua, independientemente de las buenas intenciones que pudiera tener la OEA la verdad es que las posiciones de las partes en conflicto antagónico son excluyentes, o al menos eso es lo que se puede deducir de sus expresiones públicas.
Como hemos señalado anteriormente, Ortega habla de diálogo para reparar el modelo de gobierno corporativo que se rompió en abril de 2018, y apuntalarse en el poder. Pero en la oposición dicen que el diálogo debe ser para sacarlo del poder mediante elecciones libres garantizadas internacionalmente; y además exigen el previo cumplimiento de algunas condiciones fundamentales, como la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las garantías constitucionales que desde 2018 están suspendidas de hecho.
Ahora bien, si el régimen de Nicaragua no le reconoce autoridad a la OEA y más bien se está saliendo de ella, es muy difícil por no decir imposible que acepte la nueva propuesta de mediación para restablecer el diálogo nacional. Y decimos restablecerlo, porque el diálogo de marzo de 2019 en el Incae –del que fueron mediadores y garantes el Nuncio Apostólico y un representante de la OEA–, produjo excelentes acuerdos que desafortunadamente no se cumplieron.
La verdad es que si hubiese voluntad política y sentido de patria bastaría con desempolvar aquellos acuerdos y concertar su implementación. Pero es obvio que al menos por ahora eso no es posible en Nicaragua.