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CONTENIDO EXCLUSIVO.Andrés Marenco estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la sede de su natal Juigalpa. Viene de una familia de ingenieros y agrónomos, y desde muy chico, cuando caminaba por su ciudad se la imaginaba con mejor infraestructura. Puentes, calles, y edificaciones de calidad.
Por eso es que decidió estudiar Ingeniería Civil, para en algún momento, ser él quien pudiese llevar a cabo esas obras y aportar al desarrollo de su ciudad y el país. Sin embargo, cuando estallaron las protestas en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega le puso un obstáculo en el camino a su meta.
Como muchos jóvenes, Andrés se unió a las protestas y plantones desde los primeros días de rebelión y meses después, empezó a escuchar los casos de estudiantes expulsados en otras universidades por su participación en las protestas, incluso amigos suyos que estudiaban en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), y que habían estado protestando con él.
Sintió temor de que le sucediera lo mismo, así que fue a la UNI a tratar de retirar un certificado de notas “solo por cualquier cosa”, relata.
Cuando llegó a la UNI se dio cuenta de que ya era muy tarde. Ya estaba expulsado. Un guarda de seguridad le prohibió la entrada al recinto el diez de agosto de 2018. “Ellos tenían como una tabla con nombres esperando”, cuenta Marenco.
El guarda preguntó qué llegaba a hacer y le pidió su carné. Verificó que en la “lista negra” estaba el nombre de Andrés Marenco. “Vos no tenés derecho a entrar al recinto, y por tu seguridad, es mejor que te vayas ya”, le dijo.
El sueño de colaborar con el progreso y desarrollo de su ciudad se le esfumó. Le faltaban dos años para terminar su carrera, y por haber salido a manifestarse en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya no tenía carrera que terminar.
Así le pasó también a “Natalia”, una joven de 25 años que estudiaba Medicina en la UNAN Managua. Nos pide anonimato porque “yo estoy en Nicaragua y aquí ya nadie puede hablar abiertamente” sin recibir represalias, comenta.
Natalia participó en la toma de la UNAN Managua y con lo que había aprendido en los cuatro años que llevaba estudiando Medicina, se dispuso a ayudar a sus compañeros que resultaban heridos cada vez que paramilitares o la Policía llegaba a dispararles al recinto.
La noche del 13 y madrugada del 14 de julio de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega dio la orden de sacar a los jóvenes de la UNAN Managua a sangre y fuego, Natalia vio morir a dos de sus amigos.
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También participó en marchas, plantones, de vez en cuando tomaba un micrófono y hacía escuchar su voz y sus demandas, y aunque siempre se aseguró de cubrirse la cara para no delatar su identidad y no exponer a su familia, “en algún descuido me vio un infiltrado”, dice.
El 31 de agosto de 2018, los estudiantes filtraron una carta de la UNAN Managua en la que se resolvía la expulsión de 82 jóvenes estudiantes “por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades y laboratorios”, y también por “incitar al odio y la violencia”.
La carta, firmada por el secretario general de la universidad, Luis Alfredo Lobato y dirigida al director de Registro Académico Estudiantil, César Rodríguez Lara, decía que de los 82 expulsados solamente cuatro tenían suspensión por un año y al resto se les cancelaba su matrícula definitivamente. Entre ellos estaba Natalia.
Sin estudio
Ni Andrés ni Natalia han podido volver a estudiar. El joven de Juigalpa tuvo que irse al exilio y la joven que aspiraba a ser doctora, vende ropa en una tienda virtual para ayudarle económicamente a su familia.
De la misma manera están muchos otros jóvenes expulsados por las autoridades de las distintas universidades controladas por el régimen de Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registra en una comunicación del pasado 20 de noviembre “más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios”, desde 2018.
Los expulsados son de Managua, León, Chontales, Carazo, Estelí y Matagalpa. La mayoría estudiaba en la UNAN y sus Facultades Regionales, y otros cursaban sus carreras en la UNI, la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
Hasta la fecha, ninguna de las universidades ha informado públicamente sobre las expulsiones de estos jóvenes ni los motivos. “Hasta el día de hoy yo no he recibido ni un correo ni nada de la UNI notificándome el porqué de mi expulsión o qué pasó con mis notas. Lo único que me quedó de la UNI es mi carné de estudiante”, dice Andrés Marenco.
La organización Acción Universitaria, que aglutina a varios jóvenes expulsados de sus casas de estudio, publicó una carta el pasado 23 de marzo de este año señalando al Consejo Universitario de la UNAN Managua, como el responsable de las expulsiones, las cuales consideran que no se dieron bajo los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en los Estatutos de la universidad.
De igual manera, la organización indicó que las autoridades de la UNAN Managua negaron “la oportunidad de ejercicio del derecho a la defensa y esclarecimiento de casos específicos para cada expulsión”.
Los jóvenes también denunciaron la expulsión de los 82 estudiantes en agosto de 2018. De acuerdo a la organización, la mayoría de expulsados cursaban las carreras de Medicina, Economía y Ciencias Políticas, y el motivo fue la “participación activa en las protestas, marchas y por brindar atención médica a los heridos de la rebelión de abril”.
Muchos de los expulsados han pasado a formar parte de las organizaciones estudiantiles opositoras. Algunos de ellos han conseguido becas para estudiar fuera del país o para retomar sus estudios en universidades privadas, donde los tentáculos del régimen de Daniel Ortega todavía no llegan.
Otros expulsados también pasaron a formar parte de la primera tanda de presos políticos que tuvo Ortega entre 2018 y 2019, y que posteriormente excarceló con la Ley de Amnistía.
Dicha amnistía debería servir para que los jóvenes sean reintegrados a sus estudios universitarios, señala la organización Acción Universitaria, en su “Informe ampliado sobre violaciones a derechos humanos de estudiantes expulsados de las universidades en Nicaragua”.
“Pese a que el 8 de junio de 2019, se aprobó la Ley 996, de Amnistía, la cual desde su artículo 1 indica que las autoridades competentes “deberán cerrar todos los procesos administrativos iniciados” en contra de personas imputadas por hechos acaecidos a partir del 18 de abril de 2018, no se aplicó en beneficio a los universitarios expulsados”, señala el informe.
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De igual manera, la organización indica que el 46.4 por ciento de los expulsados ha expresado su deseo de retomar los estudios universitarios, así como un 15.9 por ciento dijo que prefería no continuar y otro 37.7 por ciento prefirió no responder.
Según Acción Universitaria, a la mayoría de estudiantes no se les dio una justificación de su expulsión. Hasta la fecha, Andrés Marenco sigue esperando que la UNI le notifique cuál fue el motivo de su expulsión, pues solamente le negaron el acceso al recinto y cuando trató de entrar al sistema para verificar sus notas, se dio cuenta de que ya no estaba registrado y sus calificaciones habían sido eliminadas.
Lo mismo le sucedió a Natalia. El mismo día que se dio cuenta que la habían expulsado, también se percató de que le habían eliminado sus notas de sistema y que no podía entrar a su cuenta académica virtual. La joven quiso ir a la universidad a reclamar, pero su familia la detuvo. Le pidieron que no se expusiera más.
Sueños truncados
Este 2021, Andrés ya habría culminado sus estudios universitarios. Tendría su título enmarcado en la pared de su casa y probablemente estaría ejerciendo como ingeniero civil, pero hoy, más bien se encuentra exiliado y sin poder estudiar.
Desde que el guarda de seguridad de la UNI le dijo que se retirara del recinto por su propia seguridad, el joven decidió exiliarse. Ya había visto los casos de otros estudiantes que habían protestado contra el régimen de Ortega, habían sido expulsados de sus universidades y posteriormente encarcelados. Él no quería pasar por lo mismo.
Andrés decidió partir hacia Costa Rica. Desde allá se dio cuenta que ya le habían eliminado sus notas. “Cuando traté de entrar al sistema con mi carné no me salía válido, no me salían mis notas ni nada”, relata el joven.
En el exilio, Andrés se ha dedicado al activismo y no ha podido retomar sus estudios. Su prioridad ha sido sobrevivir, dice, y tampoco ha encontrado una oportunidad para estudiar y prepararse profesionalmente. “Hay universidades, pero privadas y sin mis notas tendría que empezar desde cero”, lamenta.
Natalia se encuentra en la misma situación. “A veces me siento como resignada porque voy a tener que empezar desde cero”, dice la joven, cuya prioridad en este momento es apoyar económicamente a su familia.
Desde muy joven, Natalia soñaba con ser doctora. Cada vez que iba al hospital con su madre, le gustaba ver a las doctoras con su bata blanca, bien vestidas, arregladas y entaconadas. Así se imaginaba ella algún día con su estetoscopio al cuello.
Cuando la expulsaron, todavía no estaba clara en qué quería especializarse. Si en neurología o cardiología, pero aún tenía tiempo para decidirse. Este 2021 probablemente ya estaría decidida y se encontraría en alguna parte del país haciendo su servicio social, pero no. “Ortega me quitó ese derecho a estudiar”, dice.