Más de 20 organizaciones de la oposición, la diáspora y el exilio nicaragüense, enviaron notas formales a los cancilleres y gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Corea, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Taiwán, para solicitarles que cualquier desembolso al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo esté condicionado al respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, el cese inmediato de la represión en contra de los medios de comunicación y la ciudadanía.
Esos países son miembros de la asamblea de gobernadores y del directorio del BCIE.
Además, agregaron que los desembolsos del banco regional estén supeditados al cumplimiento de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establecen las condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres y democráticas, y al restablecimiento del Estado Democrático de Derecho.
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El BCIE ha sido un soporte de la dictadura de Nicaragua, desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, al facilitarle anualmente cientos de millones de dólares.
Ante duros cuestionamientos por parte de la oposición de Nicaragua, el banco regional se ha declarado apolítico y ha defendido que el régimen nicaragüense está al día con sus pagos y ha cumplido todos los requisitos técnicos establecidos en la ejecución de proyectos.
“El BCIE es el banco de Centroamérica y no condicionamos nuestra asistencia a valoraciones distintas a las económicas. Somos un banco fruto de la convicción de la necesidad de trabajar juntos desde 1960, la misión de trabajar por una mejor Centroamérica sigue vigente”, publicó en su Twitter el director ejecutivo, Dante Mossi, el pasado 21 de junio.
