La administración de Joe Biden en Estados Unidos reafirmó este martes la vigencia de la Orden Ejecutiva 13851, emitida en noviembre de 2018, que declara la situación de Nicaragua “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
En un mensaje dirigido al Congreso, Biden envió el aviso que indica que la emergencia continuará en vigor más allá de la fecha del aniversario, que es el 27 de noviembre próximo.
En el mensaje de Biden de este martes al Congreso señala que en base a la Ley de Emergencias Nacionales se establece la terminación automática de una emergencia nacional “a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración el presidente publica en el Registro Federal y transmite al Congreso un aviso que indica que la emergencia continuará en vigor más allá de la fecha del aniversario”.
“La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de (Daniel) Ortega, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por tal motivo, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua”, manifiesta el mensaje de Biden al Legislativo.
Lea además: Régimen de Ortega habría ampliado lista de personas que no pueden salir del país y se les quitará pasaportes
La medida se ha ido manteniendo desde 2018. En un comunicado de Prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de diciembre de 2019 se señala que “la Orden Ejecutiva 13851 (“Bloqueo de Propiedades de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Nicaragua”), congela sus bienes y, de manera más general, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con las personas e instituciones sancionadas.
En el comunicado de 2019 se señalaba a: Rafael Ortega, Inversiones Zanzibar, Servicio De Protección Y Vigilancia y DNP. “Rafael Ortega es un administrador clave de los recursos financieros de la familia Ortega, que trabaja junto a la Vice-Presidenta de Nicaragua y Primera Dama Rosario Murillo, previamente sancionada. Rafael Ortega utiliza al menos dos empresas bajo su control, Inversiones Zanzibar, S.A. y Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A., para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen orteguista a los mercados. Rafael usa Inversiones Zanzibar para ocultar la transferencia de las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, también designada el día de hoy, y como empresa de fachada para la compra de gasolineras en un intento por ocultar que la verdadera dueña de dichas gasolineras es DNP. Servicio De Protección Y Vigilancia es una empresa de seguridad que ha recibido millones en contratos del gobierno de Nicaragua. DNP es una cadena de gasolineras controlada por la familia Ortega. DNP fue adquirida con fondos públicos y luego transferida a la familia Ortega y se beneficia con contratos no licitados con instituciones gubernamentales”.
Lea también: EE. UU. sanciona a la Fiscalía y a nueve funcionarios de Ortega del sector energía, económico y alcaldes
El pasado lunes 15 de noviembre a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Estados Unidos, incluyó a la lista de sancionados a alcaldes, diplomáticos, ministros e incluso a funcionarios que habían sido nombrados para reemplazar en las funciones administrativas a otros funcionarios anteriormente sancionados.
Impuesta por Trump
La orden ejecutiva de 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, sancionó a varios funcionarios, entre ellas a la vicepresidenta designada Rosario Murillo, esposa de Ortega.
Fue promulgada en la administración de Donald Trump. La orden incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en EE.UU. y prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener cualquier tipo de relación comercial con ellos.
Trump prolongó también la orden ejecutiva en noviembre de 2019 y en noviembre de 2020. Ahora lo hace Biden, extendiéndola más allá del 27 de noviembre de 2021.