El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), conformado por los cancilleres de los países miembros, se reunirá hoy para abordar la situación de Nicaragua, pero para los críticos esto no significa que aprobarán más sanciones a los colaboradores del régimen de Daniel Ortega.
La reunión de los eurodiputados miembros del Consejo de Asuntos Exteriores será para debatir «la mejor manera de apoyar a la población» de Nicaragua de cara a las votaciones del próximo 7 de noviembre.
El sitio web del Consejo de la Unión Europea precisa que «se invitará a los ministros a estudiar la necesidad de adaptar las políticas de la UE con vistas a las próximas elecciones generales que tendrán lugar en el país el 7 de noviembre de 2021, y la mejor manera de apoyar a la población».
El sociólogo y exembajador de Francia en Nicaragua, Oscar René Vargas, manifestó que no se debe esperar alguna acción concreta como resultado de esa reunión, sino una nueva condena a Ortega. «Van condenar a Ortega, van a decir que es una dictadura, etcétera, etcétera, pero no veo ninguna acción que vaya a incrementar la sanciones contra Ortega», manifestó el sociólogo.
No se esperan nuevas sanciones
Mucho menos ve a la UE aplicando una sanción que implique dejar de desembolsar préstamos internacionales a Nicaragua, a través de los organismos financieros internacionales.
«Tanto los países europeos como los Estados Unidos tienen un peso muy importante en los organismos financieros internacionales, pero no se han opuesto a que se continúen los préstamos para Nicaragua», valoró el exdiplomático.
Asimismo, otro exdiplomático que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, dijo que en esa reunión se confirmará que «no habrá reconocimiento de los resultados de la farsa electoral», sin embargo, «esa falta de legitimidad difícilmente se traducirá en ruptura de relaciones diplomáticas».
«El reto estará en poder encontrar mecanismos de presión más efectivos, que no afecten a la población en su conjunto y desestabilicen la economía y a la vez puedan obligar a Ortega a garantizar las condiciones indispensables para un proceso electoral aceptable y observado, liberar a los reos políticos y restablecer las libertades democráticas», valoró el exdiplomático.
Al igual que Vargas, esta fuente también duda que «los acuerdos comerciales puedan ser afectados», en alusión al Acuerdo de Asociación (AdA), entre la Unión Europea y Centroamérica.
Evaluar la suspensión de Nicaragua del AdA ha estado en debate desde 2019, cuando el Parlamento Europeo empezó a considerar una resolución contra la dictadura Ortega-Murillo por las violaciones a los derechos humanos y las prácticas antidemocráticas, lo que incumple la cláusula del Acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la gobernabilidad.
Consejo de la UE abordará temas de otros países
En esta reunión del Consejo también está agendado abordar temas referentes a Etiopía, Golfo Pérsico, Asociación Oriental y asuntos de actualidad en el que se incluye Afganistán.
El Consejo de Asuntos Exteriores se encarga de la acción exterior de la UE, que incluye política exterior, defensa y seguridad, comercio, cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, indica el portal oficial de la entidad.
Este Consejo está compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros de la UE.
UE sancionó a 14 funcionarios y familiares de Ortega
El pasado 11 de octubre, la UE prolongó hasta el 15 de octubre de 2022 las sanciones a 14 funcionarios y familiares de Ortega, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo; el director de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau, entre otros.
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Algunos de los sancionados son acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Otros de ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
El comunicado oficial señala que las sanciones se dirigen a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de derecho.
En pleno año electoral Ortega ordenó la detención de 37 destacados opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, también canceló personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores y allanó medios de comunicación. La UE ha sido uno de los organismos que más ha condenado estas acciones.
