Las esposas e hijas de los opositores presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo Chipote, denunciaron este jueves 14 de octubre las “condiciones restrictivas y arbitrarias” a las que fueron sometidos al momento de visitar a sus familiares por segunda vez desde que fueron detenidos, las que se realizaron entre lunes y miércoles de esta semana.
En un comunicado relataron que en esta segunda visita hubo “un incremento exponencial de la fuerza policial”, “revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de nuestra ropa interior”, “despojo de objetos de uso personal como lentes de ver, alcoholes de mano” y un escrutinio denigrante de parte de los oficiales.
“Particularmente denigrante fue la excesiva grabación por medio de fotografías y videos de los momentos más íntimos del encuentro, como son el saludo inicial y despedida, incluso obligándonos a posar ante sus cámaras desperdiciando valioso tiempo de nuestra visita”, manifestaron los familiares en el comunicado leído por María Josefina Gurdián, madre de la opositora presa Ana Margarita Vijil y abuela de Tamara Dávila.
No buscan amnistía ni acuerdo con Ortega
Ana Lucía Álvarez Vijil, hermana de la opositora presa Támara Dávila, manifestó en nombre de su familia que no aceptarán un acuerdo con el régimen para sacar a sus familiares, porque eso sería verlos como “moneda de cambio”.
Álvarez y otros familiares dijeron que su demanda es “la libertad sin condiciones” y no están dispuestos a llegar a un acuerdo con el régimen orteguista para que los liberen.
“Entendemos que estos procesos (acuerdos con Ortega) no son llevados por los familiares y tampoco nosotros vamos a participar en estos procesos, pues nuestros familiares no son monedas de cambio y tampoco estamos a favor de las amnistías, porque precisamente nuestra bandera de lucha y la del pueblo de Nicaragua y lo que ha pasado desde 2018 es una demanda de justicia sin impunidad”, dijo Álvarez.
Demandas
Los familiares demandaron al sistema judicial cumplir con un proceso justo y visitas más regulares, de acuerdo con los derechos que tienen los reos, según la Ley.
“Las visitas periódicas y frecuentes de familiares a personas detenidas son un derecho humano reconocido por las leyes de nuestro país y demandamos que se nos permita visitar a nuestros familiares, según lo establecido en las audiencias iniciales del poder judicial”, expresa el comunicado.
Reiteraron que las causas contra los opositores presos “no aparecen aún reflejadas en el sistema del poder judicial con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión”.
“Aún no se les ha permitido reunirse con sus defensas técnicas, contrario a lo que dictaron los jueces en las audiencias iniciales. Todas las peticiones presentadas por sus abogados son denegadas o no resueltas. No se ha respetado el debido proceso. Se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados.
Asimismo expresaron que los encarcelados solicitan tener acceso a La Biblia y a material de lectura.
Conferencia virtual
Los familiares de los presos políticos encarcelados en la DAJ ofrecieron este jueves una conferencia de prensa virtual, en conjunto con otros familiares de opositores presos desde 2018, para denunciar las arbitrariedades a las que están expuestos sus familiares en las celdas del régimen orteguista.
A finales de agosto e inicios de septiembre fue la primera ronda de visitas a los opositores presos, cuando algunos tenían en ese momento tres meses bajo detención.
El 28 de mayo pasado, la Policía, bajo las órdenes de Ortega, comenzó la ola de detenciones de personas ligadas a personajes opositores, pero luego escaló a encarcelamiento de destacados opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, líderes estudiantiles, líderes campesinos, exdiplomáticos, disidentes sandinistas, periodistas, dueños de medios de comunicación, un banquero, entre otros.
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La ola de detenciones inició con la orden de captura para los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, acusados por la Fiscalía por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, retención y apropiación indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
El 2 de junio fue detenida la exdirectora de esta Fundación y aspirante presidencial opositora, Cristiana Chamorro Barrios, quien se encuentra bajo arresto domiciliar en su casa en Managua. Un día antes, Chamorro fue acusada formalmente de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
Los días siguientes fueron detenidos los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, entre otros.
La mayoría de los encarcelados fueron acusados por la Fiscalía de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». En el caso del gerente general del Diario LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann —encarcelado desde el 14 de agosto—, está siendo acusado de defraudación aduanera y lavado de dinero.