El politólogo costarricense, Alberto Cortés, aseguró este miércoles durante el foro «Nicaragua situación política-social», organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) junto al Instituto de Estudios Democráticos (Ined) del Tribunal Electoral de Panamá, que el mandatario Daniel Ortega, quien busca su reelección presidencial por tercera ocasión para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, «debe perder la legitimidad de origen».
«Ortega debe perder, en este caso para mí ya no la tiene con el desempeño que ha tenido, él ha perdido la débil legitimidad que tenía que se la concedió la comunidad internacional porque la elección de 2007 fue irregular, pero más allá de eso Ortega debería perder la legitimidad de una vez por todas, la legitimidad de origen y ese resultado electoral no debe ser reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional», indicó Cortés.
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Cortés, quien es también doctor en Geografía por la Universidad de Loughborough, Inglaterra, con maestría en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales en Holanda y licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, inició el foro hablando un poco de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actual partido gobernante en Nicaragua.
Destacó sobre todo el encarcelamiento de los principales rostros de la Revolución Popular Sandinista en 1979, como es el caso de la exguerrillera Dora María Téllez; el general en retiro del Ejército, Hugo Torres, y el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, así como la persecución contra el escritor Sergio Ramírez, quien formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y fue vicepresidente en el primer período de Ortega (1985-1990).
«Una acción multilateral»
A la vez exhortó que la comunidad internacional que ha expresado una preocupación real de lo que está pasando en Nicaragua debe «implementar acciones contundentes para el no reconocimiento de ese resultado electoral. Tiene que ser una acción multilateral, es fundamental que esta acción no sea vista como una acción grande a un país pequeño que es lo que está buscando Ortega».
El especialista alertó que el régimen de Daniel Ortega persigue crear una «nueva polaridad» contra Estados Unidos tratando de crear «una suerte, guerra fría 4.0, eso no puede pasar. Lo que está pasando en Nicaragua no es un tema que afecte solamente a la geopolítica de EE. UU. sino que es un problema para todo el continente porque es una señal que se le manda a procesos políticos y Estados de toda la región».
En esa misma línea como otra de las acciones contra el régimen de Ortega, el especialista Cortés indicó que «yo quisiera ver a más países llamando a sus embajadores, que Ortega sepa desde ya que ese resultado electoral no va a ser reconocido. Él ya está asumiendo que después del 7 de noviembre se va a poder sentar a negociar, posiblemente va alivianar algunas medidas de represión, va a soltar a algunas personas detenidas, no va a soltar a quienes fueron sus compañeros de lucha, porque el tipo de odio es de otro tipo, y con eso esperaría ganar un pasaje de cinco años, con un reconocimiento crítico de la comunidad internacional que no lo puede permitir».
Otras demandas
Por su parte, Olga Valle, activista y defensora de derechos humanos nicaragüense, denunció durante el foro que el contexto electoral actual en Nicaragua «carece de legitimidad» y a la vez destacó la situación real que atraviesan los opositores recientemente detenidos que son 37, que se suman a más de 100 personas privadas de libertad por razones políticas a raíz del estallido social en abril 2018.
«Este año en lugar de restituir las libertades fundamentales para desarrollar elecciones en las condiciones necesarias, el gobierno de Ortega (Daniel) más bien apostó por cerrar por completo el espacio cívico en eliminar por completo toda competencia electoral, es más ni siquiera se esforzó por montar un fraude como en años anteriores, sino que de entrada eliminó cualquier posibilidad que le resultara amenazante», indicó Valle.
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Sobre lo mencionado por Cortés, Valle agregó que la comunidad internacional no debe esperar hasta el 7 de noviembre, sino decir desde ya que «el proceso electoral es totalmente ilegítimo, es súper grave lo que va a pasar después del 7, que es la instauración de un gobierno de facto porque estas elecciones no tienen las mínimas condiciones».
Añadió que es momento de que la comunidad internacional «ponga los derechos humanos al centro de la conversación».
Asimismo, Pedro Fonseca Herrera, nicaragüense, politólogo con estudios en resolución de conflictos, paz y desarrollo, señaló la persecución judicial a raíz de la aprobación del combo de leyes represivas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, liderado por diputados oficialistas, con el fin de «incrementar la represión».
Se refirió en específico a la Ley 1055, conocida como la Ley de Soberanía, y dijo que «ha servido para perseguir y detener a liderazgos sociales y políticos, y es también una de las razones por la que algunas de las personas precandidatas están detenidas actualmente».
