Lo que la ley no prohíbe está permitido. Bajo esa premisa es que los partidos políticos participantes en el proceso electoral de Nicaragua no tienen reparo en presentar a miembros de una misma familia en sus listas de candidatos a diputados, y eso sin contar el caso del presidente y la vicepresidenta del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes son esposos y van por la reelección.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó como candidatos a diputados a Yusra Zalam Cortez, a su hijo Jaime Félix Mora Zalam y al marido de ella, Bismark Antonio Gómez Hurtado. Madre e hijo son candidatos a diputados en la lista nacional y el marido es candidato a legislador suplente en la lista por el departamento de Managua.
También el PLC presentó a Javier Alberto Somarriba y a su hija, Ingrid Valeska Somarriba Gaitán, como candidatos a diputado nacional propietario y candidata a legisladora suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), respectivamente.
El presidente y candidato presidencial del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Guillermo Osorno, lleva a su hijo Abraham Israel Osorno Larios encabezando la lista de diputados nacionales.
El candidato presidencial del partido Alianza por la República (Apre), Gerson Gutiérrez Gasparín, confirmó que sus hermanas Blanca Nelia Gutiérrez Gasparín y Juana Patricia Gutiérrez Gasparín son candidatas a diputadas de esa agrupación política ante el Parlacen.
El abogado Yader Morazán, especialista en administración de la justicia y derechos humanos, confirmó que ninguna ley del país prohíbe expresamente que miembros de una misma familia puedan ser candidatos a diputados; no obstante, valoró que por principios éticos y morales se debería de tener como máxima que parientes cercanos no ejerzan cargos públicos.
«El hecho que no exista una prohibición no significa de que no exista un espíritu jurídico y un espíritu político tanto en el texto constitucional como en la Ley de Probidad, la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y demás leyes, que establecen la igualdad para optar a cargos públicos, que establecen también la lucha contra la corrupción o la prohibición del nombramiento de un familiar en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad», manifestó el abogado.
Primer paso para la corrupción
Morazán dijo que la práctica del nepotismo «es el primer paso para la corrupción en perjuicio del erario público y la población en general». Además, según el abogado, «contradice el principio de moralidad, eficacia, de economía, de celeridad e imparcialidad en la gestión administrativa pública». También «desestimula totalmente el profesionalismo, la eficacia y la productividad en la gestión pública».
Lea además: Rosario Murillo, la heredera del poder en Nicaragua
Morazán afirmó que con esta práctica «se somete el interés particular o familiar de una organización política sobre el interés general, máxime cuando estamos hablando del primer poder de un Estado, y cuando estamos hablando del primer poder de un Estado y cuando estamos hablando que son representantes del pueblo».
«Este es un tema similar al debate que generó el nombramiento de Rosario Murillo, que si bien es cierto textualmente no se consideraba pariente a la esposa del presidente, se entiende que dentro de esta interpretación, lo que la ley quiere prever es que los familiares cercanos no estén mal administrando los recursos del pueblo», valoró Morazán.
Ley de Probidad
La Ley de Probidad (Ley 438) establece el «Régimen de restricciones al ejercicio de la función pública». En el artículo 8 de las prohibiciones expresa que «en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias, no se podrá hacer recaer nombramiento en personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento, y en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Esta prohibición no comprende los nombramientos que corresponden al cumplimiento de la Ley del servicio civil y de la carrera administrativa, la de carrera docente, de carrera judicial, de carrera del servicio exterior y demás leyes similares que se dictaren».
Sin embargo, el diputado del PLC Maximino Rodríguez explicó que esa legislación se refiere a los nombramientos, no a los cargos de elección popular que son votados por el pueblo.
Además, Rodríguez no está de acuerdo con calificar de nepotismo las candidaturas de diputados entre miembros de una misma familia, porque insistió en que tienen que ser electos por el voto popular, no es la decisión de un funcionario en el poder.
«En los cargos de elección popular no cabe el término de nepotismo, porque el concepto de nepotismo es acuñado para aquellos funcionarios públicos que, valiéndose de su cargo, priorizan a parientes aunque no tengan las calidades para desempeñar un cargo», expresó el diputado Rodríguez.
Aun así, el legislador reconoció que no es correcto que varios miembros de una misma familia ejerzan cargos públicos: «No se ve bien que toda una familia se haga con todos los cargos, ya sean de elección popular o cualquier otro cargo, debe de haber equidad y justicia».
Confirma que es un proceso electoral ilegítimo
El presidente de la organización civil Hagamos Democracia, Luciano García, valoró que los partidos políticos que el régimen orteguista dejará participar en las votaciones de noviembre, están reafirmando que no cuentan con una estructura diversa, no son pluralistas, sino que fomentan el nepotismo.
García también manifestó que esos partidos no son instituciones que se rigen por principios democráticos, sino que «tienen dueños», en vez de dirigentes políticos, y responden a intereses personales, no a normas estatuarias.
«Los partidos políticos que están corriendo ahorita no son vistos como partidos democráticos, porque los liderazgos que tienen vienen de un criterio meramente personal y familiar», dijo el presidente de Hagamos Democracia.
García agregó que estas acciones se suman a la lista de irregularidades de un proceso electoral ilegítimo como el que se desarrolla en Nicaragua, debido a que el poder electoral no es independiente, sino que actúa bajo las órdenes del régimen de Daniel Ortega.
«Para nosotros, este proceso electoral ya dejó de ser legítimo. Este es un proceso electoral ilegítimo y fuera del propio orden constitucional actual», aseveró García.
Vea también: La destrucción del sistema electoral: El regreso de Ortega al poder
La politóloga Alexa Zamora valoró que aunque no está prohibido por la ley que familiares sean candidatos en un mismo partido, sí está demostrado que es un práctica negativa, porque repercute en el enriquecimiento de una familia y en conflictos de intereses.
«Esta es una práctica negativa, sobre todo porque ya hemos visto los resultados cuestionables en los cuales familias pretenden hacer de la función pública un negocio familiar», refirió la politóloga.
Zamora además dijo que esta situación es fomentada por el régimen Ortega Murillo, en el cual la pareja son los gobernantes del país y sus hijos, los asesores, y están involucrados en el trabajo gubernamental.
«El hecho de que partidos que participan en este proceso electoral estén replicando (lo que hace el régimen), solamente implica que están siguiendo este modelo fomentado por el régimen», añadió la experta en política.
Las elecciones de Nicaragua serán el próximo domingo 7 de noviembre, para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). El proceso electoral en marcha se ha realizado bajo tensiones políticas debido a la detención de destacados opositores, incluso aspirantes presidenciales, cierre de medios de comunicación y cancelación de partidos políticos opositores.
