Familiares de los opositores y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro detenidos en los últimos 92 días y que esta semana fueron acusados de diferentes delitos, manifestaron su preocupación por no permitirles la asistencia legal de sus abogados en la recién realizada audiencia preliminar e imponerles un defensor público, sin previo aviso.
El pasado 24 de agosto, el Ministerio Público amplió la acusación en contra de Cristiana Chamorro, quien tiene casa por cárcel desde el 2 de junio debido a los supuestos delitos de apropiación y retención indebida. También fueron acusadas otras nueves personas, entre ellas Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, por lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida, así como gestión abusiva y falsedad ideológica. A ellos se les vencía esta semana el periodo de detención judicial de 90 días.
“El abogado no ha podido entrevistarse con mi esposo, yo tampoco, pero el abogado ya metió un escrito solicitando representar a mi esposo, ahora vamos a esperar a ver qué nos dicen. Un abogado que estaba en los juzgados me dijo que vio a mi esposo y a Marcos Fletes el día de la audiencia y que los vio delgados”, dijo María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez.
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El Ministerio Público además acusó a Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”. Vásquez era conductor privado de Cristiana Chamorro y está preso desde el 15 de junio.
“Estamos mal porque todavía no hemos podido ver a mi esposo, ni el abogado ha logrado verlo, todo fue a escondidas y no le permitieron a su abogado estar en la audiencia de él. Lo único que sé es que me preocupa la salud de él y que no nos permiten verlo. Nuestra hija, de cinco años, está lastimada por esta situación porque me pregunta: ‘¿Mi papá ya se murió? ¿Por qué no lo veo?’. Por eso la estoy llevando donde un psicólogo para que la atienda”, aseguró Norma Valle, esposa de Pedro Vásquez.
En el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, investigada por lavado de dinero, bienes y activos, son cinco los detenidos, más otras cuatro personas implicadas y un acusado en el exilio.
Sin información sobre detenidas
El último viernes el Ministerio Público informó que las dirigentes del partido Unamos, Ana Margarita Vijil Gurdián y Dora María Téllez Argüello, fueron acusadas por ser presuntas autoras del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Tras su detención la institución del régimen había dado a conocer que estaban siendo investigadas por “contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”.
Un día antes, la Fiscalía acusó por el mismo supuesto delito a Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y otros siete opositores, entre estos los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
“Ninguno de los abogados ha logrado ver a ninguna de las muchachas. Lo que hicimos ayer (el viernes) fue ir a los juzgados a pedir un cambio de defensa, porque los están acusando bajo una nueva causa y nos dijeron que todo el trabajo anterior (con relación a la Ley 1055) que habíamos hecho ya no aplica en esta nueva causa. Celebraron una audiencia sin permitirles un abogado y les pusieron un abogado de oficio. Ya a la abogada le notificaron la aceptación del cambio de abogado, pero no le han dado ninguna información sobre Ana Margarita o Dora María Téllez o Tamara. El número de caso estaba escondido en el Sistema Nicarao del Poder Judicial, no le aparece a la abogada ni aparece el juzgado en el que las van a juzgar”, denunció Josefina Dávila, hermana de Tamara y sobrina de Vijil y Téllez.
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Ana María Chamorro, hermana del preso político Juan Sebastián Chamorro, dijo: “Entiendo que la audiencia se las hicieron en la madrugada, a las 5:00 a.m., y nadie fue notificado, ninguna de las defensas fueron notificadas. Hasta ahora están enviando notificaciones diciendo que el juicio inicia en septiembre, algo así. No sé si en la audiencia logró verse Cristiana con Pedro Joaquín o con alguno de los detenidos, porque no estuvimos allí».
Se prevé que en la primera semana del próximo mes se realicen las audiencias iniciales para los 14 detenidos, acusados por el Ministerio Público, y así se cumpla el plazo de 10 días hábiles estipulado en el Código Procesal Penal.
