Los tres trabajadores del área administrativa del Diario LA PRENSA que fueron citados a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote y en otras instituciones, no están detenidos. Luego de responder las entrevistas que les hicieron, los dejaron ir.
El pasado 13 de agosto las instalaciones de LA PRENSA, ubicadas en el kilómetro 4.5 de la Carretera Norte, en Managua, fueron allanadas por la Policía. En ese momento mantuvieron incomunicados a los trabajadores que estaban adentro por varias horas. Luego esa institución emitió una nota de prensa informando que el Diario está bajo investigación por supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero.
Este lunes, los colaboradores del Diario asistieron a las entrevistas desde tempranas horas del día y fueron interrogados por varias horas. Durante este tiempo la Policía permitió que estos recibieran comida y se pudieran comunicar con sus familiares a través de llamadas telefónicas, pero no fue permitido que los medios de comunicación independientes dieran cobertura.
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Tras el allanamiento al Diario, los uniformados retuvieron por 15 horas al gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, hasta que salió del lugar la madrugada del sábado, conduciendo su vehículo, pero escoltado por patrullas de la Policía que lo llevaron a la DAJ para supuestamente firmar unos documentos. Posteriormente, la Policía anunció que Holmann había quedado arrestado y este lunes el Ministerio Público dio a conocer que le fue impuesto el período de 90 días de detención judicial.
Holmann está siendo investigado por los delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos, y se convirtió en el detenido número 33 del régimen desde el escalamiento de la represión en mayo pasado. Holmann es el vicepresidente regional por Nicaragua de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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Desde 2018, otros dos medios independientes, 100% Noticias y Confidencial, también fueron intervenidos y sus instalaciones adjudicadas al Estado.
