El sistema de justicia no ha dado respuesta a cuatro escritos legales que introdujo el abogado Eber Acevedo a favor de su colega, María del Socorro Oviedo. Ambos son abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). En el más reciente, solicitó que se cambie la detención judicial de 90 días a Oviedo por arresto domiciliar, ya que, según el jurista, corre peligro su salud debido a que convalece de una reciente operación quirúrgica.
Oviedo fue detenida por oficiales de la Policía orteguista el pasado 29 de julio, mientras junto a sus hijos visitaba a su familia en la ciudad de León y luego supuestamente fue llevada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
La petición de Acevedo fue para el juez Alvir Ramos, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencias de Managua. «Interpusimos un cambio de medida para que la detención judicial no la cumpla en el Chipote, sino que la cumpla en su casa. Si ella es enviada a su casa, no obstruirá la investigación de la Policía. Además establecemos con la constancia de un médico que ella no puede estar en una celda, porque necesita de cuidados especiales que solo los puede recibir en su casa, ya que recientemente fue operada», indicó Acevedo, prefiriendo no precisar detalles de la intervención quirúrgica.
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Según el comunicado del Ministerio Público, Oviedo está siendo investigada por la Policía «por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y el Código Penal. Además presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Asimismo ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
Sin respuesta a solicitudes
Inicialmente, Acevedo interpuso un recurso de exhibición personal a favor de Oviedo ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), por considerar ilegal la detención de la abogada, ya que los oficiales no portaban una orden de captura ni de allanamiento. «Esa ley (Ley 1055) no tiene carácter penal y no le permite a la Policía facultades ilimitadas para detener a alguien a la hora que ellos quieran, sin ninguna orden. Esa es de carácter electoral, porque las consecuencias que ellos establecen en ella es que te van a inhabilitar para ejercer un cargo público», explicó el abogado.
También solicitó al judicial Ramos ser nombrado como abogado defensor de Oviedo, además de poder entrevistarse con su defendida en el Chipote, pero no ha recibido respuesta a las cuatro peticiones legales.
Hasta este miércoles, 31 nicaragüenses, incluida la defensora de derechos humanos, han sido detenidos en Nicaragua durante un período de dos meses. Entre los detenidos hay siete precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre; así como líderes opositores de distintas plataformas políticas, del sector juvenil y del Movimiento Campesino. Además, hay 123 presos políticos que guardan prisión en los distintos sistemas penitenciarios y que fueron arrestados antes y durante las protestas ciudadanas originadas en abril de 2018.
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La mayoría de los detenidos —excepto los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)— están siendo investigados por infringir supuestamente la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
