El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles, 28 de julio, el proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, o Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega con el fin de que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Además, exige revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
La discusión del proyecto de Ley Renacer fue el punto número cinco de la agenda del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU, estaba identificada con el número de legislación HR. 2946.
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Albio Sires, congresista demócrata y presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, quien afirmó la semana pasada que él estaba «empujando» para que la iniciativa avanzara su camino en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, en esta semana, a través de su cuenta de Twitter celebró la aprobación.
Today @HouseForeign passed the RENACER Act, that I introduced with @RepMariaSalazar and other bipartisan colleagues, through markup by voice vote.
— Albio Sires (@RepSires) July 28, 2021
“Hoy el Comité de Asuntos Exteriores aprobó la Ley Renacer, que presenté con la congresista María Elvira Salazar, y otros colegas bipartidistas, a través del marcado por voto de voz. Este proyecto de Ley brindará a EE.UU. más herramientas para apoyar al pueblo nicaragüense frente al asalto de Daniel Ortega a sus derechos más básicos”, mencionó en una secuencia de tuits.
Insta a la Cámara y al Senado a “someter a votación”
Sires además recordó que la semana pasada se reunió con las esposas de los precandidatos arrestados, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, Victoria Cárdenas y Bertha Valle, respectivamente y dijo que “esas mujeres han sido condenadas ahora por cargos falsos de traición a la patria por pedir la liberación de sus maridos”.
Por tales razones, el congresista ahora “insto a la Cámara y al Senado a que sometan a votación este proyecto de Ley para que podamos seguir apoyando al pueblo nicaragüense”.
Aprobada también en el Comité de Relaciones Exteriores
El pasado 22 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dirigido por el senador demócrata Bob Menéndez, aprobó dicha iniciativa de Ley Renacer. En ese momento Menéndez dijo que “mientras continúa atacando descaradamente a los líderes de la oposición, el sector empresarial de Nicaragua y sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía ante la comunidad internacional”.
¿Qué sigue después?
Luego de la aprobación del comité de hoy, la legislación ahora se dirige al Senado para ser considerada por el Senado en pleno. Según han explicado especialistas, dentro del Congreso, la iniciativa de Ley Renacer está en el Subcomité del Hemisferio Occidental, que debe aprobarla y enviarla al Comité de Asuntos Exteriores; este último, igualmente, tendrá que aprobarla y remitirla al pleno de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU.
Posteriormente, si las dos votaciones de las cámaras (Cámara de Representantes y Senado) son «idénticas» con relación al contenido de la propuesta, se manda directamente a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y entre en vigencia. En el caso de que no sean idénticas las votaciones, según los especialistas, se manda a una especie de comité entre los representantes del Senado (ambos partidos) y los de la Cámara baja.
¿Qué es la iniciativa de Ley Renacer?
La iniciativa de Ley Renacer se basa en el texto de H.R. 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018, al exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021; coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea.
Además reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales; y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.
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Inicialmente este proyecto fue introducido por el senador Menéndez el pasado 25 de marzo, en el Senado estadounidense. Posteriormente, el 30 de abril, el Congreso de Estados Unidos recibió el proyecto presentado por el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar.
Los alcances del proyecto de ley
Como uno de los principales alcance de la iniciativa de Ley Renacer está la implementación y extensión de sanciones económicas al círculo familiar de Ortega y Murillo, funcionarios de la Policía, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del FSLN —incluyendo sus familias—, personas o entidades financieras aliadas, y personas señaladas de corrupción en Nicaragua. Además ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país.
La iniciativa solicita coordinar sanciones internacionales con sus aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, para incrementar las sanciones financieras a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
Asimismo, con la nueva enmienda el proyecto de Ley Renacer pide al poder ejecutivo estadounidense que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta). Y también, la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés). De tal manera, que el presidente Biden «impondrá 5 o más de las sanciones descritas en la sección 235 de esa ley con respecto a cada transacción identificada de conformidad con la revisión».
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A la vez, propone «mayor control de recursos para el régimen», a través de restricciones financieras internacionales al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias.
Además promueve que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. De la misma manera, requiere informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del Gobierno de Nicaragua en la corrupción, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
También requiere informes sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Daniel Ortega a medios independientes en Nicaragua, cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en el interior del país, desde que Ortega desató su represión.