El autor de este artículo es un preso político. Está en la cárcel desde el miércoles 9 de junio. Él nos envió este artículo el martes 8 de junio y lo publicaríamos al día siguiente. Pero en la tarde del mismo martes nos llamó para pedirnos que no lo publicáramos, pues temía que podría precipitar su encarcelamiento. No lo publicamos pero de todas maneras lo metieron en la cárcel. Ahora sus familiares nos han pedido que lo publiquemos y lo hacemos con mucho gusto. El artículo no ha perdido actualidad, pareciera que lo hubiera escrito hoy mismo.
El editor
Ortega minuciosamente ha tejido el telón de fondo para presentar su nueva farsa electoral, con medidas de hecho como la consolidación de un estado policial, con suspensión de garantías constitucionales y medidas legales y administrativas, aprovechando el control absoluto que ejerce sobre los poderes del Estado y las fuerzas armadas; ha venido anudando los hilos sueltos, cerrando los espacios por los que podría escapar su continuidad en el poder y la posibilidad de instaurar una dinastía.
El dictador, como artesano diligente, ha cercenado toda posibilidad de triunfo de la oposición; sus organismos de inteligencia y su control del sistema de partidos políticos han contribuido a la puesta en escena de su teatro electoral. El fraude institucional o sistémico está perfectamente construido, los diálogos y acotaciones están escritos, la introducción ya se ha presentado, la parte media está en desarrollo y la conclusión asegurada; o se juega bajo sus reglas ateniéndose al guion o no se juega.
El diseño del proceso electoral orteguista ha secuestrado la soberanía popular, conculcándole la posibilidad de expresarse libremente mediante el voto; Ortega ha anulado el derecho de elegir y de ser electo, apropiándose del derecho a decidir nuestro futuro, convirtiéndose en único elector, él escoge con qué partidos y con qué candidatos enfrentarse. Su diligencia es tal, que habiendo logrado impedir que la oposición se uniera en una alianza electoral, ante el riesgo de que la unidad se consolidara alrededor de la candidatura más popular, rápidamente saca del juego a Cristiana Chamorro Barrios, encerrándola e inhibiéndola de forma arbitraria y posteriormente capturando y procesando a Arturo Cruz y Félix Maradiaga.
La farsa electoral orteguista carece de todos los atributos de unas elecciones democráticas, no es inclusiva, ni limpia, ni competitiva; ni siquiera por las dudas del dictador son irreversibles sus resultados amañados. No existe, en el proceso antidemocrático orteguista, atributo alguno ni sus componentes definidos por la OEA, en el Manual de Observación Electoral.
La dictadura controla al árbitro electoral, impone las reglas, abre o cierra las puertas para la participación, se dota de todas las ventajas posibles, impidiendo que la oposición tenga igualdad de oportunidades, además la reprime y contiene, en estas circunstancias nadie puede en conciencia alegar que estamos frente a un ejercicio democrático.
Son tan evidentes, groseras y descaradas las actuaciones del régimen que la comunidad democrática internacional, desde ya, aprecia como ilegítimas las elecciones de noviembre por contrarias a las prácticas democráticas y pone en duda la posibilidad de que los resultados de esta nueva farsa puedan ser reconocidos, exigiendo unánimemente que Ortega cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia y garantice unas verdaderas elecciones, acatando las recomendaciones de la OEA; esa misma comunidad espera que los nicaragüenses nos unamos en la acción exigiendo condiciones apropiadas, ejerciendo una actitud digna, firme y coherente que no se evidencia cuando mansamente, sin rechistar, algunos se someten a las reglas de Ortega.
La participación, al menos en parte del proceso orteguista, solamente puede justificarse y recibir el respaldo de la gran mayoría que no confía en los partidos políticos, si estos aprovechan el proceso para fortalecer la lucha por la libertad y la democracia valiéndose de cualquier espacio u oportunidad para debilitar a la dictadura, no para buscar asignaciones o ventajas que la disposición al zancudeo pueda granjearles. La coherencia debe partir del conocimiento de que la ilegitimidad de unas elecciones cubre la totalidad de sus resultados, no una parte de los mismos. Sin exigir condiciones en forma consistente y sostenida, no podrá convencerse al ciudadano de que el voto en una nueva farsa es un método útil de lucha, máxime cuando en el pasado se ha gritado fraude, pero se ha terminado aceptando las asignaciones y prebendas del dictador.
El autor es abogado.
