El Ministerio de Gobernación (Migob) se ha negado a inscribir como agente extranjero a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la cual ha intentado inscribirse desde diciembre de 2020, para cumplir con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, pero no lo ha conseguido debido a la no anuencia de esa entidad, por lo que sus representantes temen que el régimen de Daniel Ortega les retire la personería jurídica y con ello dejar de funcionar.
Según la abogada de la CPDH, Carla Sequeira, desde el 10 de diciembre de 2020 la organización ha estado realizando gestiones y suministrando al Migob la información solicitada para recibir una constancia de cumplimiento que se necesita para registrarse como agente extranjero.
«Todavía no nos hemos logrado inscribir ante el Ministerio de Gobernación como agente extranjero, se podría decir, según el gobierno, que estamos trabajando de manera irregular. Aún no nos dan la constancia de inscripción», aseguró Sequeira.
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El reciente 8 de febrero, el Migob rechazó un recurso de apelación presentado por la CPDH y se rehúsa a dar a la organización la carta de cumplimiento para completar con todos los requerimientos estatales y así continuar trabajando legalmente, explicó.
Temor a cierre
La Asamblea Nacional aprobó el 19 de octubre de 2020 la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», por ser similar a una legislación vigente en Rusia. La mencionada ley exige a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como agente extranjero y rendir cuentas de sus actividades.
«Por supuesto, hay temor a que cierren la organización porque esa es una posibilidad», manifestó Sequeira.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en declaraciones pasadas, confió a LA PRENSA que funcionarios del Migob pretenden obligarlos a que presenten una lista con los nombres de las personas que interponen denuncia en esta organización y advirtió que si Ortega los obliga a cerrar, tendrá que pagar un costo político.
«Nosotros ya tenemos una ruta definida en el caso de que el Ministerio de Gobernación se niegue a inscribir a la CPDH. Nosotros hemos sido claros, que con personería jurídica o sin personería jurídica, nosotros vamos a seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo decimos esto porque al final también como personas, como individuo, también uno puede dedicarse a esa labor, de tal manera que vamos a seguir. Esta ley no nos va a impedir que sigamos trabajando en los derechos humanos”, sostuvo Carmona.
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¿Qué exige el Migob a las organizaciones no gubernamentales para poder inscribirse como agente extranjero? La abogada explicó que son requeridos los estatutos de la organización; nombres, direcciones, números de teléfonos y la firma de los directivos; carta de cumplimiento que es emitida por Migob y el documento que refleja el poder general del representante de la junta directiva.
Cenidh sigue trabajando
El 12 de diciembre de 2018 el régimen, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Esta organización se dedica a defender los derechos humanos de nicaragüenses.
«Más que el cierre formal lo que obstaculiza e impide un trabajo abierto es la persecución de que uno es objeto, por lo que trabajamos con miedo. El derecho de defender derechos tiene que ver con la asociación, que no se puede limitar, a mí no me pueden quitar mi derecho a ser defensora de derechos humanos y en eso nos amparamos… tengo temor a que el régimen me mande a arrestar, a como lo tienen todos los nicaragüenses, no voy a ser farsante y decir que no tengo temor, claro que tengo temor. ¿Quién no va a tener temor dentro de un país gobernado por una fiera? He decidido no moverme del país al costo que sea», afirmó a LA PRENSA doña Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
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En agosto de 2018, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) se vio obligada a salir al exilio. Actualmente desde Costa Rica sigue monitoreando violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, desde Costa Rica, trabaja de manera activa el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, conformado por abogados y especialistas nicaragüenses en el exilio.
Además del Cenidh, los diputados orteguistas cancelaron el registro legal del Instituto de Liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na, entre otras.
