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CONTENIDO EXCLUSIVO.Actualmente el régimen orteguista mantiene encarceladas a diez mujeres, entre las que figuran activistas políticas y líderes de la oposición. La situación de estas diez presas políticas es preocupante debido a la constante violación de sus derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua y de las instituciones correspondientes.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la cifra de presos políticos ha aumentado y disminuido continuamente. Hasta mayo del presente año, el número de presos políticos equivalía a 112 personas, tres eran mujeres: Karla Vanessa Escobar, María Esperanza Sánchez y Julia Hernández, quienes están condenadas por los supuestos delitos de portación de armas y municiones, transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
En mayo y junio del 2021 se perpetuó una ola de arrestos que derivó en la captura de más de 20 líderes, activistas políticos y empresarios; de este grupo de personas, siete son mujeres. Seis de ellas se encuentran detenidas y en proceso de investigación citando la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Sus nombres son: Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y María Fernanda Flores, quien se encuentra en arresto domiciliario.
Cristiana Chamorro, por otra parte, se encuentra en arresto domiciliar siendo investigada por el presunto incumplimiento a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
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Las mujeres y el activismo político
A lo largo del mandato presidencial del gobierno actual se ha observado una fuerte campaña de rechazo y desprestigio en contra de las mujeres que representan un símbolo líder de activismo político y social. A pesar de que esta campaña en contra de las mujeres es anterior al 2018, es a partir de este momento que el Estado de Nicaragua comienza a perpetuar diversas acciones que criminalizan y hacen retroceder el activismo que ellas ejercen, una de ellas fue quitarles la personería jurídica a organizaciones y colectivos de mujeres.
“Relanzamos las Comisarías de la Mujer. Nos vimos obligados a hacer un tránsito hacia otro modelo. ¿Por qué fue? Porque andaban por ahí las disfrazadas promoviendo el aborto desde las oficinas y las Comisarías de la Mujer… Es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo porque se atreven a hablar en nombre de las mujeres, quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer”, manifestó la vicepresidenta Rosario Murillo en el discurso del 15 de septiembre de 2020, cuando amenazó e insultó al sector opositor, incluyendo a mujeres activistas.
En un evento virtual de la Red Internacional de Derechos Humanos en el que se abordó la persecución judicial y las violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Nicaragua, Haydée Castillo, defensora de los derechos humanos, aseguró que las mujeres que se encuentran subordinadas en cargos públicos han sido parte del desmantelamiento del marco de derechos humanos de las mujeres y que eso no califica como la aclamada “igualdad de género” que el gobierno difunde tener a nivel nacional e internacional.
“El régimen Ortega Murillo ha vendido muchísima falsedad a la comunidad internacional (…) ha vendido la idea de que Nicaragua es uno de los países más adelantados en igualdad de género, eso está muy lejos de la verdad. Si hay un régimen en la historia de Nicaragua que se ha encargado de hacer retroceder los logros que las organizaciones de mujeres, que el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista había logrado producto de un arduo trabajo y compromiso, ese ha sido el régimen Ortega-Murillo”, denunció Castillo.
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¿Dónde están las presas políticas?
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, de estas 10 presas, tres han sido ya condenadas en el Sistema Penitenciario de Nicaragua: María Esperanza Sánchez, Karla Escobar Maldonado y Julia Christina Hernández. Solo Cristiana Chamorro está siendo procesada, mientras que Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Violeta Granera y María Fernanda Flores están detenidas.
A pesar de que existen nociones del paradero de las mujeres detenidas a partir del mes de junio del año en curso, Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, aseguró que las autoridades correspondientes no han notificado nada a los familiares y tampoco a los abogados defensores. “No sabemos dónde están, en el Chipote nos reciben agua y productos de higiene personal. Sin embargo, en un centro de tortura como lo es el Chipote que nos reciban agua, solo eso están dejando pasar, no es garantía de que estén allí”, denunció Álvarez.
Álvarez aclaró que el Estado de Nicaragua debe de garantizar que tanto los familiares como sus abogados conozcan dónde y cómo se encuentran. “Mientras eso no suceda, vamos a seguir diciendo que están desaparecidas”, aseguró Álvarez.
Detenciones, procesos y condenas arbitrarias
Las detenciones de las siete mujeres recientemente tuvieron una visible diferencia en el momento de capturas, pues Álvarez afirmó que las preguntas realizadas a las personas que se encontraban en la vivienda de Támara Dávila eran de carácter invasivo a la privacidad de Dávila. “Es allí donde realizamos un análisis de las violencias particulares por el hecho de ser mujeres. En los allanamientos de hombres, no hay necesariamente un interés en saber si la persona tiene o no pareja”, evidenció Álvarez.
El interés por la vida privada de las mujeres que estaban siendo detenidas, según Álvarez, es debido a que quieren crear una relación de poder desde la lógica patriarcal. “Preguntaron sobre cuántos hombres frecuentaban la casa y si tenían parejas mujeres”, continuó Álvarez.
Aseguró también que tanto en el caso de Tamara Dávila como en el de Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil la línea de preguntas fue similar. “Durante los allanamientos la Policía si tiene una orden, debe incautar elementos relacionados a la investigación. Y no fue así, no tenían orden y los objetos que se llevaron eran cosas de la vida personal que nada tienen que ver con la investigación. Sin embargo, son elementos que por el hecho de ser mujer y las violencias particulares pueden establecer una relación de poder con ellas desde la lógica patriarcal. Es así como actúa la Policía en las detenciones particulares de mujeres”, desarrolló.
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó lo siguiente durante su presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA): “La Comisión advierte además que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignando en su lugar a una abogada o abogado de oficio, y la mayoría se encontrarían incomunicadas. La CIDH recibió información sobre la realización de audiencias ‘secretas’, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua”.
Esta situación no es ajena a las presas políticas, quienes también han sido víctimas de agresiones, procesos y condenas arbitrarias. A continuación detallamos un poco más sobre las irregularidades de los 10 casos:
Presas políticas
María Esperanza Sánchez García
María Esperanza tiene 52 años y es originaria de Matagalpa. Viene de una familia con historial de lucha cívica, su padre fue encarcelado dos veces, la primera vez por la guardia somocista y la segunda vez por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde el inicio de la lucha en abril del 2018, Sánchez mantuvo un firme apoyo a los jóvenes autoconvocados. Como consecuencia de su compromiso con las manifestaciones en contra del gobierno orteguista, le resultaba una ardua tarea encontrar un empleo, pues era asediada y perseguida constantemente por paramilitares. Su casa fue blanco de las turbas sandinistas, quienes grabaron en la pared de su vivienda la palabra “plomo”.
La detención y condena de Sánchez García está repleta de irregularidades, denunció Julio Montenegro, miembro del colectivo Defensores del Pueblo. Según la acusación de la Fiscalía, su captura se sitúa en el kilómetro 10.2 de la Carretera a Masaya el 27 de enero de 2020, cuando presuntamente le encontraron 1,200 gramos de marihuana. Sin embargo, María Esperanza fue capturada el 26 de enero, mientras se encontraba en la ciudad de Managua. “Hay una violación al debido proceso […] Desde ahí comienza una situación irregular, el proceso sería un proceso nulo, aun así hubo una admisión de parte del juez”, comentó Montenegro, su abogado defensor.
Cinco meses después de su detención, Sánchez García fue condenada a 10 años de prisión y a una multa de 31 mil córdobas por el delito de tráfico de estupefacientes. Según comentó su hija, Sherly García, la salud de María Esperanza es delicada. Además de lidiar con asma crónica y problemas de presión arterial, presenta síntomas de trombosis en las piernas y mareos constantes. “Le toca visita y yo le entrego las cosas que le llevo personalmente en sus manos, porque antes no se las entregaban. Recolectamos lo que podemos para apoyarla, algo de comida y sus pastillas”, declaró García.
Karla Vanessa Escobar Maldonado
Escobar Maldonado fue detenida por primera vez el 3 de enero de 2019. Estuvo bajo arresto durante un periodo de dos meses y 12 días bajo ningún cargo y sin presentarla ante un juez. Fue puesta en libertad el 15 de marzo del 2019, tras ser aprobada la Ley de Amnistía que la exculpaba de sus presuntos crímenes.
El 30 de abril de 2020 fue capturada mientras realizaba tareas de jardinería en el patio de su casa. Se le condenó a 10 años de prisión por delitos de portación de drogas y armas. Al igual que Sánchez García, su estado de salud es delicado debido al padecimiento de enfermedades crónicas y a la depresión, que es consecuencia de la falta de contacto con su pequeño hijo de 10 años.
Julia Christiana Hernández Arévalo
No es la primera vez que Julia Hernández es víctima de las manos represivas del régimen orteguista. Fue apresada por primera vez el 30 de noviembre del 2019. El día de su captura, 7 de enero del 2021, agentes policiales acompañados de técnica canina ingresaron a su vivienda sin presentar una orden de allanamiento, presuntamente en busca de armas y drogas. Pese a no encontrar ninguna prueba, los agentes se llevaron detenido al esposo de Hernández Arévalo.
Durante el allanamiento ilegal, la Policía se llevó consigo los celulares y documentos de identidad de Julia y su esposo, Eduardo Morales. La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que después de lo ocurrido, Hernández no regresó a su hogar: “Estuvo desaparecida por ocultamiento de paradero durante aproximadamente 15 días. Ya que después de eso, ya no regresó a su hogar y hasta el 22 de enero, le permitieron llamar a su familia”, denunció el organismo.
Julio Montenegro, abogado miembro de la agrupación Defensores del Pueblo, comentó: “La detención de Julia Christiana Hernández y Eduardo Morales fue el 7 de enero del 2021, sin embargo, el recibo de ocupación de casi 8 mil gramos de marihuana es del 20 de diciembre del 2020, y el acta del resultado de allanamiento del 7 de enero del 2020. Así comenzó el juicio”.
Montenegro agregó que hasta el 19 de enero del 2021 a Hernández se le habían realizado dos audiencias sin que la familia estuviese enterada y sin permitirle escoger un abogado. Hernández Arévalo fue condenada a 18 años de prisión y a una multa de 50 mil córdobas. La presa política, además de padecer diabetes, tiene personas a su cargo como su hijo de nueve años y su madre, quien es una mujer mayor con discapacidad.
Cristiana Chamorro Barrios
Cristiana Chamorro representa para Daniel Ortega una fuerte amenaza en las próximas elecciones. Ella es hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien le ganó a Ortega en las elecciones de los 90, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado bajo la dictadura somocista.
Fue presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización no gubernamental sin fines de lucro que nació con la iniciativa ciudadana de incentivar la democracia, la paz y el desarrollo social. Dicha fundación suspendió operaciones en febrero de este año, debido a que no se sometió a la Ley de Agentes Extranjeros.
La periodista y vicepresidenta de LA PRENSA anunció su interés de inscribirse en el proceso para escoger al candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) el 29 de abril de este año. Ella era una de las personas mejor valoradas para el puesto, según diversas encuestas.
Unos días más tarde, el 2 de junio, fue detenida bajo arresto domiciliario, pues está siendo investigada citando la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. La orden de captura, emitida por la titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría Morales, salió casi al mismo tiempo en el que las autoridades estaban allanando su hogar, el cual duró alrededor de cinco horas, para después dejar a Chamorro bajo arresto domiciliario.
Existen muchas irregularidades y arbitrariedades en el caso de Chamorro, cometidas por funcionarios del poder judicial, Ministerio Público (MP) y Ministerio de Gobernación (Migob), desde el hecho de no permitirle un abogado defensor, violando así sus derechos civiles, hasta la inhibición de la aspirante a la presidencia para así no tener la posibilidad de optar a ningún cargo público, lo cual viola sus derechos civiles y políticos, pues aún no existe una sentencia que justifique tal acción.
Violeta Granera
El 8 de junio del 2021 aproximadamente 35 oficiales ingresaron a la vivienda de Violeta Granera, no presentaron ninguna orden de allanamiento; sin embargo, registraron toda la casa y se llevaron consigo el teléfono celular de la activista, libretas de apuntes y algunos documentos de su trabajo.
Mientras allanaron su hogar, Granera permaneció esposada. Cuando la opositora intentó preguntar por qué estaba siendo arrestada, los agentes policiales la abofetearon en el rostro. Se le notificó que iba a ser trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial, sin embargo momentos después decidieron que quedaría detenida bajo arresto domiciliario.
En una actualización el día 9 de junio, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), de donde es miembro Granera, comunicó lo siguiente: “Ella está en su casa, totalmente aislada, sin comunicación al exterior. Tiene policías dentro de la casa que van con ella en todo momento, inclusive si se ducha. La única persona autorizada para verla es su hijo”. A su vez, Julio Sandino Granera, su hijo, agregó que en el residencial donde ella vive había una patrulla que estaba constantemente revisando quién ingresaba o salía del lugar.
Dos días después, la noche del 11 de junio, Granera fue sacada de su domicilio y presuntamente trasladada a las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial. A la mañana siguiente sus familiares se presentaron para llevarle alimentos, pero no fueron recibidos y tampoco se les indicó nada sobre el paradero de Granera.
Un comunicado de la UNAB publicado el 11 de junio denunció lo siguiente: “A las 7 p.m. de este viernes 11 de junio la policía se ha llevado a Violeta Granera en un vehículo no oficial. La policía no informó donde la trasladan y si sería para interrogarla, por lo que se considera una persona desaparecida. Su abogado defensor no fue informado de esta acción que violenta el régimen de arresto domiciliario que se le fue impuesto”.
Tamara Dávila
Dávila se encontraba en su hogar junto a su hija de cuatro años cuando agentes policiales irrumpieron en su casa. Posteriormente, se la llevaron arrestada para trasladarla a las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció a través de su cuenta de Twitter la detención de Dávila.
«La Policía irrumpió violentamente en su casa sin importarles la presencia de una niña de 4 años. Exigimos al régimen Ortega Murillo respete su integridad personal», comunicó el organismo.
Durante el allanamiento al domicilio de la activista, la Policía emitió un comunicado en el que explicó que Dávila estaba siendo investigada por el presunto incumplimiento a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Tiempo después, el Ministerio Público informó que el plazo de arresto de la opositora se ampliaría a 90 días, tras haberse realizado una audiencia a puerta cerrada en la que no se le permitió contar con su abogado defensor.
Tras su detención, los familiares de Dávila no han podido verla ni conocen su estado de salud. Los agentes policiales no han permitido el ingreso de alimentos o medicina y se han limitado a recibirles agua.
Suyén Barahona
La presidenta de la Unión Demócrata Renovadora (Unamos) y de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), Suyén Barahona, es una figura líder de activismo social y político en Nicaragua. Barahona ya había recibido amenazas y detenciones en el contexto del levantamiento cívico en el año 2018, pues desde entonces representa aún más una oposición fuerte y permanente en contra del gobierno de Nicaragua.
El 13 de junio del año en curso Suyén Barahona fue detenida, horas antes su casa ya estaba con una fuerte presencia policial, pero no fue hasta la tarde de ese día que las autoridades iniciaron el allanamiento. “Si están viendo este video, es porque la Policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado a como lo ha hecho con otros liderazgos políticos, sociales y defensores, y también con los más de 120 presas y presos políticos”, expresó Barahona en un video que grabó minutos antes de su detención arbitraria.
Barahona fue detenida por la investigación por supuestamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización (…) en conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055”, justificó la Policía en un comunicado de prensa el mismo domingo 13 de junio.
Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil
Dora María Téllez significó una figura importante en la Revolución sandinista que derrocó a la dictadura somocista. En 1995 fundó y dirigió el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente conocido como la Unión Demócrata Renovadora (Unamos), con el objetivo de crear una nueva fuerza política que “reivindique los auténticos valores del sandinismo, la democracia y la justicia social”, ya que en aquel entonces Téllez ya consideraba que Nicaragua era una dictadura familiar de Daniel Ortega, familia y amigos. En el año 2007, el régimen orteguista ilegalizó el MRS. Al año siguiente, Téllez realizó una huelga de hambre en la rotonda de Metrocentro para exigir la legalidad de su grupo, así como mostrar su “solidaridad con miles de nicaragüenses que padecen hambre, que viven en asentamientos en condiciones infrahumanas, que están desempleados”:
Ana Margarita fue presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Trabajó como docente de derechos humanos y género, así como en la Embajada de Nicaragua en el Tribunal Internacional de La Haya. Se unió a la campaña de Herty Lewites para la presidencia, en el año 2006, y participó activamente de las protestas y manifestaciones organizadas tras el comienzo de la crisis sociopolítica en abril del 2018. “En el 2010 regresé a Nicaragua, más decidida a hacer política, precisamente para trabajar por los cambios que contribuyan a mejorar la vida de los nicaragüenses. En el 2011 me lancé de candidata a diputada y me inhibieron. Me dijeron que no cumplía los requisitos por haber estudiado fuera, pero la Constitución lo permitía”, confesó Vijil en una entrevista con el medio de comunicación Coyuntura.
Téllez y Vijil se encontraban juntas al momento de su detención. Desde tempranas horas del domingo 13 de junio, agentes policiales asediaron la casa en la que se encontraban las dos activistas. Tras un rato ingresaron drones a la propiedad con el fin de vigilarlas. Según denuncias de algunos familiares, su arresto fue ejecutado mediante un operativo policial que desplegó a más de 60 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), cuatro patrullas y vehículos de parapolicías. Las autoridades ingresaron al domicilio con violencia, rompieron puertas y encañonaron con armas a las personas que estaban dentro. Enseguida, los antimotines golpearon a Ana Margarita para someterla. Tomaron del cabello a Téllez, la golpearon en el estómago y la esposaron. Luego las subieron a ambas a un vehículo y tras sacarlas de su vivienda, los agentes policiales se quedaron registrando el domicilio.
María Fernanda Flores
Fue detenida bajo arresto domiciliario el 21 de junio del 2021. Según un comunicado de la Policía, se le acusó de haber infringido la Ley 1055 y de haber realizado actos «que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación». También se le imputó el «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos». Dos días después de su captura, la Fiscalía informó a través de una nota de prensa que la exdiputada estará 90 días detenida mientras se le investiga por los crímenes que presuntamente cometió. Actualmente permanece en su domicilio bajo custodia policial.
