Tomo el mismo título del artículo de opinión del ilustre doctor Guillermo Areas Cabrera (de paso presento mis disculpas al doctor Areas), publicado en este Diario de fecha 8 de julio de este año. En ese artículo el doctor Areas expone lo que es realmente cierto, sobre apartar a los abogados que asistimos a personas naturales o jurídicas que requieran de nuestros servicios profesionales para realizar cualquier trámite administrativo, en el Registro, agregando y en otras instituciones de la administración pública.
Es posible que la publicación del Poder Judicial vista y leída en su página web oficial, en la sección “Notas de Prensa” respecto a la divulgación de que no se necesita pagar a un abogado para inscribir una propiedad, o tramitar cualquier servicio en las oficinas “públicas” del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, Catastro, DGI, y Alcaldía, se deba a un error de algún empleado o funcionario que fue más allá de lo que se le dijo, y es posible también que tal error se corrija y sea publicada la corrección. Por otra parte, en la Procuraduría General de la República (PGR), desde el inicio de la administración de Hernán Estrada en el cargo de procurador, hasta la fecha, como principio fundamental, se estableció que toda persona natural o jurídica tenía que comparecer físicamente si es natural, o el gerente si representa a una persona jurídica, para realizar cualquier trámite en esa dependencia, que no es necesario la asistencia o representación de ningún abogado. Me da la impresión que la misma administración pública pretendiera desplazar a los profesionales del derecho independientes.
En la PGR si la persona natural o física se hace acompañar o delega a un abogado para solicitar una simple constancia inmediatamente, le dicen que el abogado no es necesario, y solamente permiten la entrada a la persona solicitante del trámite, sin que esta pueda exponer de forma clara su trámite o problema. En las alcaldías sucede algo parecido, aunque te permitan el acceso como abogado, y puedas realizar cualquier solicitud, el trato de algunos empleados y funcionarios públicos hacia los abogados y gestores es indigno y grosero, al parecer se olvidan de que su misión o labor es administrar y servir al ciudadano que simplemente llega a las oficinas públicas a solicitar un servicio por los cuales de previo ha tributado. Espero que todo lo señalado también sea un error con posibilidad de corregirse, evitando un mal trato de abogados hacia los abogados. Mis sinceros y gratos recuerdos a nuestro profesor de Derecho, y de generaciones, doctor Guillermo Areas Rojas (q.e.p.d.), cariñosamente nuestro pretor.
El autor es abogado.
