El tema de las sanciones externas al régimen de Daniel Ortega es del principal interés de los nicaragüenses. Nosotros lo podemos percibir con las visitas de nuestros suscriptores y lectores a los diversos temas que se publican a diario en la edición digital de LA PRENSA.
Esto es comprensible. Los ciudadanos temen que las sanciones internacionales pudieran escalar de lo político a lo económico. Por ejemplo —y a propósito de la reciente Resolución del Parlamento Europeo—, que se suspenda a Nicaragua de su participación en el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica lo que haría perder al país los beneficios de ese tratado.
Más preocupante aún es la probabilidad de que por las sanciones de Estados Unidos (EE. UU.), Nicaragua sea excluida del tratado regional de libre comercio DR-Cafta, lo cual tendría consecuencias económicas y sociales desastrosas para el país. No tanto para el gobierno, sino principalmente para los empresarios, trabajadores y toda la demás gente que sufriría directamente por la pérdida de las ventajas del DR-Cafta, del que Nicaragua ha sido el más beneficiado entre todos los países que lo integran.
Que Nicaragua sea suspendida del DR-Cafta no es una simple intimidación. La Ley Renacer que está en trámite en el Congreso norteamericano y es de consenso bipartidista, incluye una enmienda para que se disponga la suspensión del país, a pesar de que según los expertos este tratado no tiene previsto un procedimiento para hacer tal cosa.
Desde mucho antes de que el régimen dictara una ley para reprimir a quienes aboguen por sanciones externas, o las aplaudan, cuando se le comenzaron a imponer a la dictadura de Ortega sostuvimos el criterio de que no por sancionar a este se debe castigar a la población inocente. Nos referimos a que, según los expertos, si Nicaragua fuese suspendida del DR-Cafta solo en las zonas francas alrededor de 100 mil trabajadores quedarían desempleados, y más o menos medio millón de personas que forman sus familias serían condenadas a la extrema pobreza. Y en fin de cuentas el impacto negativo lo sufrirían todos los nicaragüenses que no forman parte de la cúpula privilegiada y protegida del régimen.
No es moralmente aceptable, ni políticamente razonable, que por castigar a un régimen dictatorial y a la reducida cantidad de personas y grupos que lo sostienen y disfrutan, se castigue a toda una población que ya ha sido y sigue siendo despiadadamente apaleada por la dictadura.
También dicen los expertos que EE. UU. no sacaría a Nicaragua del DR-Cafta, porque el desempleo masivo que provocaría empujaría a muchos miles más de nicaragüenses a tratar de ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, agravando el problema yanqui de fronteras y migración.
Pero en cualquier caso, nosotros queremos dejar clara nuestra posición sobre sanciones económicas que perjudicarían gravemente al pueblo nicaragüense. Esta posición es igual a la que hemos sostenido con respecto a las presiones de sectores radicalizados de la oposición a los empresarios privados, de que deben realizar paros empresariales para —supuestamente— debilitar a la dictadura.
Hemos dicho y lo sostenemos, que los paros empresariales son como dispararse un tiro en la rodilla para que le duela al enemigo. O sea que a quien le harían daño no sería a la dictadura, sino a los propios empresarios y al país entero.
Lo mismo debemos decir sobre las sanciones que por castigar a la dictadura hundirían a la población en una situación de mayor pobreza y necesidad, igual o peor que la de Haití.
