La opositora Tamara Dávila, de 40 años, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) cumple este lunes, 12 de julio, un mes de estar encarcela o “secuestrada” en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
A la fecha no ha sido vista por sus familiares ni por su abogada.
Dávila fue apresada por la Policía del régimen, frente a su hija de cinco años, la noche del sábado 12 de junio, luego de un violento allanamiento en su vivienda, que se ejecutó sin orden judicial, según han denunciado sus familiares.
A la opositora se le aplicó la Ley No. 1055 o la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, al igual que a una veintena de dirigentes opositores encarcelados entre el 28 mayo y el 5 de julio, incluidos seis aspirantes presidenciales.
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En una entrevista con LA PRENSA, su hermana Ana Lucía Álvarez Vijil, manifestó que Dávila desde hace meses atrás ya venía sufriendo asedio y acoso policial, que también afectaban emocionalmente a su hija y familiares.
“En el caso de mi sobrina, la niña paso básicamente cinco meses en una situación de hostigamiento permanente y aunque Tamara buscaba muchos mecanismos para poder sortear eso, al final de cuenta la niña estaba clara que hay una patrulla afuera de la casa cada vez que salía o cada vez que entraba. En algunas ocasiones le tomaban fotos. Eso también son prácticas que violentan uno de los principios más importantes que deben proteger los Estados que es el interés superior de las niñas y los niños”, dijo Álvarez.
A la fecha, el régimen ha detenido a 26 personas, las cuales llevan hasta este 12 de julio entre 45 y siete días «secuestrados» o en condición de casa por cárcel.
Diferentes organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han denunciado que estas personas no han contado con un debido proceso y no cuentan con garantías mínimas, como poder comunicarse con sus familiares. Estos 26 presos políticos se sumaron a los más de 130 prisionero político que están en las cárceles desde el 2018.
Los arrestos de dirigentes opositores en Nicaragua de las últimas semanas han desatado una condena internacional, incluyendo a gobiernos de izquierda como México y Argentina, quienes han demandado la liberación de todos los presos políticos.
Las elecciones en Nicaragua son el próximo 7 de noviembre, para elegir al presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y del Parlamento Centroamericanos (Parlacen). Sin embargo, el proceso electoral se vive bajo un clima de hostigamiento, represión y asedio a opositores.