El analista político e integrante de la Coalición Nacional (CN), José Bernard Pallais Arana, cumple este viernes un mes de estar supuestamente detenido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, sin poder ver a su familia, sin ser asistido por su abogada y con condición de salud desconocida.
El pasado miércoles 9 de junio, en horas de la mañana, la Policía orteguista al mando del comisionado general Fidel Domínguez, en León, detuvo al opositor Pallais, de 67 años, quien desde tempranas horas había denunciado que la Policía mantenía rodeada su vivienda. Los uniformados lo fotografiaron al momento de la detención. Dos días después, el Ministerio Público informó que el opositor iba a pasar 90 días en prisión mientras se realizaban las «investigaciones».
«Nada todavía, no lo hemos podido ver nosotros ni sus abogados. Lo que más nos preocupa es el estado de salud de él, nos preocupó la información que apareció en redes sociales sobre su salud, pero no tenemos mayor información oficial. Él padece de hipertensión, padece del corazón, padece de inflamación en los miembros inferiores, padece de diabetes, padece de glaucoma, de enfermedades pulmonares, apnea del sueño, obesidad, una cantidad de enfermedades. La Policía nos ha solicitado en varias ocasiones que le llevemos medicamento, pero no sabemos si se los están dando o si se los están dando bien, queremos que el médico de él lo pueda valorar», relató un familiar de Pallais, bajo la condición de anonimato.
Pallais en la indefensión
Tras su detención, la institución del régimen informó que Pallais está siendo investigado «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos», basados en la Ley 1055.
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La abogada de Pallais, quien solicitó el anonimato, detalló que interpuso un recurso de exhibición personal ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) para que estos increpen a la Policía y la obliguen a mostrar al detenido, pero a la fecha no han logrado resultados favorables.
Agregó que ha solicitado al judicial a cargo de la causa y a la Policía poder entrevistarse con su representado, pero se le ha negado ese derecho constitucional.
LA PRENSA llamó a doña Jilma Herdocia, esposa de Pallais, para conocer si ha logrado obtener información sobre el paradero de su esposo, pero no contestó las llamadas ni los mensajes. No obstante, el pasado 4 de julio manifestó su angustia por la situación de salud de Pallais, tras circular información sobre su supuesto trasladado a un hospital.
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En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido a 26 opositores, los cuales llevan hasta este 9 de julio entre 42 y 4 días secuestrados o en condición de casa por cárcel. En la noche del lunes, a la lista se sumaron los jóvenes opositores Lesther Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), y los líderes campesinos, Medardo Mairena, quien se convirtió en el sexto aspirante presidencial “secuestrado”, Pedro Mena y Freddy Navas.
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Diferentes organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han denunciado que estas personas no han contado con un debido proceso y no cuentan con garantías mínimas, como poder comunicarse con sus familiares. Entre los detenidos hay seis precandidatos presidenciales, líderes opositores de diferentes plataformas políticas, un banquero, un cronista deportivo crítico de la dictadura, dos extrabajadores de la FVBCH y el conductor privado de la precandidata Cristiana Chamorro.
