El observatorio ciudadano Urnas Abiertas reiteró a través de un comunicado que las condiciones actuales respecto a normativa electoral y derechos humanos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales para que se lleven a cabo las elecciones generales y legislativas el próximo 7 de noviembre en el país, y advierte que de realizar un proceso electoral en las circunstancias actuales, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen.
No obstante, el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por el oficialismo, expresó en su último y más reciente boletín informativo que el «proceso electoral» se está desarrollando bajo «todas las garantías», pese a las 21 personas arrestadas, entre ellas líderes opositores y cinco aspirantes a la Presidencia.
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Según la comunicación, la magistrada sandinista Mayra Salinas recalcó que el CSE «está impulsando un proceso donde todas las garantías, todas las facilidades están debidamente establecidas en la Ley Electoral, en la Constitución Política» y, por tanto, “todos los que quieran participar van a hacerlo, o lo están haciendo”.
Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, solicitó 90 días de detención judicial a los cinco aspirantes presidenciales, dicho período fue aprobado por el poder judicial, bloqueando así la inscripción oficial de sus candidaturas, proceso que según el calendario electoral se debe realizar entre el 28 de julio y el 2 de agosto.
Urnas Abiertas también señaló que desde la publicación del calendario electoral el pasado 11 de mayo, se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado, al respecto, el observatorio reporta al menos 225 hechos de violencia entre el 1 y el 15 de junio, cometidos en el contexto electoral.
Justicia electoral
El equipo de profesionales en temas políticos, electorales y de derechos humanos que integran el observatorio, indica que el CSE es clave para garantizar la justicia electoral, que es fundamental para cualquier proceso electoral democrático, en tanto vela por la legalidad de las elecciones y garantiza los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.
Mientras el CSE avanza en todas las actividades programadas en el calendario electoral, de cara a los comicios generales, la comunidad internacional y la oposición nicaragüense persisten en la demanda de que se garanticen elecciones libres, justas, transparentes y observadas.
Para el politólogo, Pedro Fonseca, “en Nicaragua, hablar de justicia electoral cuando no existe justicia del todo, es un enorme reto», según refiere el comunicado y agrega que «la inhibición de personas candidatas de oposición en un proceso electoral es la muestra más contundente de fraude y la prueba de que no existen condiciones para el desarrollo de dicho proceso. El órgano electoral no cumple su función de garantizar justicia electoral y de desarrollar sus funciones constitucionales con transparencia y efectividad”.
Según el pronunciamiento de Urnas Abiertas «el Ejecutivo ha usado de manera autoritaria toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y personas aspirantes a candidaturas presidenciales. Específicamente, ha utilizado el Sistema Judicial como herramienta para la persecución política y, entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público, que son manejadas como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo».
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El comunicado agrega que «este actuar contraviene los estándares internacionales, evidenciando una clara intervención del poder ejecutivo en todo el proceso, aplicando toda su fuerza coercitiva policial, judicial y legislativa en contra de partidos, organizaciones y personas naturales involucradas en los comicios».
Por ello, Urnas Abiertas insiste en que «se hace necesario reestructurar el Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”, tal como lo ha indicado la Organización de Estados Americanos (OEA).
