La conexión de Nicaragua con Rusia sigue siendo noticia nacional e internacional.
El martes 22 de junio el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE. UU.), aprobó el proyecto de ley sobre Nicaragua llamado Renacer, en el cual se incluye a Rusia. De acuerdo con esta ley, el secretario de Estado de EE. UU. tendrá que informar al Congreso sobre la cooperación militar de Rusia con Nicaragua, incluyendo inteligencia, seguridad, telecomunicaciones, navegación satelital, así como en los campos político y económico. Esto, según el proyecto de ley, para evaluar los riesgos que esa conexión supondría para los intereses nacionales y la seguridad de EE. UU.
Apenas al día siguiente, el miércoles 23 de junio, LA PRENSA informó que el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, declaró que el gobierno de Nicaragua ha solicitado apoyo ruso para equipamiento moderno y preparación militar, según dijo, con el fin de enfrentar situaciones complejas, incluyendo “amenazas de terrorismo”. Esta declaración se puede entender como una respuesta rusa a la aprobación en primera instancia de la Ley Renacer de EE. UU.
El ministro ruso de Defensa reconoció que la cooperación militar de su país con Nicaragua no es de ahora.
“Históricamente desarrollamos la asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países”, dijo Shoigú, porque “desde hace años hacen frente a distintas formas de presiones e incluso amenazas del uso de la fuerza”, en obvia alusión a EE. UU.
Todo esto (la Ley Renacer que se está discutiendo en el poder legislativo de EE. UU., la petición del régimen de Ortega de respaldo militar ruso, y la declaración del ministro de Defensa de Rusia) indica que Nicaragua se estaría colocando en el escenario de una nueva guerra fría ruso-estadounidense. Como la anterior, pero con notables diferencias respecto a la situación de los años ochenta del siglo pasado cuando Nicaragua fue convertida en una especie de protectorado de la Unión Soviética que era liderada por Rusia.
En la actualidad Rusia califica oficialmente como una “práctica de organizar golpes de Estado” y “acciones terroristas”, la lucha de los movimientos cívicos con el objetivo de elegir gobiernos democráticos en sustitución de dictaduras que son afectas al gobierno autocrático de Vladímir Putin. Este, en el informe a la Duma (Parlamento) sobre el estado de la nación que presentó el 21 de abril pasado, calificó como “actos inamistosos de Occidente” las críticas a Rusia de los países democráticos por respaldar a las dictaduras que violan los derechos humanos. Como la de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia, quien detenta el poder desde 1994 y en agosto del año pasado aplastó sangrientamente las pacíficas protestas masivas contra el fraude electoral, mediante el cual se volvió a reelegir adjudicándose más del 80 por ciento de los votos.
Pero el interés ruso en Nicaragua viene desde mucho tiempo atrás. Ya a principios de los años sesenta del siglo pasado la entonces Unión Soviética comenzó a financiar las actividades del Partido Socialista Nicaragüense (PSN), que se declaraba comunista. En 1979 se unió a Cuba y varios países comunistas de Europa para respaldar la toma del poder del FSLN, después sostuvo militarmente a la primera dictadura sandinista en su lucha contra la Resistencia contrarrevolucionaria, la apoyó en su enfrentamiento con EE. UU. y le proporcionó una cuantiosa cooperación material para ayudarle a sobrevivir.
La alianza rusa y soviética con los sandinistas terminó cuando, bajo el gobierno de Mijaíl Gorbachov, la Unión Soviética pactó con EE. UU. poner fin a la guerra de Nicaragua, que dejó decenas de miles de muertos y una enorme deuda de la nación con Rusia, que el gobierno democrático de doña Violeta tuvo que hacer inmensos sacrificios para cancelarla.