Al parecer a Daniel Ortega le podría estar dando buen resultado, la estrategia que viene aplicando para motivar desde ahora la abstención de los ciudadanos que podrían votar contra él en las elecciones del próximo 7 de noviembre.
La abstención de esa parte mayoritaria de la población electoral le conviene a Ortega. Así, para volver a reelegirse no necesitaría ni siquiera toda la cantidad de votos de su base electoral histórica. Por el sistema electoral lo lograría incluso sin necesidad de hacer un fraude en las urnas.
Además, la sistemática denuncia de la comunidad internacional de que por el recrudecimiento de la represión cuando falta poco tiempo para el comienzo de la campaña electoral, no hay condiciones para elecciones verdaderas, creíbles y legítimas, fortalece indirectamente la corriente abstencionista de la oposición nacional.
En los distintos foros internacionales que se han ocupado de la situación de Nicaragua desde que se desató la más reciente ola de represión, se ha insistido en que no hay condiciones apropiadas para unas elecciones decentes conforme a los estándares internacionales.
“Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con graves consecuencias políticas y democráticas”, dijo Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe que presentó este miércoles 23 de junio ante el Consejo Permanente de la OEA. Y subrayó que la nueva fase de la represión pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones justas y transparentes.
Más categórico ha sido el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien en declaraciones al Diario LA PRENSA publicadas el mismo 23 de junio, dijo que “Ortega está burdamente sacando de la cancha a cualquiera que represente una amenaza directa a sus aspiraciones de reelección indefinida. El objetivo es competir sin opositores o con un candidato elegido por él mismo y aterrorizar al país. Todo indica que está dispuesto a pagar cualquier precio para lograrlo”.
Un día antes, en las Naciones Unidas la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la recrudecida represión en Nicaragua aleja la posibilidad de que los nicaragüenses “puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”. Y después los representantes de 59 países expresaron en una declaración común, que “es probable que estas medidas (de represión contra los opositores) impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua en este noviembre”.
Sin embargo, los mismos organismos internacionales y gobiernos democráticos que repudian la represión y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, no dejan de insistir en la demanda de elecciones libres y justas para poner fin a la crisis sociopolítica de Nicaragua. “El pueblo nicaragüense debe tener la garantía de unas elecciones transparentes y libres, en las que se evite cualquier coerción o acción que restrinja la libre participación de los diversos actores políticos”, dice en este sentido el gobierno de Colombia en una declaración divulgada el miércoles de esta semana.
Sin duda que hay esperanza en que aún se puede lograr algo en Nicaragua, en el terreno electoral. En todo caso, la participación en las elecciones se debe decidir hasta que sea oportuno. Y lo deben decidir los propios ciudadanos, que no son borregos de desfile como escribió Salomón de la Selva, sino personas con criterio. Los ciudadanos son los dueños de sus votos y no deben permitir que el poder estatal y ningún partido político decida por ellos.
