El mundo está alarmado por el agravamiento de la crisis política de Nicaragua, sobre todo por el incremento de la represión. Es impresionante que siendo este país tan pequeño, atrasado y pobre, motive tanto interés y preocupación mundial.
Desde 2018, por el estallido social y político Nicaragua ha ocupado un lugar destacado en la atención internacional. Pero en los últimos días el interés del mundo en lo que está ocurriendo en este pequeño país centroamericano ha adquirido una dimensión nunca vista en el pasado.
Este miércoles el Consejo Permanente de la OEA recibirá un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado por su presidenta Antonia Urrejola, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que en las últimas semanas y días se ha agravado de manera notoria y alarmante.
Un comité del Senado de los EE. UU. aprobó ayer en primera instancia la nueva ley de sanciones contra el régimen de Nicaragua, llamada “Renacer”, la cual, si fuese aprobada por el Congreso afectaría a toda la población, no solo al gobierno. Eso ocurriría en el caso de que por las sanciones el país quedara excluido del tratado de libre comercio DR-Cafta, lo cual tendría consecuencias económicas y sociales desastrosas para el país y el pueblo. Los nicaragüenses ya han sido muy castigados por el régimen, no merecen que por sancionar más a Daniel Ortega se les condene a más sufrimiento. Los legisladores estadounidenses deben reflexionar sobre esto.
Por otra parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó también ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación en Nicaragua, la cual, dijo, “se ha agudizado de manera alarmante”. Después del informe de Bachelet, los representantes de 59 países de los cinco continentes del planeta leyeron un pronunciamiento común sobre Nicaragua. En este documento se dice, entre otras cosas muy importantes:
“Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno (de Daniel Ortega) no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo de Derechos Humanos de la ONU) en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la Presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”.
Argentina y México no firmaron esta declaración. Pero esto no significa que sean indiferentes a lo que ocurre en Nicaragua, sino que prefieren hablar y actuar por cuenta propia. Ellos, aunque reiterando su apego a la no injerencia en los asuntos de otros países y a la autodeterminación de los gobiernos, han expresado su preocupación por la degradación de la situación política de Nicaragua.
Inclusive, Argentina y México han formado una conexión diplomática sobre Nicaragua y llamaron para consultas a sus embajadores en Managua. Es posible que anuncien una iniciativa conjunta para buscar una pronta salida de la crisis política nicaragüense.
Esperamos que así sea. Hay demasiada incertidumbre, angustia y miedo en la sociedad nicaragüense. Urge una solución política y diplomática que sea del mejor interés y beneficio nacional.
