Miguel Mora. LA PRENSA

Alta funcionaria de EE.UU. y Oacnudh se pronuncian contra recaptura del precandidato Miguel Mora

Mora se convierte en el quito precandidato encarcelado de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Subsecretaria Interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de Estados Unidos Julie J. Chung, se pronunciaron este lunes en contra de la detención del periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, luego de que la Policía orteguista allanara su vivienda y lo recapturará este domingo.

Mora, se convierte en el quinto precandidato detenido de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. «Ante la detención del 5to precandidato presidencial en Nicaragua, la Oacnudh  insta de nuevo a liberar todas las personas detenidas arbitrariamente», demandó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.

A la vez señaló que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola los derechos humanos».

En un segundo tuit, la Oacnudh, también expresó que «es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente. el Gobierno (del régimen de Daniel Ortega) debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilatación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones».

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Mientras que Chung lamentó que en otro fin de semana en la Nicaragua de Ortega-Murillo se detiene al quinto precandidato presidencial. También señaló que el columnista Humberto Belli, exministro de Educación se vio obligado a exiliarse, su familia aterrorizada, su casa saqueada.

Esta es la segunda vez que el comunicador Miguel Mora es detenido por la dictadura Ortega Murillo. El 21 de diciembre de 2018 fue arrestado por primera vez por las fuerzas policiales del régimen en la redacción de su canal televisivo 100% Noticias y permaneció por siete meses encarcelado. Fue liberado en junio de 2019 bajo el beneficio de una controvertida Ley de Amnistía promulgada por el régimen.

Mora era el precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática (PRD), organización a la que el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigida por una mayoría de magistrados afines al partido de gobierno le suspendiera la personería jurídica el 18 de de mayo.

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El régimen de Daniel Ortega, aplicó a Mora al igual que a los otros cuatro precandidatos y líderes opositores detenidos durante estas últimas tres semanas, la llamada «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo», por «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, ya la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar, y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua, y lesionar los intereses supremos de la nación».

Los otros precandidatos detenidos por ordenes de Ortega son Cristiana Chamorro Barrios, que se encuentra en arresto domiciliar; Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

SIP repudia detención del periodista Miguel Mora 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también condenó estes lunes a través de un pronunciamiento la detención del periodista Miguel Mora e hizo un llamado «urgente» a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión de la dictadura Ortega Murillo contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

«Miguel Mora, periodista y exdirector del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas. Un total de 18 personas a las que el régimen Ortega-Murillo ha marginado del espectro político y social, utilizando un marco normativo, como la Ley 1055, que criminaliza a la posición», denunció la SIP.

De acuerdo con el comunicado, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que «estamos ante un régimen que, resguardado en leyes creadas a su medida, se empeña en aniquilar todas las voces críticas y a sus rivales políticos. Se trata de un claro atentado contra la democracia y la libertad de expresión».

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La SIP también expresó que «estatutos como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, y la Autoderminación para la Paz, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros- aplicada a la exdirectora de la Fundacipón Violeta Barrios de Chamorro, detenida desde el 2 de junio, fueron sancionadas por el Congreso y están siendo ejecutadas por la Justicia, poderes sometidos al partido del gobierno de Ortega.

Mientras que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlo Jornet, agregó que «la persecución política del régimen ha alcanzado el nivel de violación a los derechos humanos y ha criminalizado el derecho a las libertades de expresión, de prensa y de reunión, con el objetivo de consolidarse indefinidamente en el poder».

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