El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público informó que a las opositoras e integrantes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), Tamara Dávila y la excomandante guerrillera Dora María Téllez, les extendieron la detención por 90 días mientras realizan las “investigaciones”, confirma un comunicado de la institución, después de que el Poder Judicial les realizó una audiencia a puerta cerrada en que no se les permitió contar con sus abogados.
Dávila fue arrestada en su vivienda el sábado 12 de junio en horas de la noche, y Téllez el domingo en horas de la mañana, después que oficiales de la Policía permanecieron vigilando la casa, ingresaran un dron y posterior ejecutaran el allanamiento y la detención.
Le puede interesar: Policía captura a los opositores Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco
Según la institución estatal, las opositoras están siendo investigadas por “contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, legislación creada y aprobada por el régimen orteguista en diciembre pasado, con el objetivo de inhibir a los opositores a participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, según han señalado analistas.
Téllez y Vijil: “Amenazadas con armas de fuego y golpeadas”
De acuerdo a una nota sobre la actualización de la situación de Téllez y Ana Margarita Vijil, realizada por familiares afirmaron que el allanamiento y detención fue “totalmente violento y arbitrario” debido a que la Policía desplegó a más de 60 antimotines, 4 patrullas, vehículos de parapolicías y otros civiles no identificados.
“La Policía entró rompiendo puertas, en ese momento encañonaron a una persona y la amenazaron con matar a los cuatro perros de la casa. Acto seguido antimotines golpearon a Ana Margarita posteriormente agarraron del pelo a Dora María y le dieron un golpe en el estómago, las esposaron y montaron en un vehículo que las personas no lograron ver”, indicaron los familiares de acuerdo a los testimonios que lograron constatar.
De la misma manera denuncian que “ambas opositoras fueron amenazadas con armas de fuego y golpeadas por efectivos de la Policía”.
Según la denuncia, después de la detención de las dos opositoras la Policía se quedó durante dos horas registrando la vivienda: “revisando libros, artículos personales, computadoras, cámaras, vídeos entre otros”. Además refieren que los oficiales se llevaron detenidas arbitrariamente a otras dos personas más que permanecieron más de 6 horas en El Chipote donde las interrogaron durante tres veces. “Soltaron a las dos personas a eso de las 11 de la noche”, afirman.
Niegan ingreso de alimentos, solo reciben agua
Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita y Dora María, denunció que un día después de la detención de sus familiares se dirigió a dejar paquetería para las detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El Chipote”, pero solo les recibieron el agua.
“En general ha sido una práctica sistemática porque hay gente que lleva más de 15 días y no les han recibido comida sólida solo líquido, nos preocupa mucho la situación humanitaria de nuestros familiares, también la situación de salud. Sabemos que es un problema estructural del sistema penitenciario, la Policía porque hay personas que pasan hasta años y la condición es muy precaria”, indicó la familiar de las detenidas.
Acabamos de dejar la paquetería de la mañana, está vez solo dejaron pasar agua. Cuando demande la exhibición de nuestres familiares nos dijeron que las leyes no aplican en el Chipote.
¡Libertad para todas las y los presos políticos en Nicaragua!
— Ana Lucía Alvarez (@AnaluAlvarezV) June 14, 2021
“Las leyes no se aplican en El Chipote”
Álvarez también aseguró que la repuesta de un oficial de El Chipote al momento de insistir y demandar ver a sus familiares este le dijo que “las leyes (de Nicaragua) no se aplican en El Chipote”.
Enseguida refirió que la situación de sus parientes es que están en condición de “desaparecidas” debido a que no les permiten verlas. “Nosotros suponemos que están ahí pero no ha habido una comunicación oficial es decir, el Estado de Nicaragua no ha exhibido a las personas, no ha garantizado una reunión privada con sus abogados, ni nosotros los familiares hemos podido verlos, no hay una prueba de vida, para nosotros nuestros familiares siguen en situación de desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, concluyó.