En su primer comunicado después del inicio de la crisis política, el 21 de abril de 2018, el Ejército de Nicaragua señaló lo siguiente: “En estas últimas horas nos hemos llenado de dolor y de luto. Hacemos un llamado a la reflexión… No podemos perder nuestra estabilidad y nuestra paz… Somos convencidos, que el diálogo es la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo… Nos sumamos y respaldamos la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor…”.
Ese comunicado fue a dos días del inicio de los asesinatos, y por eso señala que “nos hemos llenado de dolor y de luto”.
¿Considera el Ejército de Nicaragua, que desde su comunicado, se ha alcanzado “la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo”, tal como entonces indicaba?
En el Diálogo Nacional, que el gobierno solicitó para atajar la crisis política a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), iniciado en mayo de 2018, se pidió entonces la renuncia del gobierno de Ortega, lo cual fue rechazado. Posteriormente, en ese mismo Diálogo, se solicitó que las elecciones se anticiparan para 2019, lo cual también fue rechazado. Cuando se convocó al segundo Diálogo Nacional, en febrero de 2019, que se realizó en el Incae con la mediación del nuncio apostólico y la Secretaría General de la OEA, estaba en la agenda discutir el tema, cuando ese diálogo se interrumpió.
Desde entonces se abrió una larga pausa entre la crisis iniciada en 2018, pero cuyas causas se venían acumulando, y las elecciones previstas para noviembre de 2021, que serían la salida pacífica y electoral de la crisis.
¿Considera el Ejército de Nicaragua que cuatro precandidatos de oposición encarcelados y numerosos dirigentes opositores también presos, incluso el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sean “la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo” para esas elecciones?
En octubre de 2017, habiéndose aprobado la Nica Act en el reciente mes de septiembre, publiqué un folleto titulado “Nicaragua ¿Es inevitable otra transición catastrófica?”. En la Introducción a ese folleto, de tres artículos publicados en LA PRENSA y comentados en Radio Corporación los sábados y titulados “Anticipar la transición”, decía premonitoriamente, pues estamos a punto de enfrentar otra transición catastrófica: “Al final de muy largos períodos de prosperidad económica en Nicaragua, los gobiernos autoritarios de José Santos Zelaya (1893-1909) y de la familia Somoza (1934-1979) terminaron en una catástrofe política de intervenciones extranjeras, insurrecciones, revoluciones y guerras civiles que revirtieron por muchos años todo el progreso económico y social alcanzado”.
Me preguntaba entonces, seis meses antes del inicio de la crisis, cómo transitar sin catástrofe de una estabilidad autoritaria a una democrática, y me respondía que era identificando actores, incentivos y circunstancias para alcanzarla.
Y en el primero de esos artículos recopilados, señalaba que “lo fundamental, para evitar una transición catastrófica de un régimen autoritario a uno democrático, es que todos los actores nacionales e internacionales que tienen incidencia en el proceso nicaragüense, incluyendo el propio gobierno y los sectores que lo apoyan, eviten esa falsa sensación que la estabilidad y seguridad autoritaria es eterna”.
En el párrafo final, a modo de conclusión, del tercero de esos artículos —lo cual es contrario a lo que está ocurriendo con la actual embestida represiva— indicaba: “Esa es la circunstancia, elecciones genuinamente democráticas en 2021, que no borrarán las ilegalidades y fraudes anteriores, y que no ahorrarán para lograrlas lucha de todos los actores con capacidad de incidencia, pero que nos pueden evitar una transición catastrófica del autoritarismo a la democracia”.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.