La abogada de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, Orieta Benavides, confirmó que la jueza del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, Karen Chavarría, realizó una audiencia preliminar privada, al mediodía del jueves 3 de junio, pero sin permitirle que ella estuviera presente.
“Este es un hecho muy grave desde todo punto de vista, porque, no le permitió ejercer a Cristiana Chamorro el sagrado derecho a la defensa”, afirma un documento en el que la defensora describió todas las irregularidades que se han cometido en el caso de Chamorro.
Según la defensora, en esa audiencia preliminar privada, Chamorro exigió ser asistida por su defensora, pero la judicial le negó ese derecho y, para fingir “legalidad” en el proceso, le impuso a una defensora pública, de nombre María Verónica Nieto, que su función es asistir a personas acusadas que tienen abogado defensor.
“Se espera que para una próxima audiencia, Cristiana Chamorro goce de su pleno derecho de estar siempre asistida por su abogada defensora”, dice el documento que recoge las declaraciones de su defensora, Benavides.
Por otra parte, Benavides denunció que Chamorro Barrios le comunicó que a su residencia se ha presentado en reiteradas ocasiones una mujer que no se ha identificado, pero dice ser funcionaria del Ministerio Público, para interrogarla sin su asistencia como abogada defensora.
“Esta persona, viola flagrantemente la Ley Orgánica del Ministerio Público y de continuar con sus pretensiones, será nuevamente denunciada”, refirió la abogada.
Le permiten corta visita
Después de seis días incomunicada, la precandidata presidencial pudo hablar este martes, durante 30 minutos, con su abogada, Orieta Benavides.
Benavides dijo que después de un largo proceso, acompañado de insistencia, logró que la jueza, Chavarría, le permitiera ver y hablar con su defendida, el martes por la mañana, pero aseveró que «esta autorización se debió realizar el mismo día de la detención, lo cual es considerado como una arbitrariedad y violación a los derechos de Chamorro».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso a Chamorro Barrios bajo «arresto domiciliar» en su residencia el pasado 2 de junio, cuando además la Policía allanó la casa con violencia.
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«Únicamente fue por 30 minutos, lo que es violatorio al derecho constitucional que otorga el derecho de contar con el tiempo y los medios para organizar su estrategia de defensa», refirió la defensora, explicando que en todo sistema de justicia funcional, «la defensa tiene autorización de comunicarse con su defendido las veces que sea necesario, sin necesidad de pedir autorización al juez de la causa cada vez que lo visita», explicó Benavides.
No ha tenido acceso al expediente
Asimismo, refirió que otra de las irregularidades cometidas en el proceso es que, a pesar de haber solicitado por escrito tener acceso al expediente del caso de Chamorro, no lo ha logrado. «Es otra irregularidad mayúscula. Lo primero que debe de existir en un proceso judicial es apertura total al expediente. Lo anterior es fundamental para considerarse que se respeta el debido proceso», denunció.
Chamorro Barrios fue acusada por el Ministerio Público del régimen por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, luego de que el Ministerio de Gobernación señalara supuestas irregularidades en los informes financieros de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el periodo 2015 al 2019.
Extrabajadores de la FVBCH cumplen 12 días incomunicados
Además, la doctora Benavides aseveró que el caso de su defendida (Chamorro Barrios) está ligado a los derechos humanos y constitucionales de Walter Gómez y Marcos Fletes, los dos extrabajadores de la FVBCH, a quienes les impusieron 90 días de prisión mientras se desarrolla el proceso de investigación.
«Desde que fueron secuestrados por paramilitares y agentes policiales, el viernes 28 de mayo, ambos permanecen incomunicados en las cárceles del nuevo Chipote, donde ya cumplieron 12 días de aislamiento —incluyendo fines de semanas—, sin que puedan verles sus respectivas esposas e hijos, ni sus abogados defensores», manifestó Benavides.

Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, dijo a LA PRENSA que este martes asistieron a la visita familiar a El Chipote, sin embargo, no lo lograron ver. «Ya cumplieron 12 días y hoy (martes 8 de junio) solo nos aceptaron los alimentos, un medicamento de él, porque es diabético. Hoy, después de 12 días de estar preso, se dieron cuenta que no tenía colchoneta para dormir», explicó.
Añadió que desconoce las condiciones de salud de su hermano. «Los que reciben los paquetes no nos dicen nada. Ellos no van a decir, no nos han dicho nada de Marcos ni de Walter, porque a doña Consuelo (esposa de Walter) la veo todos los días ahí», manifestó.
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Benavides, añadió que «siempre hay esperanzas de que, la suma de todas estas arbitrariedades, sea motivo de reflexión de quienes deciden sobre los procesos judiciales y atiendan el llamado a liberar a Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes».