La Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz) alertó de la inminente quiebra de los más de 62,000 agricultores de arroz de la región, como efecto de la eliminación de los aranceles contemplados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito hace más de un década entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), del que Nicaragua forma parte.
Es por esa razón, que pidieron a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien se encuentra de visita en Guatemala, que “busque una solución para los agricultores de arroz de Centroamérica y República Dominicana” para evitar daños a más de 265 mil personas que dependen directamente de este cultivo y aproximadamente 990 mil personas indirectamente. Esto implicaría serios problemas sociales, económicos y político, advirtieron.
Un aumento de la pobreza impulsará la migración hacia el país norteamericano, un tema que precisamente fue lo que trajo a Harris a Guatemala, para buscar cómo frenar el aumento de personas en las fronteras con México, que buscan cómo ingresar a Estados Unidos huyendo de la miseria, la violencia y la profundización de la desigualdad en el istmo.
El DR-Cafta, suscrito en 2004 y que comenzó a regir en 2006, busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes y establece que la eliminación del Derecho Arancelario a la Importación (DAI) para productos como el arroz, cuya reducción se hará de manera gradual y cuyo periodo de gracia para la región ha empezado a agotarse. Eso implicaría que el grano procedente de Estados Unidos debe ingresar a los mercados centroamericanos libre de arancel.
Representantes de la federación consideran que proseguir con la liberación comercial del arroz provocará un aumento del desempleo y pobreza de sus zonas agrícolas. Al ser consultado por LA PRENSA, Sergio García, vocero de Fecarroz, explicó que en los cuatro países del norte —Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras— la desgravación de este producto llega a su fin en el 2023, es decir que en los próximos dos años los productores nicaragüenses deben hacer todo lo posible para ser más competitivos.
Para ser competitivos los arroceros deben producir a bajo costo, de manera que al liberarse el arroz norteamericano no cause mayor problema y pueda venderse al mismo precio y calidad en el mercado.
García sostuvo que para Costa Rica y República Dominicana, la desgravación llegará en el 2026, lo que implica que aún les queda un quinquenio para buscar alternativas.
Además, compartió que por el momento “los gobiernos no han hecho nada, solo hemos tenido reuniones, pláticas, pero no ha habido ningún tipo de avance. Lo único que se nos ha hecho saber es que están esperando cuál será la propuesta del Gobierno de Estados Unidos”.
La entidad afirmó estar agradecida por las buenas intenciones del gobierno de Joe Biden, de ayudar a la región a tener mejores oportunidades para que los ciudadanos puedan salir adelante. También reconocen que las visitas de Harris a Guatemala y del secretario de Estado, Antony Blinken, a Costa Rica “son un gran paso de parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que confiamos en que harán lo más conveniente para el bienestar de los países miembros del tratado”.
“Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear empleos en las zonas más vulnerables, pero también debe poner sobre esa misma mesa, los empleos que ya existen para que se mantengan y no desaparezcan como consecuencia de la negociación del DR-Cafta. Las zonas arroceras generan muchos empleos rurales y mitigan la pobreza”, sostuvo García en la conferencia de prensa.
Comisión se reunirá en dos semanas
Fecarroz solicita a la vicepresidenta estadounidense y a las demás autoridades de ese país que con base a las disposiciones contenidas en el artículo 3.18 del DR-Cafta, “busque una solución a los agricultores de arroz de Centroamérica y de República Dominicana”.
El vocero de la entidad agregó que recientemente se ha recibido información que indica que la Comisión de revisión agrícola, a la que se refiere el tratado en el artículo antes mencionado, se reunirá el próximo 23 de junio.
Siguiendo esta línea, explica que dicha comisión está conformada por los siete países y que en el artículo se establece que durante el año 14 del tratado, que se completó en 2019, se debía establecer una comisión de revisión agrícola, “donde se deberían de hacer varios análisis para determinar, por ejemplo, cuáles son los efectos del proceso de liberación”.
“Creemos de suma importancia que las máximas autoridades de los siete países que conforman el DR-Cafta giren las instrucciones pertinentes para que sus delegados en dicha comisión busquen soluciones a la brevedad posible para la problemática que el DR-Cafta causará al sector arroz y a todos sus integrantes en la región”, enfatizó García.
“Como sector arrocero, hemos hecho propuestas a nuestros gobiernos para que ellos puedan actuar, pero desgraciadamente no hemos tenido eco y es por eso que hoy evocamos al gobierno estadounidense, para que ellos digan las directrices para buscar una solución que sea viable y que esté permitida dentro del TLC. Una de las propuestas que hemos hecho en su momento es detener la desgravación arancelaria”, compartió.
Productores de la región en desventaja
La federación sostuvo que el libre comercio del arroz en el DR-Cafta pondrá en desventaja a los agricultores de la región frente a sus competidores de Estados Unidos, que tienen programas de subvenciones permanentes en el Farm Bill, que han llegado a representar entre el 20 y el 40 por ciento del total de los ingresos de estos productores.
“Las subvenciones agrícolas de Estados Unidos causarán profundas distorsiones de mercado a la producción de la región, ya que los productores de arroz del país estadounidense pueden tener acceso a una parte de los 75,000 millones de dólares de varios programas dentro del Farm Bill; aún cuando en la región ya no se apliquen los aranceles a la importación de arroz, lo que provocará el fin de la producción en nuestros países”, advirtieron mediante el comunicado.
García agregó que “Estados Unidos nunca se ha comprometido a eliminar estas subvenciones que distorsionan el comercio con sus socios de la región, lo que evidencia que el DR-Cafta no generará oportunidades para los agricultores de los países que enfrentan serios problemas de empleo y desarrollo”.
Asimismo, señaló la experiencia de México luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), el cual comprende negociaciones entre este país, Canadá y Estados Unidos.
“Luego de la liberación del comercio del arroz dentro del Nafta, la producción del arroz en México prácticamente desapareció y actualmente depende de su abastecimiento básicamente de importaciones. Esto mismo sucederá en Centroamérica y en República Dominicana con la culminación de la desgravación del DR-Cafta, vulnerando más la ya precaria seguridad y soberanía alimentaria de nuestros países”, concluyó.
Señalaron que en caso de que Estados Unidos no dé una solución a esta amenaza de la industria del arroz, ese país “deberá afrontar mayores flujos de migrantes, provenientes de estos países, por la pérdida de oportunidades de empleo en el campo, la destrucción de las agrocadenas y una mayor inseguridad. Lo que provocará un incremento de los flujos de personas poco calificadas y en situación de pobreza extrema hacia los Estados Unidos, es un drama que afecta a los miembros del DR-Cafta”.