La represión del régimen contra la periodista Cristiana Chamorro Barrios, vicepresidenta de LA PRENSA y miembro de su Consejo Editorial, ha provocado gran indignación internacional, solidaridad con la víctima y condenas a la dictadura de Nicaragua.
El régimen acusa a Cristiana de haber cometido delitos vinculados al lavado de dinero, durante los últimos años de su desempeño como directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Esta ONG fue autodisuelta en febrero pasado, antes de que se dictara una ley represiva para obligar a registrarse como “agentes extranjeros”, a todas las personas naturales y jurídicas que reciben recursos externos para financiar obras humanitarias, servicio social, defensa de los derechos humanos, y promoción de la libertad de prensa y expresión.
La acusación del régimen contra Cristiana es absurda. La única motivación que tiene para acusarla, procesarla, imponerle arresto o secuestro domiciliar, y suspender sus derechos ciudadanos, es impedir que presente su candidatura presidencial en las elecciones de noviembre, en el caso de que la oposición decida participar a pesar de que no hay garantías políticas ni seguridad pública.
La comunidad democrática internacional tiene muy claro cuál es el verdadero propósito del régimen al reprimir a Cristiana e inhibir de facto y de manera anticipada su candidatura presidencial
“Prohibir a la líder de la oposición Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real”, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
En igual sentido se pronunciaron varios congresistas que piden aplicar nuevas sanciones a la dictadura de Nicaragua. La Unión Europea y los gobiernos de Canadá y Costa Rica, así como los expresidentes costarricenses Laura Chinchilla, Oscar Arias y Luis Guillermo Solís; el presidente democrático interino de Venezuela, Juan Guaidó; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el director ejecutivo para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco; y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros importantes actores internacionales, han coincidido en que la represión judicial y policial contra Cristiana, y la inhibición de facto e inconstitucional de su candidatura presidencial, significan un golpe a la posibilidad de elecciones legítimas en Nicaragua.
Particular significación tiene la reacción del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien declaró en un comunicado oficial que “este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo”.
La frase “deslegitiman el proceso electoral” antes de las votaciones da una idea de hacia dónde soplan los vientos. La OEA tiene la potestad de declarar ilegítimas las próximas elecciones, desconocer al gobierno que de ellas resulte y pedir al mundo que también lo desconozca. Ortega, con la inaudita represión contra Cristiana, ha dado con sus propios pies un gran paso hacia la probable declaración de ilegitimidad de los comicios de noviembre.
