Ya han transcurrido cuatro días, desde la detención ilegal y arbitraria de Walter Gómez Silva y Marcos Fletes Casco, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), y sus familiares aún no los han visto. Esta mañana volvieron a presentarse a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, pero las autoridades policiales les volvió a negar el ingreso y les recibieron los alimentos.
“Nos dijeron que cuando uno llega ahí, uno tiene que tener ocho días (preso) para poder recibir visitas. Ellos (la policía del régimen) dice que no se les puede ver porque están bajo investigación, pero gracias a Dios me le han permitido meterle su comida y los artículos básicos de higiene. Solo me han permitido meterle una ropa interior, nada más”, aseguró María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez.
Un familiar de Fletes, quien solicitó el anonimato por temor a represalias del régimen Ortega Murillo, dijo a LA PRENSA que en la DAJ este martes les volvieron a negar el ingreso para ver a sus parientes, quienes fueron secuestrados por agentes de civil el viernes 28 de mayo, aunque les recibieron la comida que les llevaban y les indicaron que podrán verlos en ocho días. La negativa persiste pese a que les habían indicado que los martes y jueves son días de visita.
¿Quién es Walter Gómez?
Gómez, de 54 años de edad, tiene dos carreras profesionales: Economía y Contaduría Pública. Es el menor de siete hijos y ya perdió a su mamá, mientras su padre vive en Estados Unidos. Nunca ha cometido un delito y su récord policial es intachable, incluso tenía cinco años sin ser multado, hasta hace tres meses que un policía de la Dirección de Tránsito lo multó por supuestamente haber invadido un carril, comenta su esposa.
Es padre de una joven y de un niño, de 26 y 12 años, respectivamente. De sus 54 años, siete invirtió en enamorar y robarse el corazón de su esposa y 28 en su matrimonio con ella. Según Céspedes, él nunca pensó en salir del país por la persecución política que está ejecutando el régimen, y que “el que no la debe, no la teme”.
“Él ha sido un hombre y un padre maravilloso, estos han sido los momentos más duros que hemos vivido de los 35 años que tenemos de conocernos. He tenido que andar de un lado hacia otro y mis hijos nunca han sabido de conflictos, mi hija ha estado afectada en su trabajo por esta situación y yo en mi trabajo, no he podido trabajar (realizando decoraciones con globos para eventos), no agarré trabajos para no quedar mal con mis clientes; y mi hijo me dice que quiere ver a su papá, pero yo le digo que ahí no dejan entrar a los niños, entonces me dice: ‘digale que le mando un abrazo’. Se le pusieron brillantes los ojos, porque le dije que las visitas son martes y jueves y esos días él tiene clases”, relató Céspedes la tragedia familiar que enfrenta a diario.
En el caso de Fletes Casco, es el menor de cuatro hermanos. Se graduó de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) y casi toda su vida ha trabajado en este campo. Sus padres ya fallecieron y tiene dos hijos menores de edad. Según su pariente, nunca ha tenido problemas con la ley y su récord policial es intachable.
Solicitó intervención de abogado
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El último sábado por la mañana, los familiares de ambos excolaboradores de la FVBCH llegaron por primera vez a la DAJ, para indagar sobre sus paraderos, pero en ese complejo policial les cerraron los portones. En los juzgados de Managua también no les brindaron información de ambos detenidos.
Gómez, excontador de la extinta FVBCH, fue “secuestrado” mediante un operativo policial el viernes por la noche en su vivienda, mientras que Fletes había sido capturado por civiles horas antes, y fue hasta el sábado por la noche que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó su paradero. La juez Gloria Saavedra, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia, les dictó prisión preventiva de 90 días.
Céspedes esta mañana introdujo un escrito ante la jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, solicitando que se reconozca a la abogada Eilyn Cruz como la defensa legal de su esposo. “Nosotros somos una familia bien cristiana y tenemos fe de que sí vamos a salir adelante, todo esto es una prueba, pero confiamos en mi Señor, Él es el único que nos sostiene en pie”, aseguró.
Ellos se convirtieron en los primeros perseguidos políticos por el régimen orteguista en recibir el periodo máximo de detención de 90 días, tras una reforma al Código Procesal Penal en febrero de este año, que contemplaba antes un lapso máximo de 48 horas.
“Los procesados Gómez Silva y Fletes Casco fueron conducidos la mañana del 29 de mayo a los Juzgados de Managua, donde fueron puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias, para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”, informó el poder judicial, mediante un comunicado, después de más de 24 horas de detención arbitraria de ambos extrabajadores de la fundación.
De acuerdo con el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, “durante la audiencia, el fiscal del Ministerio Público, licenciado Jean Dylan Rivas Falcón, indicó a la judicial que por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación, por lo cual solicitaba la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial, de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal”. La judicial admitió la solicitud de la Fiscalía, ampliando el plazo para la investigación y detención de los imputados hasta el 26 de agosto de 2021.