La dictadura sigue ampliando el “proceso macabro” que ha montado contra Cristiana Chamorro Barrios y dos excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por la Democracia y la Reconciliación Nacional, la cual fue autodisuelta en febrero pasado para no someterse a la agresiva y represiva Ley de agentes extranjeros dictada por el régimen.
En la causa abierta por la Fiscalía contra Cristiana, han sido involucrados también don Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación; Verónica Chávez, exejecutiva del canal 100% Noticias que fue asaltado, saqueado y confiscado a fines de 2018; María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión; Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, periodistas excolaboradores de la FVBCH; Jaime Arellano, comentarista político opositor; Roberto Mora, periodista de Radio ABC Estéreo, de la ciudad de Estelí; así como representantes de Radio La Costeñísima, de Bluefields y Radio Vos de Matagalpa. Esto hasta ahora.
Desde la creación de la FVBCH Cristiana se desempeñó como su directora ejecutiva y, con el apoyo de fondos de cooperación externa ejecutó numerosos programas de promoción y defensa de la libertad de expresión y de prensa, formación profesional de periodistas, estímulos y premios al mejor periodismo nacional, acceso a las fuentes de información pública, apoyo a medios de comunicación con dificultades y otros proyectos relacionados con esos fines democráticos.
Cristiana calificó como “macabra” la acusación de la Fiscalía de la dictadura por el supuesto delito de lavado de dinero, y aseguró que es “para inhibirla como candidata presidencial” y para impedir que los ciudadanos voten libremente el 7 de noviembre. Pero también y al mismo tiempo la Policía Orteguista asaltó y saqueó —por segunda vez— el local de la revista Confidencial que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, por lo que se ha entendido que la acción “macabra” no es solo para impedir la candidatura presidencial de Cristiana, sino también para atacar más duramente al periodismo independiente y la libertad de información y de expresión.
La dictadura de Ortega y Murillo no detiene la guerra desatada desde abril de 2018, contra la oposición organizada y lo que queda en el país de institucionalidad democrática, derechos humanos y libertades civiles, en particular la libertad de expresión y de prensa y el derecho de participación política y de votar libremente en las elecciones de autoridades nacionales.
No es posible saber hasta dónde llegará Ortega en su frenesí represivo y la expansión de su dictadura totalitaria. Pero en todo caso será hasta donde el pueblo nicaragüense y la comunidad democrática internacional le permitan llegar. Al respecto el periódico El Mundo, de España, en un editorial sobre la actual embestida represiva del dictador de Nicaragua ha reprochado la pasividad de la comunidad internacional. “Mientras Ortega intensifica su represión contra la prensa y la oposición —dice el diario español— la inacción de la comunidad internacional resulta su principal aliada… lleva demasiado tiempo paralizada ante la tragedia política y social que se está viviendo en Nicaragua”.
