Conforme se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, Daniel Ortega arrecia el ataque contra los medios de comunicación y periodistas independientes críticos a su régimen autoritario. Así lo reforzó una vez más este 20 de mayo con el nuevo asalto a las oficinas de Confidencial, Esta Noche y Esta Semana —instalados en un piso alquilado tras la confiscación de las instalaciones propias en diciembre de 2018—, la cacería de dos camarógrafos y la persecución de periodistas que cubrían dicho allanamiento.
Esta arremetida, que se da a menos de seis meses para el proceso electoral en noviembre, parece ser un patrón de Ortega. Lo puso en marcha previo a los comicios de febrero de 1990, cuando la Unión Nacional Opositora (UNO), de la mano de Violeta Barrios de Chamorro, perfiló como la fuerza política capaz de quitar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder.
Todo lo que se reportara contra él y su partido, o informara a la población en detrimento a sus intereses políticos, era tachado. Hubo asedio y pintas en el edificio de LA PRENSA, arresto contra uno de sus fotógrafos y vejaciones contra el corresponsal en San Juan de Oriente, citatorias contra vendedores del periódico, bloqueos a coberturas, censura de información. Además de la retención de repuestos para Radio Corporación y deportación de un fotógrafo de la francesa Sigma-Fotos.
Todo el autoritarismo en contra de la libertad de prensa fue contado por LA PRENSA. El 13 de junio de 1989 —cuando aún no estaban definidos los candidatos a la presidencia—, el periódico publicó la repetición de un ataque a sus instalaciones. «Probablemente miembros de la tristemente célebres ‘Turbas Divinas’, reclutadas de las huestes somocistas, ‘siguiendo’ orientaciones superiores pintaron, al amparo de la noche en la fachada de LA PRENSA, suásticas nazis y calaveras. Esta práctica la ha promovido el Sistema Sandinista de Televisión (SSTV) en un sucio y calumnioso plan contra LA PRENSA y sus directivos, que ha tenido eco en los demás medios sandinistas y que ahora llevan hasta nuestra propia puerta».
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En la edición impresa del 3 de agosto denunció la detención arbitraria del reportero gráfico Franklyn Méndez «por un Was de «Prevención», en el sector del mercado Iván Montenegro. Lo montaron en el Was, lanzándole toda clase de insultos y lo condujeron a un batallón de reserva que está ubicado en las inmediaciones del mercado Montenegro, donde estuvo detenido hasta las ocho de la mañana de hoy. Los militares le decomisaron dos rollos de película en una abierta violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos», publicó LA PRENSA.
El 14 de octubre de ese año, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones, este medio también hizo pública la denuncia de que Aduana tenía retenidos repuestos electrónicos para la planta transmisora de Radio Corporación. «Distintos pretextos se han utilizado para obstaculizar la entrada de los elementos vitales para que la emisora siga funcionando», escribió el periodista Julio César Armas.
Este bloqueo aduanero fue reeditado con LA PRENSA entre 2019 y comienzos de 2020, con el fin de asfixiarla hasta desaparecerla. Durante 75 meses el régimen retuvo materia prima como papel, tinta, planchas, repuestos y correas para la rotativa del Diario. Tras una denuncia a nivel nacional e internacional, Ortega ordenó la entrega de todos los insumos que sumaban una inversión de 225,352 dólares, sin meter el pago de los almacenes fiscales por todo el tiempo que estuvo secuestrado.
Contra vendedores de periódico
Además del ataque frontal contra los medios incómodos para Ortega, se persiguió e intimidó a los vendedores de periódicos con la idea de que dejaran de hacerlo. El 9 de agosto de 1989, el Ministerio de Interior en Bluefields citó a Sergio Navas por el hecho de anunciar los titulares del Diario de los nicaragüenses. «LA PRENSA denuncia una vez más la intimidación de que son objeto nuestros voceadores, agentes y personal en general, y responsabiliza a las autoridades de Bluefields de cualquier ultraje en contra de la persona de Sergio Navas», publicó el medio.
Pasarían tres meses para que en sus páginas, LA PRENSA volviera a denunciar la amenaza en contra de Francisco Ríos Manzanares, también voceador de LA PRENSA, por parte de tres militantes sandinistas. Este hecho fue con pistola en mano «para que dejara de vender el periódico» en la comunidad Las Calabazas, en Ciudad Darío.
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Desde que Ortega regresó al poder en 2007, el periodismo nicaragüense ha estado bajo fuego, pero a partir de 2018 incrementó con la efervescencia de las protestas sociales. Cuando faltan menos de seis meses de las elecciones, ha habido una escalada en la represión y el escenario oscurece más con la persecución a periodistas independientes y a la precandidata a la Presidencia, Cristiana Chamorro, con citas giradas por el Ministerio de Gobernación (Migob) y Ministerio Público por el supuesto «delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado y la Sociedad».
