
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron amenazas del régimen ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y detallaron el trato hostil desde 2007, mientras el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, afirmó que hay «decenas de víctimas debidamente identificadas y registradas en la región norte de Nicaragua».
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