La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua, efectuada por la mayoría orteguista de la Asamblea Nacional el pasado 4 de mayo, la que a juicio del organismo mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país. La organización urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales, un contexto social y político compatible con la amplia participación y competencia que permitan elecciones libres, transparentes, justas y observadas.
«La CIDH hace presente además, que la aprobación de la nueva normativa electoral y la intensificación de un ambiente de impedimento o severa limitación de las libertades públicas, afecta gravemente la inclusión en la agenda pública de la demanda de la sociedad nicaragüense, y particularmente de las víctimas, por el fin de la impunidad, la liberación de todas las personas privadas de su libertad arbitraria e ilegalmente en el contexto de la crisis, así como el restablecimiento de las garantías y derechos propios de un régimen democrático», dice el comunicado emitido por el organismo.
La Comisión urge al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA.
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Leyes restrictivas
La CIDH recuerda que, según información levantada por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 4 de mayo la Ley Nº 1070 de reforma y adición a la Ley Electoral Nº 331, la cual, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema; además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.
«En efecto, la referida norma limita la participación mediante el incremento de causales de suspensión y cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y a través de la incorporación de hipótesis de cancelación con las cuáles la narrativa oficial ha criminalizado arbitraria e ilegalmente a personas identificadas como opositoras en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país», recuerda el organismo.
También, señalan que la referida reforma y adición implementa las leyes Nº 1040 sobre Agentes Extranjeros y Nº 1055 sobre Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, lo que impediría o dificultaría gravemente la inscripción de candidaturas de personas identificadas como opositoras al Gobierno.
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Carta Democrática y responsabilidad de los estados
La CIDH recuerda al régimen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que «la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte», y constituye «un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano». Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
«La Comisión toma en cuenta que, la presente situación, intensifica la grave crisis de derechos humanos en el país y afecta seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año. En particular, ante la persistencia de un contexto generalizado de grave impedimento al ejercicio de las libertades públicas, por medio de un dispositivo sistemático, civil y policial, desplegado en todo el territorio nacional, con el fin de impedir incluso el movimiento de cualquier líder o lideresa que pudiera articular o difundir públicamente ideas contrarias a las oficiales, a través de la vigilancia, intimidación, agresiones, detenciones y, eventualmente, criminalización de éstas», cuestiona el organismo la represión ejercida desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este organismo defensor de derechos humanos tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
