Cuando el coronel Álvaro Rivas, relacionista público del Ejército, declaró que este jamás había brindado armas ni ayuda de ningún tipo a los paramilitares y policías que ejecutaron la masacre de 2018, estaba siguiendo las instrucciones de su estado mayor: mentir; ocultar la velada y vergonzosa ayuda que los mandos militares brindaron al dictador.
Una razón que hace obvia la mentira fue el hecho, comprobado hasta la saciedad, de que las huestes de Ortega emplearon rifles militares Dragonov, francotiradores expertos, lanzacohetes y ametralladoras; todos elementos de guerra ajenos a cualquier cuerpo policial. ¿Quién los suministró? Nadie en el régimen ha querido o podido contestarlo.
Otra evidencia nos viene a través de los servicios de inteligencia de la embajada estadounidense. Si esta concluyó que el comandante en jefe del Ejército, general Avilés, había sido cómplice en dichas acciones, es porque tenía evidencias. Igual cuando países como el Reino Unido sancionan por cargos de corrupción a personajes como Chico López. No lo hacen sino han conducido exhaustivas averiguaciones. Al respecto, sé de un funcionario extranjero, plenamente creíble, sorprendido por la hipocresía de un alto militar que negaba vehemente el apoyo clandestino a Ortega, cuando sus colegas (investigadores) sabían, perfectamente, que él había participado en actividades represivas.
Otra evidencia circunstancial es el hecho que Avilés es ficha fiel de Ortega. Por eso lo ha nombrado tres veces, tras violar y alterar la ley que mandataba la rotación del alto mando. Por eso Avilés ha lanzado discursos serviles reiterando su lealtad incondicional al dictador. Podemos imaginárnoslo en medio de la crisis diciéndole a Ortega: “sí, mi comandante, cuente con nuestra ayuda”. Mas no podemos imaginarlo diciéndole: “No cuente conmigo, comandante, nosotros somos completamente neutrales y apolíticos”. No. Esas frases son para el consumo público, no para el íntimo.
Esta intimidad con el dictador, con seguridad bien recompensada, no se limita a Avilés. Se extiende a la cúpula militar. Ortega no hubiese podido reelegir reiteradamente a su general preferido sin la colaboración del Consejo Militar. De acuerdo con la ley, este propone al presidente su candidato a ocupar la jefatura del Ejército. La primera vez que Ortega decidió acabar con la democrática tradición de no reelegir al jefe militar, estos hubieran podido proponer otro nombre. Pero no. Se hicieron cómplice de esta maniobra tan dañina para la independencia y profesionalismo de su propia institución y repetidamente, en total sumisión al dictador, han propuesto a Avilés por unanimidad ¡tres veces!
Es triste. Lo que parecía, después del ascenso al poder de doña Violeta y el retiro honroso de cuatro generales jefes, la solidificación de un Ejército por primera vez nacional, profesional y apartidista ha sido truncado por el dictador en complicidad con algunos altos militares.
Un reflejo de esto se manifestó con el estallido del 2018. Ortega creó un grupo de irregulares armados violando el artículo 95 de la Constitución, que expresamente dice: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la constitución”. Pero el mando militar no protestó. Y aunque recomendó el diálogo, no golpeó la mesa del dictador para llamarlo a ser coherente, ni tampoco cuando asesinaba a centenares en violación de las leyes y los derechos humanos— que los militares están comprometidos a defender.
La sumisión de las fuerzas armadas al presidente de la república no es un principio absoluto. Es un deber que obliga cuando dicho presidente es legítimo y acata la Constitución. Si pierde su legitimidad, por no ser limpia y libremente electo, o por atentar contra la paz y los derechos fundamentales del pueblo, esta obligación desaparece y se transforma en lo que expresa tan bien la declaración de independencia americana: “…cuando una larga serie de abusos y usurpaciones… demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”. Pero esto requiere de militares patriotas que no se vendan por treinta monedas de plata. ¿Los hay? Es la gran pregunta, y la gran esperanza.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
