El deterioro democrático, la falta de institucionalidad y las violaciones a los derechos humanos han continuado en Nicaragua, de acuerdo con el coloquio interamericano “La situación de los derechos humanos a tres años de las protestas sociales en Nicaragua”.
El coloquio, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantea además que el gobierno ha hecho uso de las instituciones del Estado para lograrlo, por ejemplo, con la creación de leyes y el no realizar reformas electorales, solicitadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, indicó que no han bajado la guardia y desde hace tres años han documentado y visto la profundización de la crisis de derechos humanos, así como “la impunidad que rodean estos hechos y la falta de voluntad del Estado nicaragüense para superar este situación”.
Han documentado por ejemplo actos crueles, inhumanos y degradantes, los que pueden hasta constituir tortura, el cierre de los espacios democráticos, entre otros.
“Todo en un contexto de impunidad generalizada”, enfatiza Urrejola, quien añade que hay un prolongado quebrantamiento del Estado Derecho que no permite avanzar a la democratización y el restablecimiento al respeto de los derechos humanos.
“Es importante que se generen las condiciones para que se realicen elecciones verdaderamente libres, tomando en cuenta los estándares de derechos humanos en la materia. En este contexto, se ha señalado que el CSE no goza de independencia y se ha solicitado desde la OEA que se realicen las reformas necesarias en el plazo que se vence en mayo”, añade.
Intercambio de inmunidades
Gabriel Álvarez, abogado y académico constitucionalista nicaragüense, realizó un análisis jurídico desde 1985, explicando cómo Nicaragua avanzó en la construcción de un Estado democrático y la institucionalidad, para luego retroceder hasta fortalecer al régimen de Daniel Ortega y un control de los poderes del Estado.
En 1995, indica que se cambió a un Ejército más profesional y a una Policía con la misión, entre otras, de garantizar el orden público; se crearon instrumentos de protección de los derechos, se prohibió la reelección sucesiva, se formuló un mejor equilibrio entre los poderes del Estado.
“Estos avances empezaron muy pronto a revertirse. En el año 2000 se formalizó el pacto entre el FSLN y el PCL, se redujo el lumbral electoral del 45 al 40 y hasta el 35 por ciento”, comenta Álvarez.
Se fueron cambiando las instituciones, por ejemplo, se le dio el poder al Consejo Supremo Electoral de cancelar personería jurídica a partidos que no alcanzaran el cuatro por ciento de los votos. “El 2000 fue un intercambio de inmunidades entre los dos líderes políticos”, concluye.
En 2005 se dan las reformas constitucionales que incidieron en la forma de gobierno de Nicaragua. Logrando configurar un régimen presidencial parlamentarizado.
Y finalmente menciona que en 2014 se realizó la reforma constitucional que fortalece el control de Daniel Ortega a nivel nacional, asegura la reelección presidencial y da al presidente un control absoluto del Estado y los partidos políticos.
Diversos mecanismos de represión
Por su parte Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, realizó la presentación “La voz de los protagonistas de movimientos sociales frente a una represión sistemática”.
Tanto Urrejola como Núñez y Álvarez, cerraron mencionando la aprobación de legislaciones recientes como la Ley de Control de Agentes Extranjeros, así como las nuevas violaciones a los derechos humanos.
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Sociedad civil puede hacer la diferencia
Al cerrar el coloquio Alina Ripplinger, asistente de Proyectos del Ius Constitutionale Commune en América Latina (Iccal), expuso “el papel de la sociedad civil en procesos políticos”, señalando que sí es posible que esta juegue un papel en espacios democráticos reducidos.
“La sociedad civil puede ganar mayores espacios de participación en regímenes no democráticos, cuando usan mecanismos de integración, legitimación y facilitación de los estándares de derechos humanos”, dijo Ripplinger.
Propuso tres mecanismos: integración, referida a las voces populares, voces protagonistas y alianzas entre sectores; legitimación, mencionando el uso de fuentes alternativas de opiniones, aportes desde la academia y participación a base de información y verdad; y facilitación de estándares de derechos humanos.
Finalmente Florian Kriener, investigador del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, hizo una presentación sobre “las protestas sociales como elemento de la democracia, perspectivas a la luz del derecho internacional”, planteando que en Nicaragua se mostró una revolución democrática y pacífica, según lo establecido en el derecho internacional.
