El Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), presentó este jueves el primer informe de monitoreo electoral 2021, de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en el que evidencian que previo a unos eventuales comicios existe en el país una violación sistemática de parte del gobierno de Daniel Ortega a los derechos políticos de los ciudadanos. Uno de los hallazgos fue que el 70 por ciento de las intenciones de reunión pacífica fueron impedidas por el régimen.
En este primer informe se recopila y sistematiza información en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 5 de abril, proveniente de ciudadanos de 42 municipios, que representa el 27.4 por ciento del total de municipios del país, pertenecientes a 11 departamentos y a las dos Regiones Autónomas del Caribe.
Hallazgos
De acuerdo con los datos compartidos en dicho informe en 21 municipios del país, se reportan que, de 116 actividades de reunión pacífica, 81 intentos resultaron fallidos (70 por ciento) imposibilitando a los miembros de partidos políticos y sociedad civil desarrollar sus actividades. Solamente 35 lograron realizar la actividad.
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En 18 de los 21 municipios contemplados en este reporte, fue impedida entre una y cinco veces la posibilidad de hacer sus reuniones o actividades, porque fueron acosados por paramilitares o grupos afines al partido de gobierno y la Policía.
El GPRE, señala que en este mismo período, hubo 27 intentos de protesta ciudadana pacífica en 13 municipios, pero solamente en seis las lograron realizar, en ellas se demandaba principalmente el llamado a la unidad, libertad para las y los prisioneros políticos, justicia y reparación para las víctimas de asesinatos a raíz de los eventos de abril 2018. «Nuevamente en los municipios donde no se lograron realizar protestas se tuvo la presencia de paramilitares o grupos afines al partido de gobierno o fue impedida su realización por la Policía», indica el informe.
También señalan que hay una escalada de la violencia política institucionalizada y de forma expresa por parte del gobierno, de tal forma que en este período del informe se reportó que en 24 de los 42 municipios se registraron 80 actos de violencia dirigidos a miembros de partidos políticos, sociedad civil y ciudadanos, tales como: detenciones ilegales (21 casos), retener y vigilar a las personas desde sus casas (14 casos), ser golpeados por policías o paramilitares porque quieren manifestarse y organizarse de cara a un proceso electoral (4 casos). Amenazas verbales a la familia (13 casos), campañas de desprestigio en medios de comunicación o redes sociales (9 casos), vigilancias permanentes a sus viviendas (10 casos) y amenazas o descalificaciones a través de pintas en sus viviendas (9 casos).
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Los miembros del GPRE, detallan que la mayor cantidad de actos de violencia política se concentraron en los municipios de Masaya, Granada, León, Masatepe, Bluefields y Diriomo. En estas 80 acciones de violencia política fueron afectadas un total de 540 personas, de las cuales el 50.9 por ciento fueron hombres, 40 por ciento mujeres y 9.1 por ciento otros.
Uso de bienes del Estado con fines partidarios
En 28 municipios que pertenece a 11 departamentos y las dos regiones autónomas, el GPRE registró 48 denuncias sobre el uso de bienes y medios del Estado con fines partidarios, una práctica que se ha venido ejerciendo desde hace varios años, comentan.
La mayoría de bienes utilizados son camionetas y vehículos de las alcaldías y del Ministerio de Salud (Minsa), y los bienes están referidos a escuelas y oficinas de las instituciones del Estado donde son ocupadas para capacitar al personal del partido FSLN de cara a las elecciones, además de recursos financieros de las alcaldías, apuntan.
Cedulación Ciudadana
De los 42 municipios, hay oficinas de cedulación en 35, lo que representa un 83.3 por ciento y solamente en siete municipios, es decir, el 16.7 por ciento, no atiende el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Según el informe, los siete municipios donde la ciudadanía reporta que no hay oficina de cedulación son La Conquista, La Paz de Oriente, El Realejo, San Francisco del Norte, Somotillo, La Desembocadura del Río Grande y La Cruz de Río Grande.
Mientras que el 100 por ciento de oficinas abiertas, atienden trámites de cédulas nuevas y reposición de la misma. Únicamente en Masaya y Bluefields, presentan el servicio de trámites del Registro Civil.
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«La percepción de la gente sobre la atención que se brinda a la ciudadanía en oficinas de cedulación en su mayoría es negativa (25% regular y 34.4% mala), un poco más de la cuarta parte buena (28.1%) y solamente un 12.5% Muy Buena», indican.
Argumentan que hay tres aspectos que se conjugan para que se tenga una opinión negativa del proceso como tal: Primero, que el proceso de atención es muy lento entre la solicitud de cédula en particular las reposiciones, y su entrega. Segundo, las personas expresan que no cuentan con los 300 córdobas para pagar la reposición o renovación de la cédula; y tercero, la preferencia política, ya que se priorizan a las personas que simpatizan con el actual gobierno.
Además señalan que en nueve de los 42 municipios, se recibieron denuncias que hay jóvenes que han solicitado su cédula por primera vez y a la fecha el CSE no las ha entregado.
Para lograr proceso electoral legítimo, el Estado debe garantizar las libertades
Los miembros del GPRE concluye en que, para que un proceso electoral se considere legítimo, transparente y libre, el gobierno y sus instituciones deben garantizar y respetar los derechos y libertades de los nicaragüenses – que la misma Constitución Política establece – a expresarse abiertamente, así como organizarse en grupos políticos o en organizaciones sociales.
Sin embargo, «estas libertades y derechos hasta el momento no son visibles en nuestro país, por lo cual, si hoy fueran las elecciones no podrían llamarse democráticas», alertaron.
Las denuncias recopiladas en este primer informe, muestran por parte del régimen la violación sistemática a los derechos políticos de los nicaragüenses como: detenciones ilegales, retener y vigilar a las personas en sus casas, o ser golpeados por policías o paramilitares.
La elaboración de este primer informe sobre el panorama actual, previo a las elecciones en el país, se articula con la participación de forma voluntaria, de la ciudadanía para monitorear y demandar la integridad del proceso electoral en la búsqueda de elecciones transparentes y legítimas, manifestaron los miembros del GPRE. Por lo que, seguirán presentando otros informes en todo el período previo a las elecciones de noviembre 2021.
Recomendaciones
El GPRE, demanda al Estado de Nicaragua y sus instituciones cesar el abuso de poder que ha venido acrecentando estos primeros meses del año en contra de la ciudadanía criminalizando la protesta social.
A cumplir y hacer cumplir a sus funcionarios a todos los niveles dentro del Ejecutivo con el respeto de los bienes del Estado, quienes de manera abierta cometen delito electoral al hacer uso de las oficinas estatales para realizar proselitismo político a favor del partido FSLN en una etapa preelectoral y que violenta lo que establece la Ley Electoral vigente en su artículo 107 párrafo cuatro.
Asimismo recuerdan que el CSE debe atender la demanda de la ciudadanía por una cedulación abierta a todos y todas las nicaragüenses, eliminando la discrecionalidad que otorga al partido de gobierno de mantener de forma permanente una cedulación paralela, violentando el principio de igualdad que establece la ley.
«Hacemos un llamado al pueblo nicaragüense a seguir denunciando las malas prácticas que se viven en estos momentos que limitan las libertades políticas y civiles», insiste el GPRE.
