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CONTENIDO EXCLUSIVO.El gobierno del dictador Daniel Ortega lleva ocho meses de incumplir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su promesa de presentar de manera transparente la situación real de los contagiados, atenciones y muertes por causa del Covid-19 en Nicaragua, pese a que en agosto del año pasado el Ministerio de Salud (Minsa) prometió revelar esta información a cambio de un préstamo por 43 millones de dólares para invertir en una red de hospitales y laboratorios.
Los analistas temen que los organismos financieros internacionales le estén suavizando al régimen las condicionalidades de transparencia de información o bien el régimen esté enviando directamente cifras reales del impacto de la pandemia en la población a los directorios de estas entidades.
Hasta ahora el Gobierno mantiene en secreto la cantidad de pruebas que ha aplicado para detectar el virus, el plan de acción para frenar el ingreso de nuevas cepas de Covid, el programa detallado de vacunación, entre otros. Por el contrario, ha estancado por 28 semanas consecutivas el número de fallecidos en una persona cada ocho días, lo que no encaja con la situación que está viviendo Centroamérica, donde a pesar que las autoridades de esos países han implementado medidas para frenar la expansión del Covid-19 este sigue en ascenso.
En el documento Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación de servicio en Nicaragua, Ortega expuso una serie de objetivos para mejorar la detección y el seguimiento de los casos, apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad y mejorar la capacidad de provisión de servicios.
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El Gobierno sigue propagando el virus a través de eventos masivos, como los que se observaron en Semana Santa en las playas y centros recreativos administrados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), pero el régimen asegura que cada ocho días no se reportan ni siquiera 100 contagios. Desde los hospitales públicos fuentes informan que hay aumento de casos y fallecidos que no se ven reflejados en los números oficiales.
Lo que Ortega prometió
En concreto, el régimen de Ortega prometió al BID un protocolo de información al público sobre Covid-19 que abarca la publicación de datos sobre casos sospechosos, muestras procesadas, casos confirmados, casos nuevos y acumulados, casos recuperados, casos activos, casos descartados, fallecidos, tasa de letalidad, pruebas realizadas, casos en hospitalización y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El último informe del Minsa, emitido el 25 de abril, refiere que desde el 18 de marzo del 2020 ha habido 6,898 contagios y únicamente 182 fallecimientos a causa del Covid-19. Desde que se aprobó el proyecto “Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua», por parte del BID en agosto de 2020, se reportan 66 muertos.
La cantidad de muertes por Covid-19 ha permanecido en uno por semana desde enero de este año. Sin embargo, el Minsa expresa que cada semana fallecen personas que han padecido tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, las que según organismos independientes podrían estar relacionadas con la pandemia.
El Gobierno también ha recibido fondos para atender la pandemia del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sobrepasan los 600 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria y su efecto en la economía, pero hasta ahora ninguno de estos se ha pronunciado por el manejo discrecional de la información pública sobre el impacto del virus entre los nicaragüenses. Estos organismos suelen contemplar entre sus cláusulas de contratos de préstamos el aspecto relacionado con la transparencia de la información pública.
Los desembolsos vinculados a la emergencia sanitaria
El BCIE es el banco que más recursos ha dado a Ortega. Solo este abril de 2021 concedió crédito por cien millones de dólares para la compra de 6.86 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19. El desembolso del BCIE garantizará vacunas a 3.27 millones de personas, es decir más de la mitad de los nicaragüenses, porque según datos oficiales son 6.5 millones de personas.
Asimismo, el BCIE, aprobó en noviembre de 2020 un préstamo por un monto total de 300 millones de dólares, dirigido al Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria) en el marco de la pandemia.
Ese mismo mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la aprobación de un préstamo por 185.32 millones de dólares, de los cuales la mitad no sería manejado directamente por la dictadura Ortega-Murillo, sino a través de organismos internacionales. Según el organismo, los fondos fueron solicitados por el Gobierno de Nicaragua para atender la emergencia del Covid-19 y una parte de estos recursos irá a parar a las Reservas Internacionales Brutas.
Por su parte, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para apoyar la respuesta de Nicaragua ante la pandemia, en diciembre de 2020. Este proyecto estaba destinado para la compra de medicamentos y equipos de laboratorio y hospitalarios esenciales en la respuesta nacional a la epidemia. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce cómo han sido empleados estos fondos.
¿Información directa a los organismos?
A juicio del economista Róger Arteaga, el Gobierno podría estar dando la información a los entes financieros para que estos le continúen desembolsando, aunque no existan publicaciones para la población en general. «Entonces los organismos solo reciben la información y se dan por satisfechos y siguen desembolsando y si no es así, sería bueno que se den cuenta que no se está publicando en las páginas web de las instituciones correspondientes para que ellos tomen cartas en el asunto y le pidan al Gobierno que lo publique», señaló.
Arteaga expresó que a los organismos financieros no es a quienes les corresponde publicar los reportes, en caso de que el Gobierno les haya enviado los datos precisos. Las condiciones que impusieron los entes financieros deben ser cumplidas por el Estado de Nicaragua, dijo. «Las condiciones deberían de ser cumplidas por el Minsa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y si no las están llevando a cabo es bueno que se lance una alerta para que estas instituciones revisen y exijan que se cumplan esas condiciones», expuso.
Arteaga señaló que los desembolsos podrían ser suspendidos por incumplimiento de condiciones impuestas en los convenios. «Cuando se firma un convenio tienen que cumplir las partes, la institución en tener el dinero disponible para desembolsarlo y los receptores cumplir las condiciones que le exige el organismo financiero», manifestó. Si Nicaragua está pasando por alto las cláusulas del convenio es porque el organismo no está supervisando bien el trabajo sobre el manejo del crédito, anotó.
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De hecho, paradójicamente los números del Sistema de Integración Centroamericana muestran que de los 1,389,154 casos confirmados de Covid-19 y 28,180 fallecidos en la región, incluyendo República Dominicana y Belice, Nicaragua es el país con menos fallecidos y contagios, lo cual es contradictorio respecto al manejo que otros gobiernos han dado a la crisis sanitaria.
El precandidato presidencial por la oposición en Nicaragua y economista, Juan Sebastián Chamorro, reconoce que «el mecanismo de validación de los datos que acordó Nicaragua para acceder a los préstamos para resolver situación de la Covid-19 no se están implementando y el gobierno de Daniel Ortega les está mintiendo a los organismos internacionales».
«Los entes financieros estarían pasando por alto las condiciones preestablecidas con Ortega porque trabajan de buena fe en que los gobiernos pasen la información que es, pero este es un gobierno que es opaco en todo lo que hace y al final estás hablando de ayuda humanitaria que salva vidas, entonces me imagino que esta será una discusión que tendrán que tener o alternativamente que el régimen le esté pasando una información paralela, que también es posible» , declaró Chamorro.
¿Organismos suavizan sus políticas?
Mario Arana, economista y expresidente del Banco Central de Nicaragua, declaró que los organismos financieros internacionales posiblemente están recibiendo información fidedigna del Gobierno, la que no es pública y tienen que tomarla a como llegue porque con ellos sí se está cumpliendo.
«Ya hemos visto cómo los organismos internacionales antes condicionaban al país de una manera brutal, ahora son bastante laxos en el esquema de condicionalidad y las exigencias desde el punto de vista de cumplimiento. Las (exigencias) hemos visto bajarse de una manera impresionante, entonces tal vez son cambios que han habido en la cultura de estos organismos y ya no les preocupa de la misma forma el tema de lo que acuerdan, da la impresión, y nosotros tenemos que vivir con esa realidad», acentuó.
