La presidenta de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, expresó este viernes durante la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana que hacer periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje.
«Ya en los inicios de la crisis vimos el despliegue de la autoridad estatal para evitar que el periodismo independiente ejerciera su función de reportar los hechos de protesta que se presentaban en el país. Seguir haciendo periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje y heroísmo, porque la violencia desplegada por el Estado contra la prensa es física, es jurídica y es simbólica», lamentó la directora de la CIDH.
Recordó que el periodismo independiente cumple al menos dos funciones principales en una sociedad democrática, «permitir la circulación de ideas diversas y con ella contribuir a la libre formación de la opinión pública y también someter a los poderes públicos y dirigentes a la crítica y escrutinio. Por eso es que cualquier proyecto autoritario, necesariamente se ve amenazado por el periodismo independiente».
Asimismo, destacó que la prensa independiente registrando y difundiendo hechos y opiniones diversas en el contexto de grave deterioro de las instituciones democráticas como lo que ocurre en Nicaragua actualmente, en medio de los intentos oficiales por perpetuar la impunidad, en medio de la intensificación de la represión, es un insumo irreemplazable los procesos históricos de verdad y justicia.
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«El periodismo independiente constituye memoria. Todas y todos los periodistas de medios de la región especialmente en Nicaragua se resisten a la censura y se sobreponen a los ataques. Y esa memoria constituye una base fundamental para la democratización y la justicia que hoy exigen los estándares aplicables internacionales. Todo esto se esta haciendo especialmente en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que este país enfrenta desde abril de 2018», resaltó Urrejola.
Las declaraciones las brindó durante el último segmento de la reunión de medio año de la SIP, en el panel denominado «Opresión gubernamental en Nicaragua», en el que participaron la precandidata a la Presidencia y exdirectora de la Fundación Violeta B. de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro.
«Todo el país fue testigo en la época de los inicios de la crisis durante el 2018, de la interrupción de señal y del ejercicio de la autoridad regulador local, (Telcor), para obstaculizar el ejercicio del periodismo libre», recordó Urrejola.
Urrejola, quien llegó al país en mayo de 2018 con el equipo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que documentó las graves violaciones de derechos humanos tras el estallido de la insurrección cívica, señaló el incrementó de la represión estatal en contra de la prensa independiente desde entonces.
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«Ángel Gahona (periodista de Bluefields) fue asesinado de un disparo en la cabeza (20/04/2018), sin que se sepa hasta hoy quién cometió dicho crimen. Más adelante las confiscaciones de 100% Noticias, el encarcelamiento de su director y jefa de prensa (Mora y Pineda), ambos beneficiaros de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, luego la persecución y confiscación de Confidencial. Carlos Fernando, también cuenta con medidas cautelares», dijo Urrejola.
Según los datos de la CIDH, al menos 90 periodistas se vieron obligados a exiliarse por la represión, hostigamiento y vigilancia contra ellos y los medios de comunicación independientes.
El ejercicio abusivo de autoridad se ha dirigido a la prensa de manera focalizada, indicó Urrejola, recordando que en 2019 se da el embargo aduanero de papel y tinta, por lo que dejó de circular en septiembre de ese año, el periódico. El Nuevo Diario y sus medios asociados, quedando LA PRENSA como el único periódico impreso independiente de alcance nacional.
Mientras que en 2020, mencionó que se intensificaron los ataques contra la libertad de prensa haciendo uso el Estado «de reparos fiscales como excusas para censurar a medios independientes, particularmente contra Canal 12, se aprueban leyes represivas y amenazantes (Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza) y en 2021, siguen los ataques, como el allanamiento ilegal en enero en ala vivienda del periodista Aníbal Toruno (director de radio Darío en León), quien también cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y las condenas penales como a Kalúa Salazar y David Quintana», denunció la directora del organismo internacional.
Mordaza en el hemisferio
La SIP determinó entre sus conclusiones de la Reunión , que en muchos países de la región, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de «reducir la difusión de informaciones falsas», los gobernantes están legislando para censurar y restringir la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet.
«El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el poder judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos», expresó la SIP. Tal son los casos en Nicaragua, de la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar y del periodista independiente David Quintana, ambos acusados y declarados culpables del delito de «calumnias».
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El organismo continental finalizó este viernes cuatro días de conferencias virtuales en el que abordaron la grave situación que enfrenta la libertad de prensa en al región, lamentó que en Nicaragua «varias iniciativas legislativas se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (o Ley Putin), que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas. Esto llevó a que varias organizaciones cerraran sus operaciones, entre estas, la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH), que apoyaba a la supervivencia a una veintena de medios de comunicación independientes».
La SIP también manifestó que en Honduras el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias «falsas», «reservadas» o que inducen al «miedo».
Retorno de Ortega al poder incrementó la violación de DD. HH.
El periodista y director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, manifestó que justamente en Nicaragua, no solamente se amenaza la libertad de prensa, sino que se han afectado otros principios básicos de los derechos humanos, de los derechos individuales y sociales, que es la libertad de expresión, pero también la libertad de asociación.
Al respecto, Trotti trajo a contexto la detención de periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, durante el contexto de represión estatal de 2018 contra las manifestaciones ciudadanas, quienes terminaron presos durante muchos meses, por transmitir lo que ocurría entonces en el país.
«El tema de la libertad de prensa, de la libertad de asociación y de expresión siempre fueron problemas grandes, no diría en esta última etapa sino que desde el 2007 con la llegada del régimen de Daniel Ortega y posteriormente acentuándose él (Ortega) y su vicepresidenta, su esposa (Rosario Murillo)», expresó Trotti.
