Ante la grave situación que enfrenta la libertad de prensa en los países de la región, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha centrado su agenda de Reunión de Medio Año en las sentencias judiciales, bloqueos de plataformas digitales y restricciones en el desempeño periodístico a raíz de la pandemia del Covid-19. Al cierre del evento, que se realiza de manera virtual, habrá un panel dedicado a analizar la situación de Nicaragua.
La Reunión de Medio Año de la SIP inició este martes 20 de abril y finaliza el viernes 23 de abril. Ese último día de la reunión, la SIP celebrará el panel “Medios vs Poder político”, en un primer bloque y examinará más tarde la “Opresión gubernamental en Nicaragua”. Este segundo segmento contará con la participación de Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro Barrios, y el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial.
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Asimismo, abordarán los asesinatos de periodistas en el hemisferio y las agresiones a la prensa independiente en Cuba, El Salvador, Venezuela, Argentina, EE. UU. y México, y como es habitual en estas reuniones, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP presentará los informes sobre la libertad de prensa de cada país.
Informe sobre Nicaragua de la SIP
De acuerdo con el informe de la SIP, sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, esta ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018, cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía. Recuerdan que aquella represión incluyó a los periodistas independientes, dos de ellos (Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, de 100%Noticias) estuvieron presos por seis meses y decenas salieron al exilio. Muchos espacios, sitios de internet y un canal de televisión por cable fueron cerrados, y así permanecen desde entonces.
Igualmente, señalan que el gobierno de Daniel Ortega aprobó a finales del año pasado tres leyes que afectan la libertad de prensa, «la primera parece diseñada para reprimir a los políticos y eliminar candidatos», advierten. Es decir, la Ley Regulación de Agentes Extranjeros, bautizada como «Ley Putin», porque es casi una copia de una ley promovida por Vladimir Putin en Rusia, en 2014.
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«Con esta ley se controlan las operaciones financieras y las actividades que realizan asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras bajo el argumento de que se pone así fin a la injerencia extranjera. La ley está diseñada para impedir el financiamiento de los partidos y organizaciones de oposición para las elecciones de noviembre, y también perjudica a los medios de comunicación que reciben ayuda de diferentes fundaciones. La Ley exige inscribirse como ‘agente extranjero’ y declarar con anterioridad cualquier donación para ser aprobada por el Ministerio de Gobernación», explica la SIP en el informe.
La SIP también lamenta que en enero la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como «agente extranjero» ante el Ministerio de Gobernación.
«Ley Mordaza»
Más tarde, los diputados oficialistas presentaron y aprobaron, sin mayor consulta, la Ley Especial de Ciberdelitos, que en su exposición de motivos declara como sus objetivos «la preservación, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, sus contenidos y cualquiera de sus componentes».
La ley establece castigos de dos a cuatro años de prisión a «quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia». «La ley tiene definiciones imprecisas y obligará a los periodistas a autocensurarse ante el temor de ser judicializados y condenados», criticó la SIP.
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El organismo continental advierte que la presión en contra de los medios independientes en Nicaragua continúa. Tal es el caso, señalan, del embrago millonario interpuesto por la Dirección General de Impuestos (DGI) contra Canal 12 y la confiscación ilegal de las instalaciones del canal 100% Noticias y de Confidencial, tomadas por la Policía y cerradas por el régimen de Daniel Ortega en diciembre de 2018.
«(Estos medios) fueron entregadas al Ministerio de Salud en diciembre de 2020, sin que mediara acusación ni resolución judicial. Los programas Esta Noche y Esta Semana del grupo de medios (Confidencial) solo se transmiten por redes sociales porque se les ha prohibido transmitir en canales de señal abierta o cable», denunció la SIP en el informe sobre Nicaragua.
También destacaron que con el cierre de la FVBCH, el Diario LA PRENSA ha retomado y alojado en su sitio web los informes de libertad de expresión que se publicarán mensualmente. «El primero apareció a inicios de abril y recoge 53 violaciones a la libertad de prensa, 39 contra personas naturales. Se denunció el asedio contra la periodista y jefa de prensa de la radio La Costeñísima, Kalúa Yakari Salazar, condenada por el supuesto delito de ‘calumnia’, en perjuicio de tres extrabajadores de la Alcaldía de El Rama en la costa sur del Caribe de Nicaragua. También se denunció el asedio al director de Radio Darío, Aníbal Toruño, y al periodista David Quintana, de Boletín Ecológico, condenado por injurias y calumnias», lamentó el organismo.
