El cerco policial alrededor de las casas de habitación de los opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha obligado a muchos a tener que cerrar sus negocios en la ciudad de Somoto, cabecera de departamental de Madriz, debido a las pérdidas económicas por la ausencia de clientes.
El caso más reciente es el de Johana Moncada, del Movimiento Campesino, quien por el cerco policial que a diario mantiene el mando orteguista de esta institución ha tenido que cerrar su negocio de pollos asados y hasta la piscina turística en Somoto. “El asedio policial lo vivo desde los sucesos de abril del 2018, pero se ha incrementado a tal punto que registro pérdidas económicas por la ausencia de clientes ante el cerco policial”, señaló.
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En la casa de Johana Moncada, ubicada en el sector (barrio) tres de Somoto, funcionaba desde hace muchos años la venta de pollos asados, conocido como Papipollos, y carretera a la comunidad Cacaulí la piscina Las Delicias, pero el constante cerco policial hizo que la clientela se ausentara por temor de ambos negocios, generando pérdidas económicas.
“La Policía puso unos conos a la entrada de Papipollos y de Las Delicias y a la gente que llegaba no la dejaban entrar a mis negocios y las obligaban a regresar a sus casas. El día de ayer estábamos limpiando la piscina a las 8:00 de la mañana, vinieron unos 12 policías en varias patrullas (camionetas), pusieron nuevamente conos y cerraron el acceso al lugar, por lo que me vi obligada a cerrar definitivamente, porque así no se puede trabajar más”, manifestó Johana Moncada, conocida opositora al régimen de Ortega Murillo.
Recordó que en la piscina Las Delicias habían invertido en insumos químicos para su mantenimiento y otros productos y gastos para su funcionamiento. “Las pérdidas económicas son grandes, aquí ya no se puede invertir más y estamos claro de que ese es el costo que pagamos por ser opositores al gobierno de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló Moncada.
Johana Moncada ha sido víctima de constantes agresiones físicas por parte de violentos agentes de la Policía Orteguista (PO), principalmente del jefe departamental de esa institución, el comisionado mayor Luis Manuel Moncada Castillo, quien la ha amenazado en varias ocasiones con meterla a la cárcel.
También el doctor José Armando Herrera Maradiaga, de la Coalición Nacional, se ha visto obligado a estar cerrando constantemente su clínica ginecológica y su farmacia en la ciudad de Somoto cada vez que hay cercos policiales en la calle donde habita, cerca del templo católico Santiago Apóstol.
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Mientras que Danelia Argüello, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en Madriz, y con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, se ha visto impedida de ejercer su profesión de abogada y realizar otros trabajos, porque se le impide salir de su casa debido a los agresivos agentes policiales que a diario se apostan en los alrededores de su vivienda.
Igual sucede con el abogado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la UNAB en Madriz, quien habita en el municipio de Totogalpa, donde tiene su oficina que constantemente es asediada por los agentes de la Policía y grupos afines al régimen.
Otro que es objeto del cerco policial en su casa es Gonzalo Hernández Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), a quien ayer le fue impedido salir a atender su empresa de servicios turísticos y que ya le causa pérdidas económicas por la ausencia de turistas nacionales y los pocos extranjeros que residen en nuestro país, en vista de que los visitantes no pueden llegar a las oficinas del también expreso político, porque se los impiden los agentes que se muestran agresivos.
A la vez Alma Real Smith, propietaria de negocios de comidas rápidas y de un comedor en el corazón de la ciudad de Somoto, manifestó que desde el 18 de abril cuando se conmemoraron los tres años de la lucha cívica, la presencia policial se ha incrementado en su negocio, ubicado al sur de esta localidad somoteña. “Estamos teniendo pérdidas económicas por la constante presencia de los agentes policiales que ahuyentan la clientela”, dijo.
Recordó las amenazas que vertiera el comisionado mayor Luis Manuel Moncada Castillo, jefe policial en Madriz, quien la acusó de planear una marcha el pasado 19 de abril por las calles de esta ciudad. “Vino en un tono amenazante y desafiante”, señaló Real.
El comisionado mayor Moncada Castillo es conocido por encabezar y dirigir personalmente todos los operativos en contra de los opositores de este departamento, con el fin de amedrentarlos con sus amenazas.