El Centro Humboldt realizó conversatorio sobre la realidad, los retos y desafíos que enfrenta Nicaragua ante la próxima entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú y cómo se encuentra en el cumplimiento del Convenio de Minamata, en ambos casos el régimen tiene deudas pendientes, indicaron funcionarios de la organización ambiental.
El Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por Nicaragua, es un “instrumento jurídico pionero en materia ambiental”, el cual se basa en tres pilares fundamentales que son el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, tres derechos que no se cumplen en el país por parte del régimen, previo a la entrada en vigencia del acuerdo el próximo 22 de abril de 2021.
Por otro lado, está el Convenio de Minamata, el cual entró en vigor en agosto del 2017, cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y aunque Nicaragua es parte de dicho convenio, en lugar de haber avances en la eliminación del uso del mercurio, actualmente es una práctica sin control.
“La falta de una gobernanza en el sector ambiental hace que este acuerdo y este convenio sean algo que está dado y que existe formalmente, pero que tiene muy pocas posibilidades reales de concretarse en acciones que tiendan a defender el medioambiente y los recursos naturales”, dijo Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt.
Nicaragua incumple pilares del Acuerdo de Escazú
“No existen condiciones de aplicabilidad mientras persista la no voluntad del Estado en promover la participación ciudadana, la protección ambiental y la justicia ambiental se cumpla como tal”, expresó Heizel Tórrez, oficial de Minería del Centro Humboldt, durante el evento.
En Nicaragua los tres pilares en los que se fundamenta el acuerdo son nulos, en primer lugar la participación ciudadana no es permitida por parte del Gobierno y un ejemplo de esto es que en un estado democrático, “instancias como el Centro Humboldt, como movimientos sociales, hubieran formado parte de comisiones de la Asamblea Nacional en donde se analizara, se identificara realmente si Nicaragua estaba realmente en calidad de firmar este acuerdo”, explico Tórrez.
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Por otra parte, Campos señaló que un claro ejemplo de la falta de acceso a la información son los cientos de solicitudes que ellos han realizado, de las cuales solo una fue respondida.
“Estamos llevando el registro de las veces que no nos contestan y ese registro tiene centenares de solicitudes y una nos contestaron, realmente da una idea del no acceso a la información pública ambiental, el único que nos contestó fue el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía, cuando se dio el incendio de Puma en Puerto Sandino, contestaron y dijeron, ‘sobre este tema no tenemos nada más que agregar’, pero no habían dicho nada”, expresó Campos.
Otra deuda que carga el Gobierno de Nicaragua es el acceso a la justicia ambiental, a pesar de contar con cuatro instrumentos jurídicos vinculados al acuerdo como son la Constitución Política, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Pequeña minería es un riesgo para el medioambiente y la salud
Si bien uno de los objetivos del Convenio de Minamata es reducir gradualmente el uso del mercurio, en Nicaragua —a pesar de ser parte de este convenio que entró en vigencia en 2017—, aún no hay legislaciones ni normas que regulen el uso de dicho químico.
“A nivel nacional únicamente tenemos la Ley de Exploración y explotación minera que aborda, a groso modo lo que es la pequeña minería que es donde se hace el uso indiscriminado del mercurio. En estos cuatro artículos que aborda la legislación lamentablemente no se dice que está totalmente prohibido, la reglamentación de esta ley tampoco lo establece, y no contamos con una normativa a nivel nacional que venga a establecer cuál va a ser el proceso para ir eliminando e ir erradicando el uso del mercurio a nivel nacional”, dijo Marjourie Martínez, asesora legal del Centro Humboldt.
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“No debería por ejemplo importarse mercurio, que es el sexto contaminante de mayor potencial tóxico, sin embargo quienes vienen de municipios donde se está practicando pequeña minería sabemos que se puede comprar en la pulpería, o usted va al mercado Oriental y compra los quintales que quiera”, comenta Campos.
Pues según datos del Centro Humboldt, al menos en 50 municipios del país se están realizando actividades de pequeña minería, que en su mayoría utilizan el mercurio para separar el oro de otros metales.
“Estamos valorando que se está convirtiendo en uno de los problemas ambientales más serios y más difíciles del país, se está practicando pequeña minería en las orillas del río San Juan, estimaciones preliminares, de las que hemos conocido, dicen que al menos 15 toneladas de mercurio se han depositado en el río San Juan en el último año y medio, también se está practicando pequeña minería en Bosawas, en territorios indígenas”, agregó Campos.
