Lo que hacen ciertos trabajadores de la salud afines al orteguismo, cuando toman fotos a opositores del régimen mientras están haciendo uso de su derecho a la vacunación contra el Covid-19, y las difunden, es una campaña política que viola los derechos humanos de esos ciudadanos y propicia que el personal de salud viole las leyes regulatorias de su funcionamiento y sus principios.
El artículo siete, sobre la aplicación de los derechos de los usuarios, del Reglamento de la Ley General de Salud, en su numeral 13, establece que se debe “garantizar las condiciones para preservar la intimidad de los usuarios y que no sean expuestos a la vista u oídos de personas que no estén involucradas en su atención”.
Sin embargo, el régimen orteguista, desde el inicio de la vacunación contra el Covid-19, ha utilizado las imágenes de las personas que accedieron a ese derecho para hacer campaña política, y muchas veces son los mismos médicos, enfermeras y personal de salud quienes hacen de fotógrafos. Además, cuando se trata de personajes de la oposición, o críticos de Ortega y Murillo, lo hacen para exponerlos como que se están sirviendo del régimen y no como que están haciendo uso de su derecho.
“Definitivamente están violando el derecho individual, están violando el sigilo profesional, están violando la Ley Sanitaria, que dice que el paciente tiene que ser visto con respeto, con integridad y no se debe divulgar su condición de salud o la condición por la que recibe la atención de salud. En este caso, están violando todos esos derechos”, expresó el doctor José Antonio Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense.
“El sistema de propaganda de este gobierno ha utilizado este abuso en contra de la población, de tomarle fotografías con fines políticos, partidarios. El chantaje es ese, mostrarse benévolos, (como) que la vacunación es un acto de buena voluntad, y no es un derecho”, mencionó por su parte Carlos Guadamuz, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
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Según la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud (Minsa) es quien deber regular y supervisar el cumplimiento de dicho reglamento; sin embargo, “el Ministerio de Salud está siendo instrumentalizado según los intereses del partido. Realmente es lamentable que colegas, profesionales sanitarios, se presten a esto, se presten a este tipo de campaña sucias, viles en contra del pueblo nicaragüense”, dijo el doctor Vásquez.
Vacunación es utilizada como arma política
La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y el doctor Carlos Tünnermann, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, acudieron a recibir la vacuna contra el Covid-19, pero fueron víctimas de campañas de desprestigio y amenazas por acceder a su derecho.
“Para todos los que fuimos víctimas de esa situación, es un atropello, es una violación de varios derechos humanos. Es una agresión de todo tipo, pero que definitivamente ellos con esa acción lo que pretenden es que la gente no llegue a vacunarse, no lo van a lograr, la gente tiene conciencia de que está ejerciendo un derecho y que tiene que reclamarse”, expresó Núñez.
La presidenta del Cenidh asegura que en un inicio no se dio cuenta de que estaba siendo fotografiada y filmada por personal de salud, sino que fue hasta que se encontraba sentada en el lugar para aplicarse la vacuna, que se percató de que una enfermera estaba tomándole fotos.
“A mí me parece que es un irrespeto, una agresión, pero además es una exposición de personas al peligro, porque no solamente es la burla que quieren hacer de vos diciendo que ando pidiendo vacunas a Daniel Ortega, y toda esa majadería, es el odio que desatan. Eso es lo más peligroso de esa verborrea y de ese discurso de odio que prácticamente son órdenes para que la gente fanática lo agreda”, relató la defensora de derechos humanos.
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“Me están negando el derecho a la privacidad, a la integridad psicológica que te pone en una situación emocional de que tenés que estar alerta porque algo te puede pasar. Prácticamente son amenazas para sembrar el terror. Ellos están ejerciendo terrorismo de Estado y además están prácticamente destruyendo, atropellando, a los trabajadores de la salud, aunque se prestaran voluntariamente, pero están violando sus normas”, agregó.
Con respecto a estos casos, Guadamuz asegura que esta es una evidencia de la continuidad de la represión, estigmatización, discriminación y criminalización de activistas políticos a defensores de derechos humanos.
Personal de salud también es víctima del Gobierno
Así como es reprochable que el personal de salud del sector público no cumpla con su reglamento de ética y las leyes que rigen su labor, igualmente se debe reconocer que muchos son también víctimas de la misma represión.
“Es una instrumentalización perversa y humillante de los trabajadores de la salud, porque así como habrá algunos que con gusto se presten a eso, habrá otros que definitivamente se ven obligados para en primer lugar no ser denunciados por sus mismos compañeros si se resisten, o se exponen a que los corran del trabajo”, expresó la doctora Núñez.
Asimismo, Guadamuz asegura que desde el inicio de la pandemia el personal de salud ha “venido siendo sometido en el contexto de esta pandemia a una serie de abusos, y que les ha puesto inclusive en riesgo, ya que las estructuras laborales, sindicales, dentro del sistema de salud, no responden a la protección de sus agremiados como trabajadores, sino que han respondido a una estrategia político-partidaria del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)”.
“Esto evidencia el actuar represivo dentro el sistema de salud, ocupado también por el sistema de propaganda, y que nos recuerda también que durante la crisis de abril del 2018 muchos nicaragüenses fallecieron por la negación del servicio de salud. Desafortunadamente, la salud no es vista como una estrategia de salud, una política sanitaria, sino como otro instrumento de represión”, agregó Guadamuz.
Además, sobre el tema de la vacunación en el país, la doctora Núñez expresó: “Quiero hacer dos llamados. Primero, a que nadie se quede sin su derecho a vacunarse, que todo mundo exija su derecho a vacunarse; y en segundo lugar, que el Gobierno está exponiendo la vida de los trabajadores de la salud, porque no los ha vacunado, entonces nosotros exigimos por la vida de los trabajadores de la salud y por nuestra propia vida, porque pueden contaminarse y si estamos cerca de ellos, a cualquiera que llegue a vacunarse lo pueden contaminar”.
